Región

En sesión ordinaria realizada este miércoles 18 de junio, el Concejo Municipal de Isla de Maipo aprobó una nueva ordenanza que regula el uso de los estacionamientos en el perímetro denominado Isla Centro. La medida establece condiciones, horarios, valores y sanciones, y fue elaborada durante los últimos tres meses por distintas unidades municipales, siendo analizada previamente por una comisión especial del concejo. Cobro por uso de estacionamiento Entre los 0.00025 a 0.0009 UTM por minuto ($17 a $61 según UTM junio 2025) Ámbito de aplicación La ordenanza regula el uso de estacionamientos para todo tipo de vehículos dentro del siguiente perímetro: Norte: Calle Lo Guerra Sur: Calle Zúñiga Poniente: Calle Lillo Oriente: Av. Jaime Guzmán ¿Quién cobrará y en qué horarios? El cobro por el uso de estacionamientos podrá ser ejecutado por la Municipalidad o licitado a un tercero. Los horarios establecidos para el cobro son: Lunes a viernes: de 9:00 a 19:00 hrs. Sábados: de 9:00 a 14:00 hrs. Domingos y festivos: sin cobro. Condiciones de uso Los vehículos deben estacionar dentro de los espacios demarcados. El cobro aplica incluso si el conductor permanece dentro del vehículo. El valor del servicio será visible en la vía pública y se ajustará anualmente según el IPC. El retiro del vehículo debe ser inmediato tras el pago del estacionamiento. Prohibiciones destacadas No se permite el estacionamiento de vehículos de carga mayores a 1.750 kg, locomoción colectiva, ni vehículos de tracción animal o humana. Prohibido el uso de estos espacios para venta ambulante, exposiciones o propaganda. Se prohíbe el uso de sistemas de cobro no autorizados. No está permitido realizar reparaciones, detenciones para dejar o tomar pasajeros, ni circular a pie por espacios destinados a vehículos. Sanciones y multas El incumplimiento de la ordenanza será sancionado con multas entre 0,5 y 5 UTM, dependiendo de la infracción. Entre ellas: No pagar el estacionamiento o pagar una tarifa menor: 1 UTM Exceder el tiempo pagado: 0,5 UTM Estacionar incorrectamente: 0,5 UTM Ocupación indebida de espacios para personas con discapacidad: 1 UTM Uso de sistema no oficial de cobro o pago sin comprobante: 5 UTM Fiscalización y consecuencias La fiscalización será realizada por Carabineros de Chile e Inspectores Municipales. Las infracciones serán remitidas al Juzgado de Policía Local. Las multas impagas quedarán registradas en el Registro de Multas de Tránsito del Registro Civil, impidiendo la renovación del permiso de circulación hasta su regularización. Votación Durante la votación, el concejal Jorge Alfaro (Frente Amplio) fue el único en rechazar la propuesta. Argumentó que la ordenanza debería especificar un monto fijo de cobro y detallar con mayor precisión las calles y numeraciones, para evitar discrecionalidad en su aplicación. En respuesta, el alcalde explicó que el cobro no se aplicará en todo el perímetro, sino únicamente en el casco histórico de Isla de Maipo. Fuente Sesión del concejo municipal Fuente Original

Autor: C.A. Durante esta jornada, la Corporación Municipal de Educación y Salud de Isla de Maipo informó que la doctora Nicole Cangas asumirá como nueva directora (s) del CESFAM La Islita, nombramiento confirmado por Paula González, secretaria general de la Corporación. Junto con este cambio, también se oficializó la creación de nuevos cargos administrativos: Cristian Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como director del CESFAM La Islita, fue designado como subdirector administrativo del CESFAM La Islita; mientras que Cynthia Pérez asumirá como subdirectora administrativa del CESFAM Isla Centro. Este reordenamiento responde a lo comunicado el pasado jueves 19 de junio, cuando el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (UDI), junto a la secretaria general de la Corporación, informaron al equipo del CESFAM La Islita la salida de Cristian Catalán de la dirección del centro de salud. La medida fue adoptada tras una denuncia que evidenció que su designación contravenía la normativa vigente. Según el artículo 33 de la Ley N°19.378, el cargo de director de un CESFAM debe ser ocupado por un profesional con formación en salud pública, condición que Catalán no cumplía. Además, la legislación exige que dicho cargo se adjudique mediante concurso público y que su duración sea de tres años. Ley 19378 Cabe recordar que la designación de Cristian Catalán como director fue realizada por la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Olave. Se espera que la corporación municipal llame a concurso público para estos cargos de director de CESFAM como lo exige la ley. Como quedaría los cargos: Director Comunal: Juan Vivanco Director CESFAM Isla Centro: Jorge Condeza Subdirectora Isla Centro: Cynthia Pérez Director CESFAM La Islita: Dra. Nicole Cangas Subdirector: Cristian Catalán. Fuente Original

