Nacional

La organización ambientalista se manifestó afuera del Congreso para exigir que se vote el mencionado proyecto de ley, el que ya fue aprobado el pasado miércoles por la Comisión de Hacienda del Senado. La voz de las más de 47 mil 750 personas que se unieron en #ChileSinCenizas para presionar al Congreso a votar este proyecto se escuchó y, finalmente, la Cámara Alta pudo destrabar la discusión de una normativa que entregará más herramientas a la prevención y combate de incendios Hoy el Senado finalmente aprobó el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, el que fue ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023 y aprobado por la Cámara de Diputados en marzo de 2024, fecha en la que pasó a la Cámara Alta, donde estuvo detenido por más de 20 meses, pese a contar con urgencia suma para su tramitación. “Tras años de postergaciones, hoy podemos decir que la movilización social sí tuvo efecto. Más de 47 mil 750 personas se sumaron a nuestra petción #ChileSinCenizas para exigir al Congreso avanzar con esta normativa, entendiendo que nuestro país necesita sumar más herramientas y fortalecer las existentes no sólo en el combate de los incendios forestales, sino también en lo relativo a su prevención, mitigación y fiscalización. Valoramos que el Senado haya aprobado las normas que no tuvieron observaciones y que respaldara una serie de votaciones separadas y enmiendas clave”, aseguró Silvana Espinosa, experta en ecosistemas y clima de Greenpeace. Este avance se logra luego que activistas de Greenpeace se manifestaran en las afueras del Congreso Nacional durante la tarde de ayer lunes 26, para exigir que esta votación se llevara a cabo a la brevedad. “Sabemos que este avance no es casual, sino que es el resultado de una ciudadanía organizada que exigió a senadores y senadoras asumir su responsabilidad frente a una crisis que ya no admite más dilaciones”, comentó Espinosa. Lo que viene Ahora que este proyecto ha sido aprobado por el Senado, entrará a su tercer trámite constitucional, lo que significa que volverá a la Cámara de Diputadas y Diputados para que esta se pronuncie sobre las modificaciones introducidas en el Senado. De ser aprobadas estas enmiendas, el proyecto quedará despachado por el Congreso Nacional y podrá ser remitido al presidente para su promulgación. Durante la sesión se indicó que el tema debería concretarse a inicios de marzo, una vez finalizado el receso legislativo de febrero. No obstante, desde Greenpeace instan a que pueda resolverse a la mayor brevedad posible. Fuente Origina

Una dura crítica dirigió a las autoridades el secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco, SOFO, Carlo Rojas, por la negativa a reconocer la intencionalidad de los incendios que afectan a la región. «Les resulta incómodo y les cuesta asumirlo como una realidad que ha impactado, año tras año, a miles y miles de hectáreas en nuestra región», sostuvo. El dirigente añadió que «resulta difícil comprender que las autoridades se resistan a aceptar que la intencionalidad constituye la principal causa de los incendios en La Araucanía». Asimismo, sostuvo que se trata de una realidad que afecta al sector productivo, forestal y agrícola; «y, en ese sentido, ponemos énfasis en que la autoridad debe emplear todos los medios para encontrar, a la brevedad, a los responsables que están generando terror en La Araucanía y afectando a personas civiles y a sectores productivos». Por otra parte, sostuvo que «entramos en un debate de que si el incendio es intencional o no, en un debate donde no se puede avanzar». Debe haber plena convicción, y debemos estar todos alineados tras la búsqueda de los responsables. Si entramos en un debate sin sentido, en un debate que desconoce la realidad, y así no podemos avanzar», finalizó. Fuente Origina

