En el marco de las solicitudes de acceso a la información pública realizadas por nuestra organización comunitaria, el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (UDI), ha recurrido al “cherry picking”, seleccionando solo un caso de inadmisibilidad de entre múltiples reclamos presentados ante el Concejo para la Transparencia (CPLT). Desde su cargo, el edil ha adoptado una postura de victimización que busca instalar un relato favorable y evita la fiscalización ciudadana.
El término de “cherry picking” en inglés, que al español se traduce como “elección de cerezas”, consiste básicamente en elegir la parte de los datos que te da la razón.
Esta frase es lo que se conoce en filosofía como una falacia, es decir, un argumento incorrecto, pero psicológicamente persuasivo, según la Enciclopedia de Filosofía de Internet.
En ese sentido, el “cherry picking” también es nombrado como “falacia de prueba incompleta” o “supresión de pruebas”. En concreto, es la acción de citar solo los casos individuales o datos que parecen confirmar una cierta posición.
Todo lo anterior, ignorando las evidencias o información que podrían contradecir lo que se quiere probar.
Entre las solicitudes realizadas se incluyen datos sobre una funcionaria contratada en el municipio formalizada dos veces por fraude al fisco, decretos de devolución de horas extras tras un informe de Contraloría que señalaba irregularidades en su verificación, información sobre la vivienda de emergencia para el concejal Alfaro, gastos de la Fiesta Criolla y la Vendimia, así como datos del royalty minero, entre otros. Estas solicitudes, realizadas entre febrero de 2024 y la fecha, buscan dar cuenta de la falta de transparencia municipal y contrarrestar la alteración de la realidad que el alcalde ha promovido en distintas instancias. Varias solicitudes fueron derivadas a otras entidades municipales según su ámbito, como educación, salud o cultura.
Un caso paradigmático es el del convenio de Contraloría de 2023, que el jefe comunal comunicó públicamente como una medida para “mejores fiscalizaciones al municipio”. Sin embargo, al solicitar el documento mediante la Ley de Transparencia, se constató que el convenio solo establecía mecanismos de capacitación en compras públicas, no objetivos de fiscalización. Este patrón de comportamiento ha permitido identificarlos y sistematizar el uso de la Ley de Transparencia como herramienta de control ciudadano.
Según los registros de nuestra organización, entre febrero de 2024 y octubre de 2025 se realizaron un promedio de 0,7 solicitudes por semana, es decir, alrededor de tres por mes, desmintiendo la afirmación del alcalde de que se solicitaban tres veces por semana. El ritmo de solicitudes ha sido creciente, con mayor concentración entre agosto y septiembre de 2025, y un número mayor en diciembre de 2024 con nueve solicitudes.
La lectura de la resolución del CPLT sobre la inadmisibilidad de una solicitud, realizada por el edil en el concejo municipal y utilizando recursos públicos, refleja la estrategia de seleccionar información para victimizarse frente a la fiscalización ciudadana. De las más de 50 solicitudes presentadas, solo una fue declarada inadmisible, mientras que el CPLT ha acogido a favor más de 16 de ellas.
Con esta práctica, el alcalde cuestiona el derecho a la información, mientras nuestra organización continúa utilizando la Ley de Transparencia como mecanismo de fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la supervisión de las autoridades locales.
📊 Conteo por tipo (n = 59) (febrero 2024 a octubre 2025)
| Tipo de respuesta | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Respuesta municipio dentro del plazo | 23 | 38.98% |
| Tras denuncia, fue acogido por CPLT y municipio debió entregar la información | 16 | 27.12% |
| Aun sin respuesta del municipio posterior denuncia al CPLT | 16 | 27.12% |
| A espera de respuesta plazo legal | 2 | 3.39% |
| CPLT declara rechazo por respuesta entregada por el municipio | 1 | 1.69% |
| CPLT declara inadmisible reclamo | 1 | 1.69% |
