Respecto a los dichos del alcalde Juan Pablo Olave en el Concejo Municipal y la solicitud de Audiencia Pública ingresada por nuestra organización.
1.- El día 5 de agosto ingresamos por Oficina de Partes una solicitud de Audiencia Pública, amparada en la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, cumpliendo con el requisito establecido para que una organización comunitaria pueda realizar dicha solicitud.
2.- El objetivo de esta audiencia es presentarnos formalmente ante el Concejo Municipal, exponer las problemáticas que hemos enfrentado con la actual administración y explorar vías de solución. Estas intenciones fueron claramente señaladas en la solicitud presentada.
3.- Sin embargo, tras insistir en una respuesta, recibimos un correo del alcalde en el que señala que la solicitud debía tramitarse bajo la figura de los “100 vecinos”. En dicho correo, el alcalde cuestionó la validez de la ordenanza vigente, citando un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades, y anunció además que pretende modificar la ordenanza porque, según su criterio, no está actualizada según la ley.
4.- Ante esta situación, recurrimos a Contraloría General de la República, la cual nos indicó que la ordenanza, al estar plenamente vigente, debe ser respetada. Asimismo, aclaró que la ley establece un plazo máximo de 30 días para responder a este tipo de solicitudes, plazo que ya fue incumplido por el municipio.
5.- Al comunicarle por correo lo señalado por Contraloría, recibimos una respuesta del alcalde en tono amenazante y con carga ideológica, donde:
- Cuestionó el uso que hacemos de la Ley de Transparencia, la cual es un derecho de toda la ciudadanía.
- Realizó una acusación falsa, señalando que ex candidatos de oposición serían parte de nuestra organización, lo cual no es cierto.
- De manera preocupante, manifestó que “se saltará nuestra interlocución”, dando a entender que pretende excluir o discriminar a nuestra organización de la gestión municipal. A nuestro juicio, esto constituye una vulneración de derechos civiles y políticos básicos, los llamados derechos de primera generación.
6.- Tras esperar el plazo legal de 30 días sin recibir respuesta formal a la solicitud de audiencia, nuestra organización presentó la respectiva denuncia a Contraloría, como corresponde en derecho.
7.- Hoy, en Concejo Municipal, y pese al tiempo transcurrido, el alcalde volvió a cuestionar nuestro derecho a la participación y al acceso a la información pública. Su llamado a “miradas constructivas” contrasta con los hechos: desde el año 2021 hemos manifestado disposición al diálogo, la cual está documentada, pero nuestra organización ha sido sistemáticamente desoída y desacreditada. Criticar las irregularidades de la administración, sus contradicciones, el alcaldecentrismo y las dinámicas de abuso, no es destruir, sino ejercer un rol fiscalizador y propositivo que fortalece la democracia local.
8.- Entendemos que toda administración busque proyectar una imagen de pulcritud, pero recordemos que el municipio no es una empresa privada, sino un servicio público que debe estar sometido al escrutinio ciudadano. La crítica, la transparencia y la participación no son una amenaza, son un derecho.
9.- Como ya le hemos expresado al alcalde en una respuesta: “la democracia formal, cada vez más vacía de participación efectiva, pluralismo y proyecto de justicia, es llevada a su extremo. Solo importa el ritual del voto”. El alcalde en los correos enviados menciona el porcentaje de votos obtenidos como legitimidad, pero la democracia real se construye con diálogo, participación y respeto a los derechos ciudadanos, no solo con cifras electorales.
10.- Finalmente, insistimos: la Audiencia Pública no es un favor del alcalde ni depende de su voluntad personal. La ordenanza vigente es clara, nuestra solicitud cumplió con todos los requisitos y debe ser respondida conforme a derecho. Rechazarla, retrasarla o condicionarla constituye un incumplimiento de la normativa y una vulneración de los derechos de participación ciudadana.
Por todo lo anterior, de manera pública:
Exigimos al alcalde Juan Pablo Olave que respete la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, cumpla los plazos y procedimientos establecidos por la ley, y garantice el pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos.