El Servicio Electoral rechazó los balances financieros del partido por no responder 65 observaciones formuladas,  advirtió que está comprometida la viabilidad económica del partido y que su estrategia de hacer caja con la venta de activos es insostenible. En la colectividad hay preocupación de perder los aportes estatales o que se abra un proceso de disolución como le ocurrió a Comunes. El informe de Servel. El 11 de enero el senador Francisco Huenchumilla renunció a la presidencia de la DC, pidiendo un recambio generacional y redefinir la política de alianzas, tras la derrota de la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) en las presidenciales. A partir de entonces el partido es presidido de manera subrogante por el concejal de Concepción, Óscar Ramírez Romero. Además de las dificultades políticas, el histórico partido enfrenta una preocupación aún mayor y que internamente ha encendido las alarmas sobre el futuro de la colectividad. El 9 de octubre el Servicio Electoral (Servel) emitió un preinforme de auditoría sobre el balance financiero y contable de la DC correspondiente al año 2024, formulando un total de 65 observaciones a corregir con diversos problemas de arrastre, como falta de respaldo para acreditar gastos, deudas de campañas, proceso de venta de inmuebles, entre otros. Servel dio 10 días para responder las observaciones, el administrador general de fondos, Jorge Alzamora, solicitó una prórroga que fue concedida, sin embargo nunca respondió. Ante esto, el Servel emitió el 11 de diciembre de 2025 una resolución donde rechaza los balances de la DC. “Qué manteniéndose observaciones aún pendientes de subsanar resulta forzoso concluir el rechazo del balance del ejercicio contable 2024 ya que se configura el incumplimiento y no se ajusta a las anotaciones de los libros, sin perjuicio de los errores y omisiones manifiestos”, señala el documento. En el partido señalan que aún están en etapa de responder las observaciones y el proceso sigue en curso. Infracciones reiteradas. Aunque diversos partidos han enfrentado rechazos similares en alguna ocasión -como el PPD, el PC, Evópoli o Republicanos en su momento-, la situación en la DC se agudiza porque lleva varias faltas similares frente al organismo fiscalizador.   El partido recibió multas por cerca de $21 millones por no resolver las observaciones de los balances de 2022 y 2021 y está pendiente una sanción por el balance de 2023. Además de sanciones menores por no tramitar e informar al Servel la renuncia de militantes (entre ellos la del gobernador Claudio Orrego). Con el rechazo del balance de 2024 se abrirá un sexto proceso administrativo sancionatorio, cuatro de ellos por balances cuestionados. Una alta fuente de la DC, señala que en la tienda existe preocupación no solo por perder el financiamiento estatal que reciben los partidos, sino porque al ser infracciones graves y reiteradas eventualmente podría configurarse la causal de disolución, según lo que establece la Ley Orgánica de Partidos Políticos. Cita el caso del El partido Comunes, del que se ordenó su disolución tras acumular 5 sanciones, 4 relativas a su manejo financiero. Problemas de caja. En el informe preliminar del Servel sobre la DC, se advierte la grave situación financiera del partido. “En la revisión de los estados financieros del partido, se pudo constatar que los compromisos de caja que el partido tiene mensualmente, no se sustentan con el aporte trimestral del Estado y los aporte de afiliados o recepción de arriendos, que son los ingresos que se reciben de terceros”, señala el documento. “El partido tiene gastos importantes en pago de remuneraciones, honorarios, contribuciones, gastos de servicios básicos etc., como número objetivo se puede agregar que los pasivos del año 2024 suma la cantidad de $1.200 millones aproximadamente. El partido está tratando de reunir caja a través de la venta de activos, pero esta forma de financiamiento tiene un tope, hasta que la totalidad de los activos ya no estén a disposición para su venta, junto con procesos lentos para recibir ofertas de compradores, con valores ajustados a los precios de mercado”. Servel solicitó a la DC presentar un plan anual de caja con ingresos y gastos 2025-2026 “debidamente firmado y avalado por su administrador de fondos, mediante el cual se pueda de equilibrar la caja y bajar los compromisos financieros”. El informe indica que durante el ejercicio 2024, se realizaron transferencias fiscales trimestralmente a la DC por $481.870.263. El partido tuvo ingresos totales por $2.611.423.862 y egresos por $4.051.010.561. J.P. Sallaberry y J. Troncoso Ex_ante.cl Fuente Origina