Autor: J.O. La Contraloría General de la República volvió a advertir que la Municipalidad de Isla de Maipo no ha corregido las irregularidades detectadas en el pago de horas extraordinarias a nueve funcionarios municipales, pese a haber transcurrido más de un año desde el primer informe que ordenaba adoptar medidas correctivas. En septiembre de 2023, el órgano fiscalizador emitió el oficio N° E389232, en el que se constató el uso excesivo de justificaciones manuales para acreditar asistencia laboral en diciembre de 2022. Esto permitió el pago de horas extras en enero de 2023, sin respaldo en el sistema de control biométrico de la municipalidad. Página 2, E389232 Entre los hallazgos se incluyó que varios funcionarios, con cargos como Jefe de Gabinete, conductor de vehículo municipal, entre otros, presentaron múltiples registros corregidos manualmente por la Unidad de Personal, sin protocolos formales ni sistemas consistentes para verificar su veracidad. En algunos casos, ni siquiera existía justificación para las ausencias o errores en el sistema de marcación. Pese a que el municipio defendió el pago argumentando tareas «impostergables» y la necesidad de compensación según el principio retributivo, la Contraloría observó que no existía un manual de procedimiento para estas situaciones, lo que contraviene los principios de control, eficiencia y eficacia establecidos en la Ley 18.575. Página 5, E389232 de 2023 En junio de 2025, a través del nuevo oficio N° E103577, la Contraloría reiteró que la observación principal sigue pendiente, pese al seguimiento realizado en 2024 (oficio N° E585317). La observación no subsanada se refiere a la falta de evidencia de que las horas extraordinarias efectivamente fueron trabajadas y la posible manipulación del sistema biométrico. Página 1, E103577 de 2025 Ahora, la Contraloría ordenó que sea la propia unidad de control interno del municipio la que verifique y documente el cumplimiento de la corrección en el sistema oficial CGR. Sin embargo, no se ha informado públicamente si se han realizado los reintegros solicitados o si se inició el procedimiento disciplinario exigido en 2023. La situación pone nuevamente en duda las prácticas de fiscalización interna del municipio, en un contexto en que la confianza ciudadana en las instituciones locales se ve afectada por la falta de transparencia y control efectivo en el uso de recursos públicos. Esto sumado a que, en los CIC de contraloría sobre horas extraordinarias, ya se advertía sobre el uso de horas extras en donde vulnerarían el derecho al descanso. Fuente Fuente Original

Un informe publicado hoy por Las Últimas Noticias, basado en datos de Cobranzaonline.com, reveló el preocupante estado de las deudas impagas de 50 municipios de la Región Metropolitana. Entre ellos, Isla de Maipo destaca negativamente al registrar una deuda morosa de $98.465.271, posicionándose como la segunda comuna con mayor morosidad de la provincia de Talagante, solo por debajo de Peñaflor. La tabla difundida en el medio nacional muestra que Isla de Maipo ocupa el lugar 19 del ranking regional, superando en deuda a comunas más grandes como La Florida, La Granja o Peñalolén. En el contexto provincial, Peñaflor lidera con $114.426.945, mientras que Talagante y El Monte presentan cifras significativamente menores. En contraste, San José de Maipo y Renca son las únicas comunas que mantienen sus cuentas al día, lo que genera aún más cuestionamientos sobre la gestión financiera local. Fuente Las últimas noticias Fuente Original

