Nacional

La tasa de ocupación informal escaló hasta el 26,8 por ciento, mientras que el número de personas sin ocupación en el país ya supera las 858 mil. La desocupación en Chile registró un incremento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, situándose en un 8,3 por ciento durante el trimestre noviembre 2025 – enero 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, este fenómeno se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo superó la capacidad de generación de empleo del mercado laboral. Pese a que el total de personas ocupadas experimentó un alza de 1,2 por ciento en un año, la cifra de desocupados subió 4,8 por ciento. Este aumento fue traccionado tanto por quienes quedaron cesantes como por aquellas personas que buscan trabajo por primera vez, sumando un total de 858 mil 444 personas sin empleo a nivel nacional. Informalidad y brechas de género Uno de los puntos más críticos del reporte es el avance de la precariedad laboral. La tasa de ocupación informal alcanzó el 26,8 por ciento, anotando un incremento de 0,5 puntos en un año. Esto implica que, en la práctica, uno de cada cuatro trabajadores en el país se desempeña sin un contrato formal ni protección social. En cuanto al análisis por sexo, los datos muestran realidades distintas: Mujeres: La tasa de desocupación femenina se situó en 8,7 por ciento. No obstante, fueron ellas quienes impulsaron exclusivamente el crecimiento del empleo con un alza de 2,7 por ciento. Hombres: La desocupación masculina llegó al 8,0 por ciento, sin registrar variaciones anuales en la creación de nuevos puestos de trabajo. Comportamiento sectorial y regional A nivel de sectores económicos, las mayores alzas de ocupación se concentraron en servicios administrativos y de apoyo (20,2 por ciento), actividades de salud (5 por ciento) y alojamiento y comidas (7,7 por ciento). Por el contrario, sectores como la administración pública y la agricultura presentaron retrocesos. En la Región Metropolitana, el desempleo escaló al 9,0 por ciento, lo que representa un aumento de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Al igual que en la cifra nacional, esto se debió a que la fuerza de trabajo creció un 0,9 por ciento, superando el modesto incremento de 0,6 por ciento en la ocupación regional. Fuente Origina

Policía uniformada le ha oficializado la entrega de su máxima distinción institucional, la condecoración Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro en el grado de Alguacil Ilustre. La Dirección General de Carabineros ha oficializado la entrega de su máxima distinción institucional, la condecoración Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro en el grado de Alguacil Ilustre, a Gabriel Boric, según informa hoy Radio Bio Bío. Según la Resolución Exenta N° 82, firmada por el general director Marcelo Araya el 17 de febrero de 2026, el reconocimiento se fundamenta en el supuesto «fortalecimiento estructural» de la institución durante su gobierno, con entrega masiva de recursos logísticos, humanos y tecnológicos que habrían elevado su capacidad operativa frente a la delincuencia y el crimen organizado. Carabineros destaca en el documento la «gratitud» hacia Boric por modernizar la policía y consolidarla como baluarte del Estado de derecho. Esta condecoración, de tradición simbólica y usualmente reservada para autoridades al cierre de su mandato, representa un respaldo pleno e institucional a Boric en materia de seguridad. Sin embargo, este gesto constituye una de las contradicciones más flagrantes de su trayectoria política. Durante su campaña presidencial y como diputado, Gabriel Boric exigió insistentemente la refundación inmediata de Carabineros, cuestionando su legitimidad tras el estallido social de 2019. Frases como “Refundar Carabineros ahora” (publicadas en sus redes en 2021) y promesas programáticas de crear una «nueva policía», con mayor subordinación al poder civil, respeto irrestricto a los Derechos Humanos y cambios estructurales profundos, formaron parte central de su discurso transformador. Lejos de cumplir esa promesa emblemática, el gobierno de Boric no solo abandonó cualquier intento de reforma profunda o refundación, sino que viró hacia un apoyo incondicional a la institución, con incremento presupuestario sostenido, dotación de equipamiento moderno, respaldo político explícito en cada crisis de orden público y declaraciones públicas de total confianza en Carabineros para combatir la delincuencia. Esta condecoración como Alguacil Ilustre corona ese giro de 180 grados. La policía que Boric prometió refundar, ahora lo premia con su máxima honra por haberla fortalecido y respaldado sin fisuras. Este caso se suma a la larga lista de promesas de campaña incumplidas de Boric, desde la condonación total de deudas estudiantiles, hasta reformas estructurales más ambiciosas, evidenciando un patrón de tránsito desde el discurso radical de campaña hacia políticas pragmáticas o derechamente conservadoras en el ejercicio del poder. La entrega de la máxima distinción de Carabineros no es solo un gesto protocolar, simboliza el entierro definitivo de una de las banderas más potentes de su proyecto original y el triunfo de la continuidad institucional sobre el cambio prometido. Fuente Origina