“Nos llegó un mensaje de WhatsApp con los pasajes en bus y nos dieron 15 minutos para prepararnos para un viaje de casi 18 horas. No hubo cartas de despido ni explicaciones formales”, afirmó un trabajador. Una situación inédita afectó a trabajadores de la faena minera del Salar del Carmen en Antofagasta, luego que una cuadrilla de colaboradores de la empresa Fe Grande, contratista de SQM (Soquimich), fuera desvinculada tras solidarizar con sus compañeros, quienes se encontraban visiblemente afectados por la nula información de sus familias, que viven en zonas destruidas por los incendios forestales en la Región del Biobío. Los hechos se remontan a la noche del domingo 18 de enero, cuando una cuadrilla de 14 trabajadores iniciaba su turno nocturno en las obras de construcción de la planta química de litio Carmen, de SQM. En ese momento, dos trabajadores provenientes de las comunas de Tomé y Coliumo se encontraban afectados al no poder comunicarse con sus familias, mientras que otro, oriundo de Quillón, informó que el fuego había alcanzado el hogar de sus cercanos. Nelson Herrera, maestro mayor mecánico y uno de los trabajadores despedidos, relató que la angustia de sus compañeros era evidente desde el inicio del turno. “Había compañeros que estaban muy mal, no sabían nada de sus familias, porque las antenas de comunicación se habían caído. Uno de ellos, incluso, había perdido su casa. Yo no podía permitir que trabajaran en ese estado”, afirmó. Según explicó, la cuadrilla informó a la empresa que los trabajadores afectados no estaban en condiciones de continuar con la faena. Sin embargo, se les instruyó seguir con normalidad. Media hora después, ante la persistente angustia de sus compañeros y el riesgo de un posible accidente laboral a causa de su situación emocional, decidieron paralizar momentáneamente las labores en señal de solidaridad. “Nosotros no hicimos desmanes ni faltamos el respeto. Solo pedimos que esas personas pudieran ir a ver a sus familias. Era una situación humana, no laboral”, agregó Herrera. Tras la manifestación de “brazos caídos”, que se prolongó por cerca de dos horas, la empresa accedió a liberar a los trabajadores directamente afectados por los incendios, y las labores se retomaron. Sin embargo, al mediodía del lunes 19 de enero, el resto de la cuadrilla -12 trabajadores- fue notificada de su despido. Herrera denunció que la forma en que se ejecutó la medida fue “inhumana e indolente”. “Nos llegó un mensaje de WhatsApp con los pasajes en bus y nos dieron 15 minutos para prepararnos para un viaje de casi 18 horas. No hubo cartas de despido ni explicaciones formales”, afirmó, y añadió que la medida les obligó a abordar un bus, en el que permanecieron 18 horas hasta que llegaron a Santiago, donde recién pudieron comprar agua y alimentos. Luis Garrido, abogado representante de los trabajadores, informó que ya se iniciaron acciones legales en contra de SQM Soquimich y Fe Grande. “Aquí lo que vemos es una represalia directa contra el derecho de los trabajadores a manifestarse. Fueron despedidos 12 horas después de la protesta y sin que se les entregara ninguna carta de despido. Esto no solo es desproporcionado, es ilegal”. Garrido detalló que se presentó una medida prejudicial ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, exigiendo que la empresa entregue la documentación correspondiente y formalice las cartas de despido. Además, señaló que se evalúa acudir a la Dirección del Trabajo para que intervenga este tema en la faena. Por su parte, otro de los trabajadores desvinculados, Luis Muñoz, expresó el sentimiento de vulneración del grupo. “Nos sentimos castigados por solidarizar con compañeros que estaban pasando por un momento gravísimo. Lo único que pedíamos fue humanidad”, indicó. Hasta ahora, los trabajadores aseguran que no han recibido ninguna comunicación formal de parte de la empresa ante las causales de su despido, por lo que aseguraron que continuarán con las acciones legales para defender lo que consideran una flagrante vulneración a sus derechos fundamentales. Fuente Origina

Judith Marín ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a su marcado perfil religioso y su histórico rechazo a normativas vigentes, como la Ley de Aborto en tres causales. La designación de Judith Marín, militante del Partido Social Cristiano, como la futura titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género bajo la administración de José Antonio Kast, ha escalado de una crítica de la oposición a un foco de tensión dentro de la propia centroderecha. Hernán Larraín Matte, expresidente de Evópoli, calificó el nombramiento como un «error político» estratégico y comunicacional. Según el dirigente, esta decisión contradice el relato de campaña del presidente