Autor: C.A. Como se había mencionado, el discurso estigmatizante hacia los medios comunitarios se refiere a la narrativa, mensajes o expresiones que desvalorizan, desacreditan o generan prejuicios sobre estas plataformas de comunicación. Estos discursos suelen presentar a los medios comunitarios como poco profesionales, partidistas, irrelevantes o incapaces de cumplir con estándares de calidad, ignorando su rol esencial en la promoción de la participación ciudadana, la democracia y la libertad de expresión. El objetivo implícito o explícito de este tipo de discurso puede ser disminuir su legitimidad, limitar su alcance o justificar la falta de apoyo institucional y financiero, lo cual repercute directamente en su capacidad de operar y cumplir su misión de representar las voces locales. Por segunda vez, el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave (UDI), ha emitido declaraciones públicas que buscan desacreditar nuestro trabajo periodístico. Esta vez, lo hace tras la publicación de una noticia sobre el oficio de la Contraloría General de la República, que evidencia que el municipio aún no ha subsanado las observaciones relativas a pagos irregulares de horas extras a funcionarios, observadas desde el año 2023. (Puedes revisar aquí) A raíz de nuestra cobertura, el alcalde compartió un extenso texto en una página de Facebook de evidente orientación política afín, con la intención de relativizar la gravedad del documento de Contraloría. En su mensaje, intenta desinformar afirmando que el oficio “no corresponde a una nueva denuncia” y que solo revisa el estado de las medidas correctivas. Sin embargo, el dictamen es claro al indicar que aún existen observaciones pendientes y que la municipalidad debe adoptar medidas para corregirlas, lo que deja en evidencia que la administración local no ha cumplido plenamente con los compromisos asumidos. Lejos de asumir responsabilidades, el alcalde dirige sus críticas hacia nuestro medio comunitario, calificándonos como una página “sesgada y con intención de enlodar su gestión”, sin entregar argumentos de fondo ni referirse al contenido específico de la nota publicada. Acusa a nuestra línea editorial de tener un sesgo político, mientras él mismo difunde su versión a través de plataformas abiertamente militantes de su sector político, con nula trayectoria periodística y sin personalidad jurídica ni concesión legal de comunicación digital, como sí posee nuestro medio. En su declaración, incluso cuestiona que no hayamos informado sobre casos donde denuncias en su contra han sido desestimadas por los organismos fiscalizadores, desconociendo —una vez más— que la misión de los medios comunitarios no es reproducir propaganda institucional, sino ofrecer una mirada crítica, fiscalizadora y ciudadana, sobre todo cuando hay un evidente uso abusivo de los recursos comunicacionales municipales para posicionar su figura personal y política. En su red personal, el alcalde refuerza este discurso estigmatizante, involucrando a los equipos municipales en una supuesta campaña de desprestigio, relativizando errores de gestión como si fueran detalles menores, sin asumir ninguna autocrítica. Insinúa que los problemas administrativos no son corrupción, cuando el daño se produce precisamente por la falta de transparencia, la ineficiencia y la nula disposición a corregir malas prácticas. Esta serie de declaraciones reflejan un claro abuso de poder de una autoridad comunal que recurre a redes ideologizadas para estigmatizar un medio comunitario con años de trabajo, legitimidad legal y compromiso con la ciudadanía. Dicha publicación, habría sido aceptada como colaboración en Instagram, por la autoridad comunal, pero horas después habría desestimado dicha publicación colaborativa. Fecha de la historia 27 junio 12:36 de la noche. Los comentarios en sus publicaciones Seguiremos cumpliendo nuestro rol.Porque la fiscalización ciudadana es parte esencial de la democracia, y porque la corrupción, el clientelismo y el uso partidista de lo público nos afectan a todos y todas, continuaremos informando, educando y visibilizando las malas prácticas del poder local, sin miedo y con la convicción de que otro tipo de comunicación sí es posible. Fuente Original