electo, quien había asegurado que las agendas valóricas y culturales no serían el eje central de su gestión gubernamental. «Nombramientos como este son una provocación y una declaración cultural que facilita la articulación de la oposición», señaló Larraín Matte, advirtiendo que esta controversia podría convertirse en el primer gran desafío político para el gobierno entrante, especialmente ante la cercanía de las movilizaciones del próximo 8 de marzo. Judith Marín ha sido objeto de fuertes cuestionamientos debido a su marcado perfil religioso y su histórico rechazo a normativas vigentes, como la Ley de Aborto en tres causales. Mientras el Partido Republicano defiende la nominación asegurando que no habrá retrocesos en derechos adquiridos, desde sectores como la Coordinadora Feminista 8M y ahora parte de Evópoli, ven con preocupación la señal enviada al país. Con este escenario, el gabinete de Kast enfrenta su primera crisis de legitimidad sectorial antes de asumir formalmente, abriendo un flanco de debate sobre la influencia de los sectores más conservadores en la conducción de las políticas de género del país. Fuente Origina

Desde La Moneda destacaron (y era que no) que el Gobierno ha estado trabajando “desde el minuto uno” de la emergencia, coordinando con equipos de emergencia, municipios y voluntarios, y resaltaron la colaboración interinstitucional en medio de la catástrofe. Una tensa recepción tuvo lugar ayer miércoles en el sector de Punta de Parra, comuna de Tomé, cuando Gabriel Boric llegó para “evaluar” en terreno los daños causados por el devastador megaincendio forestal que arrasó gran parte de la zona, dejando cientos de familias sin hogar y un saldo de al menos 21 víctimas fatales en la región. Boric, acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad de Carabineros, realizó un recorrido por las áreas más afectadas para constatar los impactos, reunirse con damnificados y autoridades locales, y supervisar el avance en la entrega de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y otras medidas de apoyo temprano implementadas por el Gobierno. Sin embargo, la visita se vio interrumpida por expresiones de profundo malestar por parte de vecinos, voluntarios y afectados. Videos difundidos por medios locales capturaron momentos en que se escuchan gritos masivos de “¡Fuera, fuera!”, junto a insultos directos como “¡Nunca has agarrado una pala!” y otras frases de rechazo que reflejaron la frustración por la magnitud de la tragedia y la percepción de lentitud en la respuesta oficial. Boric no respondió a los improperios ni a las preguntas de la prensa en el lugar. Tras el incidente, se retiró rápidamente del sector. Desde La Moneda destacaron (y era que no) que el Gobierno ha estado trabajando “desde el minuto uno” de la emergencia, coordinando con equipos de emergencia, municipios y voluntarios, y resaltaron la colaboración interinstitucional en medio de la catástrofe. El episodio evidencia el alto nivel de dolor y desesperación en las comunidades afectadas, donde el incendio destruyó aproximadamente el 80 por ciento de las viviendas en Punta de Parra y dejó a numerosas familias en situación de calle. Boric arrancando en Punta de Parra pic.twitter.com/CdNglPy7rC — 🥁 Ɗrumsɱan~ 🫡📯 (@ChileSobreTodo) January 21, 2026 Fuente Origina

Críticos, como parlamentarias del oficialismo y organizaciones feministas, incluida la Coordinadora 8M, han calificado su nombramiento como “una burla para las mujeres”, “un peligro” y “fundamentalismo religioso” que podría llevar a retrocesos en políticas públicas de género. La designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género en el gobierno de José Antonio Kast ha desatado una ola de críticas por su marcado fanatismo religioso y su historial de activismo evangélico radical, que pone en riesgo los avances en derechos de las mujeres en Chile. El 18 de julio de 2017, durante la histórica sesión en el Senado que aprobó la despenalización del aborto en tres causales, un grupo de manifestantes evangélicos interrumpió el debate desde las tribunas gritando consignas como “¡Vuélvanse al Señor!” y “¡Vuélvete a Cristo!”, cantando y perturbando la deliberación democrática. Carabineros tuvo que desalojarlos del recinto. Entre los alborotadores se encontraba Judith Marín, entonces integrante del movimiento Las Águilas de Jesús, un grupo evangélico estudiantil conocido por su activismo conservador y proselitista en universidades públicas. Hoy, a sus 30 años, Marín es secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), aliado clave de Kast, y ha sido designada nada menos que para liderar el Ministerio de la Mujer, una cartera creada precisamente para promover la equidad de género, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia machista. Su trayectoria revela un fanatismo que choca frontalmente con las funciones del ministerio: Férrea opositora al aborto, defiende la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” y ha cuestionado públicamente la legitimidad de la ley de tres causales. «Vuélvanse al señor!» La patética protesta de Judith Marín, futura ministra de la mujer, contra los derechos reproductivos de la mujer pic.twitter.com/Dn97fjVkvo — Ayatan (@Ayatanland) January 21, 2026 Su militancia en Las Águilas de Jesús la vincula a posturas extremas que priorizan la fe evangélica por sobre derechos seculares, incluyendo rechazo a la diversidad sexual y enfoques conservadores en familia y género. Críticos, como parlamentarias del oficialismo y organizaciones feministas, incluida la Coordinadora 8M, han calificado su nombramiento como “una burla para las mujeres”, “un peligro” y “fundamentalismo religioso” que podría llevar a retrocesos en políticas públicas de género. Su llegada al Ministerio genera alarma. ¿Priorizará la agenda evangélica conservadora por sobre las necesidades de todas las mujeres chilenas, incluidas las que no comparten su fe? Organizaciones de derechos de las mujeres llaman a la vigilancia y a movilizaciones, como la marcha del 8M, para defender los derechos conquistados y evitar que el fanatismo religioso dicte políticas de Estado en materia de género. Pero un dato que no es menor. Los chilenos eligieron esta alternativa de gobierno. Fuente Origina

El Congreso Nacional, integrado por los propios diputados y senadores, es el órgano que debe aprobar cualquier cambio, lo que representa un claro conflicto de interés y explica la lentitud en las reformas. En Chile, la normativa constitucional permite que un parlamentario (diputado o senador) mantenga su cargo y siga percibiendo su sueldo mensual aproximado de 7 a 8 millones de pesos brutos, más viáticos y asignaciones, incluso si ha sido desaforado y se encuentra en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario por graves imputaciones. Esta situación genera indignación ciudadana recurrente, especialmente en casos mediáticos como los del diputado Mauricio Ojeda (investigado por fraude al Fisco en el Caso Convenios, arista Manicure), quien acumuló pagos por casi 200 millones de pesos del Estado mientras estuvo en prisión preventiva durante gran parte de 2025, o el diputado Francisco Pulgar, en prisión preventiva por delitos sexuales graves. ¿Por qué ocurre esto? La Constitución Política de la República (artículos 61 y 62) establece el fuero parlamentario como una protección procesal que permite el desafuero para ser investigado o juzgado, pero no contempla la suspensión automática del cargo ni de la dieta en casos de medidas cautelares como la prisión preventiva. Mientras no exista una condena firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, el parlamentario sigue figurando como titular del puesto y el Estado continúa pagando su dieta como renta exclusiva por el ejercicio del cargo. No hay norma expresa que ordene su corte, lo que deriva en pagos automáticos a través de la Tesorería General. Esta omisión normativa ha permitido que, en el período legislativo 2022 – 2026, varios diputados desaforados en prisión preventiva o arresto domiciliario por investigaciones en el Caso Convenios y otras aristas de corrupción sigan recibiendo su dieta y manteniendo parte de su equipo parlamentario activo, pese a no ejercer funciones legislativas ni asistir al Congreso. Comparación con un trabajador común Para cualquier empleado del sector privado o público, regido por el Código del Trabajo, la prisión preventiva implica suspensión del contrato por fuerza mayor o acto de autoridad judicial, cese inmediato del pago de su sueldo, no cotizaciones previsionales durante ese período, posible término del vínculo laboral si la condena es incompatible con el cargo. En contraste, el sistema actual protege el cargo parlamentario bajo la presunción de inocencia hasta sentencia ejecutoriada, pero extiende esa protección al aspecto económico