Por Dike (S) En el contexto de las corporaciones municipales y su rol como sostenedores del sistema educativo, la transparencia y la probidad administrativa deben ser principios rectores irrenunciables. No obstante, en la comuna de Isla de Maipo, la concentración de funciones en una misma figura dentro de la Corporación Municipal, específicamente, la duplicidad del cargo de Director Comunal de Educación y Director de un establecimiento educacional, ha generado preocupantes tensiones y conflictos de interés que afectan seriamente la gestión territorial, la equidad en el acceso a oportunidades, y la legitimidad institucional frente a la comunidad. La situación actual, en la que un mismo profesional ocupa ambos cargos, no solo representa una carga administrativa incompatible por la naturaleza y las exigencias de cada función, sino que, además, transgrede el principio de separación de roles dentro de la administración pública. El dictamen N° E160316N21 de la Contraloría General de la República es clara, al establecer los límites de legalidad y probidad en la actuación de las corporaciones municipales, recordando que, al recibir financiamiento público, se encuentran sujetas al principio de juridicidad, transparencia y control. La existencia de esta duplicidad funcional repercute negativamente en diversas dimensiones claves para el desarrollo educativo local. Por un lado, se debilita la capacidad de fiscalización interna del sostenedor municipal, dado que el mismo funcionario que debe liderar procesos técnicos desde la dirección comunal es simultáneamente responsable de ejecutar dichas directrices desde un establecimiento, inhibiendo toda posibilidad de control objetivo e imparcial. Esta situación genera un desequilibrio estructural que afecta tanto a los equipos directivos de otras escuelas como al propio funcionamiento del sistema comunal. Por otro lado, las postulaciones a proyectos educativos con financiamiento estatal o externo se ven viciadas por una evidente asimetría de acceso a la información. El establecimiento dirigido por quien ostenta también la jefatura comunal concentra ventajas competitivas injustas, tanto por cercanía a los procesos de toma de decisiones como por el manejo directo de las prioridades estratégicas y presupuestarias. Esta práctica erosiona la equidad territorial y profundiza la desconfianza entre las distintas comunidades educativas. Las tensiones locales generadas por esta concentración de poder no son menores. Docentes, asistentes de la educación y equipos directivos de otras escuelas se ven expuestos a un ambiente de incertidumbre, donde las reglas del juego no son claras ni justas. La percepción de favoritismo, junto con la imposibilidad de reclamar ante una estructura jerárquica superpuesta, ha producido un clima de deslegitimación institucional que atenta contra el trabajo colaborativo y la cohesión de la red educativa local. En un contexto donde el sistema público transita hacia una mayor descentralización y profesionalización, como lo establece la Ley N° 21.040 del nuevo Sistema de Educación Pública, resulta inadmisible que se mantengan prácticas que vulneran principios básicos de la gestión pública moderna. No se trata de cuestionar la capacidad técnica de las personas, sino de garantizar un marco de actuación que respete la probidad, evite los conflictos de interés y fortalezca la transparencia institucional. El llamado es claro: se requiere una separación efectiva de funciones, fiscalización externa y compromiso con la transparencia administrativa. Las corporaciones municipales deben alinearse con los estándares normativos que rigen a todo organismo que administra recursos públicos. La educación no puede seguir siendo víctima de la concentración de poder, ni de prácticas que, aunque toleradas en el pasado, hoy resultan éticamente inaceptables. Referencias legales citadas: Contraloría General de la República (2021). Dictamen N° E160316N21: Corporaciones municipales, naturaleza jurídica, normativa aplicable, financiamiento público, probidad administrativa, procedimientos administrativos, contratos administrativos, transparencia, lobby, declaración de intereses y patrimonio. Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Artículos 52, 62 y 64. Ley N° 21.040, que Crea el Sistema de Educación Pública. Artículos 30 al 36. Nota: El contenido vertido en las columnas de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial de Islita TV. Fuente Original