sin mecanismos de accountability equivalentes. Intentos de reforma y estado actual Diversos proyectos de reforma constitucional buscan modificar el Artículo 61 para establecer que, en caso de desafuero y suspensión de funciones por prisión preventiva u otras medidas, se suspenda el pago de la dieta. Destacan iniciativas como el proyecto presentado por el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio) en enero de 2025, bajo el lema “Desafuero Dieta Cero”, que ha generado debate público y apoyo transversal en algunos sectores, aunque avanza lentamente en comisiones. Propuestas de la senadora Fabiola Campillai (independiente) y boletines refundidos (como el N° 17.383-07), discutidos en la Comisión de Constitución de la Cámara durante 2025, con audiencias a expertos y autoridades. A la fecha, estos proyectos han tenido exposiciones, informes y discusiones en comisiones, pero no han sido aprobados en sala ni despachados. Requieren quórum alto (3/5 o 2/3 de los parlamentarios en ejercicio) y enfrentan resistencias por considerarse parte esencial del fuero como protección contra persecuciones políticas y porque simplemente no les conviene. El Congreso Nacional, integrado por los propios diputados y senadores, es el órgano que debe aprobar cualquier cambio, lo que representa un claro conflicto de interés y explica la lentitud en las reformas. Fuente Origina

Según informó la Corporación Nacional Forestal CONAF la totalidad de incendios forestales activos que se tienen registro a nivel nacional al día de hoy 22 de Enero del 2017 es de apróximadamente de 122 siniestros y 67 han sido controlados por los brigadistas. Las llamas abarcan una superficie que afecta 126.142,31 hectáreas y solo en la Región de O’ Higgins van 98.864, 47.894 en Maule, 38.217 en la Región Metropolitana y 23.304 en Valparaíso. Hasta ahora hay 16 alertas rojas, 11 amarillas y 6 regiones con alertas preventivas. Estas fotografías corresponden al sector de Pumanque en la región de O’higgins. El último informe de la CONAF arrojó que eran 43 incendios forestales en combate. Chile 2017 Considerando que la superficie afectada a nivel nacional por incendios forestales es tres veces superior que lo registrado en la temporada anterior, la organización ambientalista hace un llamado urgente a avanzar en normativas que permitan prevenir nuevos siniestros y entreguen más herramientas para su combate. Ante la emergencia por incendios forestales que afecta especialmente a las regiones del Ñuble y Biobío, Greenpeace hizo un llamado urgente a aprobar la Ley de Prevención de Incendios, detenida en su segundo trámite constitucional en el Senado hace casi dos años, entendiendo que, aunque es una normativa perfectible, representa un avance fundamental para evitar nuevos desastres. “Es francamente incomprensible que, en medio de esta catástrofe nacional, el Senado aún no avance en esta normativa con la celeridad que se requiere”, expresó Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace, aludiendo a que recién en la tarde de este martes 20 de enero, la Comisión de Hacienda extendió una citación para discutir el proyecto de ley durante el miércoles. El proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias de indica, fue ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023, luego fue aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de marzo de 2024 y, desde entonces, se encuentra atascado en el Senado, en la actualidad en discusión en la Comisión de Hacienda desde el 17 de marzo de 2025, pese a contar con suma urgencia para agilizar su tramitación. “Durante la presente temporada de incendios (2025 – 2026), la superficie afectada por estos incendios alcanza las 58 mil 934 hectáreas, equivalentes a un 207 por ciento de aumento respecto de la temporada anterior, lo que significa que este año se ha quemado tres veces más superficie”, explicó la vocera de Greenpeace. Considerando lo anterior es que, junto a la necesidad de contar con una ley prevención de incendios, desde la organización destacan la relevancia de tener también una planificación territorial que incorpore la gestión del riesgo de desastres en las decisiones públicas, políticas efectivas de prevención y educación ambiental, acompañadas de los recursos suficientes, y generar políticas públicas que fomenten e incentiven el ordenamiento de territorios con diversidad biológica basada en especies nativas, a la vez que protejan los ecosistemas hídricos. “No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo para que nuestras autoridades reaccionen. Es por eso que hacemos un llamado a convertir la preocupación en acciones concretas. Hoy es urgente que los integrantes de la Comisión de Hacienda aprueben la Ley de Prevención de Incendios, para que luego se vote con celeridad en Sala”, concluyó la vocera de Greenpeace. Nota relacionada: Senadora Ximena Rincón bajo fuego: 10 meses de estancamiento en la Comisión de Hacienda frenan la Ley de Prevención de Incendios en plena tragedia Fuente Origina