Opinión sobre los 4 años de la actual administración municipal en Isla de Maipo. Por Federico (s) El pasado 28 de junio se cumplieron cuatro años desde el inicio de la actual administración municipal en Isla de Maipo. Cuatro años que llegaron cargados de promesas, esperanzas y el tan repetido discurso del “cambio”. Un cambio que se nos vendió como una ruptura con las prácticas del pasado, como una nueva etapa de transparencia, eficiencia y profesionalismo en la gestión pública. Sin embargo, hoy, a la luz de lo vivido, es inevitable preguntarse: ¿qué cambió realmente? En el 2021, Isla de Maipo fue testigo de una significativa transición política. Tras décadas de una hegemonía municipal de la Democracia Cristiana, una nueva administración, encabezada por un alcalde de la UDI, asumía con fuerza el discurso de la renovación. El lema de campaña era claro: «el cambio». Pero con el tiempo, ese eslogan ha quedado reducido a su mínima expresión. Porque si bien hubo un cambio de rostros, lo que no cambió —y quizá se agudizó— fueron las lógicas de poder que tanto se criticaban antes. Durante estos cuatro años, lo que se ha observado es un reciclaje de prácticas que creíamos desterradas. La esperanza inicial de una administración que cortara con el amiguismo, el clientelismo y el uso del aparato público como plataforma política, pronto se diluyó. En su lugar, emergió una gestión que repite las mismas fórmulas del pasado, solo que con actores nuevos. Cambió la gente, pero no las formas. La palabra “gestión” se ha transformado en el comodín preferido del actual gobierno local. Se habla de “gestión” como si fuera una hazaña, como si cumplir con lo mínimo que se espera de un cargo público mereciera aplausos. Se abusa del concepto para justificar lo injustificable, mientras se olvida que gestionar no es un mérito, sino una obligación. Los recursos que administran no son propios, son públicos. Es dinero de todos y todas, y no una dádiva que se agradece, sino una responsabilidad que se debe ejercer con probidad. Se criticaba a la administración anterior por abusar de la imagen del alcalde en redes sociales, por aparecer en cada actividad como si se tratara de una campaña permanente. Pero basta con revisar el contenido actual para ver que, lejos de corregirse, esta práctica se ha intensificado. La figura del alcalde actual se ha convertido en la protagonista excluyente de la prensa municipal, transformando los canales institucionales en vitrinas personales. La crítica al “pituto” fue una de las banderas de la campaña. Se prometía profesionalismo, concursos públicos, méritos. Pero en la práctica, muchos de quienes hoy ocupan cargos municipales llegaron ahí no por sus competencias, sino por su cercanía con el poder. Basta con ver a los excandidatos a concejales que no fueron electos pero que hoy trabajan en el municipio. Basta con conocer a quienes, solo por haber hecho campaña, hoy ostentan cargos sin haber pasado por procesos transparentes ni acreditar experiencia o estudios pertinentes. El mensaje ha sido claro: más vale ser cercano que competente. Estos cuatro años también han estado marcados por errores y malas prácticas. Desde contrataciones cuestionables hasta la opacidad en decisiones clave, pasando por denuncias de discriminación interna y conflictos no resueltos con trabajadoras y trabajadores. A esto se suman incidentes que han puesto en entredicho la capacidad de conducción política de la administración, mostrando una falta de proyecto y visión clara para el desarrollo comunal. El cambio que nunca llegó nos deja una lección amarga, pero necesaria: no basta con cambiar a las personas si no se transforman las estructuras. Un verdadero cambio implica revisar críticamente las formas de hacer política, abrir espacios reales de participación, profesionalizar la gestión y, sobre todo, actuar con transparencia y ética. Nada de eso ha ocurrido en estos cuatro años. A cuatro años del “cambio”, lo único que cambió fue la administración. Pero las prácticas, las decisiones a puertas cerradas, el desdén por la autocrítica y la falta de profesionalismo siguen igual o peor. El cambio, ese tan anunciado, nunca llegó. Nota: El contenido vertido en las columnas de opinión es de exclusiva responsabilidad de sus autores, y no refleja necesariamente la línea editorial de Islita TV. Fuente Original

En la sesión N°21 del Concejo Municipal realizada hoy, se rectificó una decisión adoptada en febrero de este año, en la cual se había aprobado un bono de $800.000 para los directores de los CESFAM de la comuna, bajo el amparo del artículo 45 de la Ley 19.378. Según lo informado por el municipio y la Corporación Municipal, dicha asignación fue producto de un error administrativo y jurídico. El bono, que había sido propuesto por la Secretaría General y aprobado por el concejo municipal, buscaba otorgar una asignación a una lista de profesionales, en donde salía beneficiarios los directores de los CESFAM. Sin embargo, hoy se confirmó que la asignación correspondiente a dichos cargos ya se