En medio de esta catástrofe, que ha generado dolor, destrucción y desesperación en miles de familias, emerge con fuerza la responsabilidad política por la dilación en la aprobación de herramientas clave de prevención. La tragedia de los incendios forestales que azotan las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía ha dejado un saldo devastador: al menos 20 personas fallecidas, más de 7 mil damnificados, cientos de viviendas destruidas y decenas de miles de hectáreas consumidas por las llamas. En medio de esta catástrofe, que ha generado dolor, destrucción y desesperación en miles de familias, emerge con fuerza la responsabilidad política por la dilación en la aprobación de herramientas clave de prevención. El proyecto de ley de prevención de incendios forestales y rurales (Boletín N° 16335-14), ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023 y aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de 2024, lleva estancado desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora de derecha, Ximena Rincón, quien será la ministra de Energía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. La Senadora Ximena Rincón no puso el proyecto de Ley de incendios en tabla para votarlo. ¡No hizo su pega! #chile #incendios #leydeincendios pic.twitter.com/MOWLDCMNrN — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) January 20, 2026 A pesar que el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones la suma urgencia para su tramitación, incluyendo llamados directos de Gabriel Boric y la ministra vocera Camila Vallejo, el proyecto no ha avanzado de manera significativa hacia su despacho a la Sala ni ha sido priorizado consistentemente en la tabla de sesiones. Esta paralización de más de 10 meses en la comisión que dirige la senadora Rincón ha sido duramente cuestionada por autoridades, exministros como Esteban Valenzuela, diputados de diversas bancadas y organizaciones ambientalistas. El proyecto busca fortalecer la prevención estructural mediante obligaciones claras para propietarios, regulación del uso del suelo en zonas de interfaz urbano-rural, endurecimiento de sanciones, planes obligatorios de mitigación y mejor coordinación entre servicios públicos y privados, medidas que podrían haber reducido la vulnerabilidad ante megaincendios recurrentes. Sin embargo, pese a la gravedad de la emergencia actual y a las presiones para acelerar su aprobación, la Comisión de Hacienda, bajo la presidencia de Ximena Rincón, ha mantenido el proyecto en un segundo plano. La Ley de Incendios durmiendo 10 meses en el escritorio de Ximena Rincón, sin prioridad. @ximerincon #Incendioforestalchile #IncendioForestal #incendio @ximenarin #ChileBajoAtaqueTerrorista pic.twitter.com/ZvRAVFbhf6 — Boric Estamos Contigo (@estamosconboric) January 20, 2026 La senadora de derecha ha defendido su gestión argumentando que se han realizado sesiones técnicas, al menos cinco formales, que el texto presenta deficiencias, como insuficiente financiamiento, traslado de costos a pequeños propietarios y debilidades en persecución penal o restauración, y que su aprobación no habría evitado la actual tragedia. No obstante, estas explicaciones han sido recibidas con indignación por sectores que ven en la dilación una falta de priorización política en un momento crítico para el país. La responsabilidad de la senadora Ximena Rincón, como presidenta de la Comisión de Hacienda, es central en este estancamiento. Le corresponde poner en tabla los proyectos con urgencia declarada, convocar sesiones efectivas y avanzar en su despacho. La inacción prolongada ante una iniciativa clave de prevención, mientras miles de chilenos sufren las consecuencias de incendios devastadores, genera interrogantes sobre el compromiso real con la seguridad de las comunidades en riesgo. Fuente Origina