encuentra regulada por el artículo 27 de la misma ley, el cual contempla una asignación por “responsabilidad directiva” que se entrega mensualmente como parte del sueldo y que varía entre un 10% y un 30% de la remuneración base y la asignación municipal. Tramitación Cronológica Sesión N°5 En primera instancia, durante la sesión ordinaria N°5 del Concejo Municipal de Isla de Maipo, celebrada en febrero de 2025, la secretaria general de la Corporación Municipal, Paula González, presentó una solicitud para la aprobación de una asignación económica destinada a un grupo de profesionales del área de salud, amparada en el artículo 45 de la Ley 19.378. Dentro de esta nómina se incluyó a los directores de los CESFAM de la comuna, lo que posteriormente generaría controversia. El problema radica en que dichos cargos están regulados por el artículo 27 de la misma ley, el cual establece expresamente que la asignación por responsabilidad directiva es permanente e incompatible con cualquier otro tipo de bono. Para determinar esta asignación adicional, se argumentaron dos criterios: la necesidad del servicio y la disponibilidad presupuestaria. En ese momento, el concejo manifestó su voluntad de apoyar especialmente a los funcionarios con remuneraciones más bajas, y la secretaria general defendió la medida invocando la necesidad operativa de los centros de salud. La propuesta fue aprobada por unanimidad del concejo. Cabe señalar que el alcalde Juan Pablo Olave (UDI) no asistió a dicha sesión, la cual fue presidida por el concejal Jorge Alfaro (Frente Amplio). En segunda instancia, durante la sesión del concejo municipal realizada hoy, la secretaria general de la Corporación Municipal volvió a presentarse ante los concejales para solicitar la modificación del punto aprobado en febrero. Según lo expuesto, la irregularidad fue detectada por la Asociación de Funcionarios de Salud, quienes hicieron notar que la asignación otorgada a los directores de CESFAM contravenía lo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.378. Tras sostener conversaciones con distintos actores involucrados, y ya en el marco de la sesión, la secretaria general reconoció el error ante el concejo, aunque sin entregar mayores explicaciones técnicas o jurídicas respecto a cómo se originó ni por qué no fue advertido a tiempo. Sesión N°21 Cabe destacar que el ex director del CESFAM La Islita, que ahora será el subdirector del mismo CESFAM de igual forma, recibirá la asignación, ya que su cargo se lo habilita. Restitución de fondos Durante la sesión, el concejal Jorge Alfaro (Frente Amplio) consultó directamente si los montos entregados indebidamente serían restituidos, considerando que la asignación fue otorgada fuera del marco legal y el error ya había sido reconocido por la administración. Ante la pregunta, la secretaria general respondió que la ley solo obliga a la devolución de recursos cuando se trata de asignaciones por responsabilidad directiva. En este caso, sostuvo que el bono asignado —aunque erróneo— no calificaría como tal, ya que los cargos de dirección eran hasta ese momento ejercidos de manera interina, sin haber sido concursados como lo exige la normativa. Según explicó, la figura utilizada fue la de comisión de servicio, lo que, a su juicio, eximiría a la corporación de exigir la restitución de los fondos. Un argumento que, si bien parecía preparado, dejó entrever la intención de cerrar el tema sin consecuencias financieras para los involucrados. El cargo de subdirector administrativo de CESFAM Otro punto abordado en la sesión fue la creación del cargo de subdirector en los CESFAM de la comuna. La secretaria general de la Corporación justificó la incorporación de este nuevo rol argumentando que busca otorgar continuidad al servicio y respaldo administrativo a las direcciones, que actualmente —según indicó— están enfocadas principalmente en labores clínicas. Añadió que la corporación posee la facultad de crear estos cargos y que en otras comunas ya existen figuras similares, utilizadas como apoyo para enfrentar las crecientes exigencias administrativas de la atención primaria. En esa línea, el alcalde Juan Pablo Olave (UDI) intervino para señalar que esta medida forma parte de una reestructuración orientada a reforzar el funcionamiento organizacional de los centros de salud desde el ámbito administrativo, dado que el componente clínico ya se encuentra normado por el artículo 27 del Estatuto de Salud. Junto con el nuevo cargo de subdirección, también se anunciaron las jefaturas de contabilidad, recursos humanos y comunicaciones como parte de este rediseño interno. Cargos de confianza Finalmente, el alcalde Juan Pablo Olave (UDI) señaló que el cargo de director comunal de salud corresponde a un cargo de confianza, dado que no existe una norma legal que exija su existencia formal ni que establezca la obligatoriedad de un concurso público o la acreditación de un título profesional, como sí ocurre en el caso del director de CESFAM, regulado por el Estatuto de Salud. En esa misma línea, el nuevo cargo de subdirector también se enmarca como una designación de confianza. Esta declaración deja entrever que tanto el cargo comunal como el recientemente creado podrían quedar sujetos a decisiones políticas de cada administración municipal, lo que plantea interrogantes sobre los criterios técnicos y la continuidad institucional en la gestión de salud primaria. Votación del concejo El concejo dio por aprobada asignación, con la votación de: Jorge Alfaro: Se abstiene por considerar que no está toda la información. Maximiliano Genskowski: Aprobó. Verónica Vargas: Aprobó. Miguel Olave: Aprobó. Hernán Leiva: Aprobó. Richard Herrera: Aprobó.

El viernes 4 de julio, se convocó a los apoderados del programa PENTA UC a una reunión con la secretaria general de la Corporación Municipal de Isla de Maipo, Paula González, para abordar la continuidad del programa en el segundo semestre de 2025. La instancia, sin embargo, se vio marcada por tensiones y nuevas interrogantes. Previo a la reunión, la Academia de Desarrollo de Talentos UC envió un correo informando que el programa se mantendría sin copago durante todo el año 2025, gracias al compromiso del municipio de garantizar el transporte hasta 2027 y de regularizar progresivamente la deuda acumulada. A pesar de lo positivo del anuncio, en la reunión surgieron diversas críticas y aclaraciones necesarias. Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió cuando se prohibió la permanencia de nuestro medio, a pesar de haber sido invitados por los propios apoderados. Además, la secretaria general negó la autorización para grabar la reunión, solicitud planteada por los padres presentes. Ante estas restricciones, los apoderados decidieron ceder con el fin de no interrumpir el desarrollo de la instancia. Durante la conversación, los apoderados manifestaron su molestia por la falta de respuesta del alcalde Juan Pablo Olave (UDI), quien aún no concreta una reunión comprometida en marzo para abordar la continuidad del programa. Además, se reveló que el alcalde desconocía qué era el programa PENTA, lo que —según los apoderados— ha derivado en desinformación pública. Paula González, por su parte, reconoció errores en la comunicación institucional, indicando que la información sobre la no continuidad del programa fue entregada a los directores a finales de 2024, pero no fue comunicada a tiempo a las familias. Añadió que PENTA UC también habría incurrido en una falta, al matricular a los estudiantes aun cuando ya habían sido notificados por la corporación de la falta de financiamiento, lo cual complejizó aún más la situación. La secretaria también explicó que la Corporación Municipal enfrenta un déficit de 3.000 millones de pesos, detectado por Contraloría en el informe final N.º 703 de 2022, y que esta situación afecta no solo a educación, sino también a salud. Aun así, los apoderados cuestionaron la priorización de recursos, apuntando que mientras se destinan esfuerzos y visibilidad al turismo comunal, la educación parece quedar relegada. Incluso propusieron financiar el programa con recursos provenientes de estacionamientos o del royalty minero. Durante la reunión, se discutió también la responsabilidad institucional por la crisis del programa. Los padres señalaron que la secretaria general debía asumir la responsabilidad del quiebre, mientras ella reafirmó que no hay recursos disponibles. Aclaró además que, si bien el programa aparece mencionado en el PADEM 2025, su financiamiento no está contemplado. Aunque la corporación se comprometió a continuar garantizando el transporte escolar, incluso cuando los establecimientos pasen al nuevo sistema SLEP en 2027, la continuidad del programa después de 2025 sigue siendo incierta. Finalmente, los apoderados expresaron sentirse vulnerados en sus derechos, exigiendo participación efectiva en las decisiones que afectan la educación de sus hijos. Esperan una pronta reunión con el alcalde y reiteran su disposición a buscar financiamiento, ya que hasta la fecha no ha existido un compromiso financiero claro por parte de la corporación. En agosto, los estudiantes iniciarán el segundo semestre, aún con más preguntas que respuestas sobre lo que ocurrirá en 2026. Contexto: Una decisión que tomó por sorpresa a las familias En marzo de 2025, apenas dos días antes del inicio del año académico, la comunidad de apoderados de estudiantes beneficiarios del programa PENTA UC en Isla de Maipo recibió una noticia inesperada: la Corporación Municipal no financiaría más el programa. La información, entregada de forma virtual, fue percibida como una señal de desorganización y falta de transparencia. Para muchas familias, significó un golpe emocional y logístico, considerando que durante meses se buscó respuesta sobre el futuro del programa sin obtener claridad. El programa PENTA UC, impulsado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, puesto en marcha en 2017, ofrece formación complementaria a estudiantes con altas capacidades, potenciando su desarrollo académico y personal. Para las familias de Isla de Maipo, ha sido una herramienta clave para la movilidad social de sus hijos. La decisión de cortar su financiamiento, justificada por una deuda municipal, generó una oleada de críticas y acciones por parte de los apoderados, que comenzaron a movilizarse para revertir la situación. El informe final de contraloría Fuente Original

Este martes, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente visitó la comuna de Isla de Maipo en el marco de una jornada de formación ciudadana y capacitación comunitaria, realizada en la Casona Aliste. Durante la instancia, se reconoció el trabajo comunal en participación social y salud, destacando la adjudicación del Fondo A ($18.000.000) del programa Cuidados Comunitarios en Atención Primaria de Salud (APS), versión 2025. La jefa del Subdepartamento de Participación y Satisfacción Usuaria del Servicio de Salud, Tamara Belmar, felicitó a Isla de Maipo por ser la única comuna de la red metropolitana occidente en adjudicarse este fondo, gracias a la labor orientadora de las referentes comunales de participación, las trabajadoras sociales Teresa Jeria (Isla Centro) y Macarena Nahuel (La Islita) y de los postulantes a estos proyectos. El programa Cuidados Comunitarios en APS, con énfasis en la participación social, busca fortalecer el trabajo comunitario en salud a través de iniciativas locales orientadas a la promoción, prevención y rehabilitación. Su enfoque intersectorial y territorial promueve la colaboración activa entre los equipos de salud y las comunidades. En esta versión 2025, Isla de Maipo obtuvo el financiamiento de 18 millones de pesos para la implementación del proyecto “Circuito Ecológico Inclusivo Cerro Naltagua – Rivera Río Maipo”. La iniciativa contempla el diseño y limpieza de un sendero accesible, instalación de señalética inclusiva, puntos limpios, una jornada comunitaria de lanzamiento y actividades permanentes en conjunto con el CESFAM local. La comuna ha venido postulando a este programa desde 2023, manteniendo como eje central la promoción y prevención de la salud instalando instancias en los centros de atención primaria. El crecimiento ha sido sostenido: en 2023 Isla de Maipo se adjudicó 6 proyectos (2 en el Fondo B y 4 en el Fondo C); en 2024 fueron 5 proyectos (3 Fondo B y 2 Fondo C); y en 2025, además del Fondo A, se suman 9 iniciativas más (7 en Fondo B y 2 en Fondo C), totalizando 10 proyectos adjudicados para este nuevo periodo. 2023: $24.000.000.- 2024: $24.000.000.- 2025: $66.000.000.- El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, responsable de esta convocatoria, abarca 15 comunas del sector poniente de la Región Metropolitana: Alhué, Cerro Navia, Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lo Prado, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor, Pudahuel, Quinta Normal, Renca, San Pedro y Talagante. Isla de Maipo, con esta nueva adjudicación, se consolida como un referente en participación comunitaria en salud dentro de la red. Se espera un nuevo proceso para el año 2026, donde organizaciones de la sociedad civil, junto a los centros de salud, podrían postular en conjunto a este programa. Fuente Acta de resultados PRAPS 2025 Fuente Original