El Festival de Viña del Mar está en pleno desarrollo durante estos días de febrero de 2026, con su gala inaugural atrayendo millones de espectadores y dominando las conversaciones en redes y medios. Como cada año, la Quinta Vergara se transforma en el epicentro de un espectáculo masivo que combina música internacional, humor, competencia y, por supuesto, el legendario «monstruo» del público. Sin embargo, en medio de las luces, las gaviotas de plata y platino, y los ratings estratosféricos, vale la pena detenerse a reflexionar sobre un concepto tan antiguo como vigente: el pan y circo. La expresión proviene de la Roma imperial, donde los emperadores ofrecían grano gratuito (pan) y espectáculos grandiosos en el Coliseo (circo) para calmar a las masas, desviar la atención de la corrupción, las desigualdades y los fracasos del gobierno. En el Chile contemporáneo, el mecanismo opera con variantes locales muy efectivas. El Festival de Viña es el circo por excelencia, un evento que paraliza al país durante una semana, genera euforia colectiva, memes interminables y debates estériles sobre quién ganó o perdió, quién fue abucheado o aplaudido. Mientras tanto, los problemas estructurales, como la precariedad económica persistente, el estancamiento en reformas profundas, la desconfianza en las autoridades, la corrupción en las instituciones, quedan en segundo plano. La indignación se canaliza hacia un mal chiste de un comediante o una nota desafinada, en vez de hacia las cifras de pobreza, el costo de la vida o la calidad de la educación y la salud pública. Pero Viña no es la única herramienta. El fútbol chileno cumple una función similar. Las clasificatorias, los clásicos universitarios o la selección nacional activan pasiones tribales que, por unas horas, unen (o dividen) al país en torno a la pelotita. Cuando la «Roja» juega, las calles se vacían y las conversaciones giran en torno al once titular, no al desempleo o al sistema previsional o la corrupción que ya se tomó todas las instituciones del país. Más sutil y perturbador aún es el uso de las tragedias como espectáculo. Chile tiene una dolorosa familiaridad con catástrofes naturales y sociales, como terremotos, incendios forestales masivos, aluviones, accidentes mineros o aéreos. En lugar de convertirse en momentos de reflexión colectiva y exigencia de responsabilidades políticas, muchas veces se transforman en verdaderos reality shows mediáticos. Coberturas interminables con drones, testimonios lacrimógenos en vivo, expertos improvisados y hasta miniseries posteriores. El dolor se convierte en rating, la empatía en consumo y la memoria en olvido acelerado. La tragedia pasa de ser un llamado a cambiar estructuras a convertirse en otro capítulo de entretenimiento nacional y obvio, negocio para los grandes empresarios. Recordemos que -por ejemplo- en época de incendios, suben como la espuma los precios de los materiales de construcción y las herramientas. Luego, los mismos empresarios organizan por los medios de comunicación campañas para que la gente de a pie acuda a sus negocios, compre sus productos y los done a los damnificados. Negocio redondo. Esta dinámica no es necesariamente conspirativa; no requiere un gran plan orquestado desde arriba. Basta con que los incentivos estén alineados: los canales compiten por audiencia, las redes sociales premian lo viral y lo emocional, los gobiernos ganan oxígeno cuando la ira ciudadana se diluye en distracciones. El resultado es el mismo, una ciudadanía que consume espectáculo en vez de ejercer control democrático sostenido. No se trata de demonizar el entretenimiento. La música, el deporte y el humor son expresiones humanas valiosas; en muchos casos, necesarias para sobrellevar el peso de la realidad. El problema surge cuando estos elementos se convierten en el principal, y a veces único canal de conexión colectiva, desplazando el debate sobre lo esencial. Mientras la Quinta Vergara brilla esta semana, sería saludable preguntarnos ¿qué temas de fondo estamos dejando de lado por estar pendientes de la próxima víctima del monstruo o del peak de sintonía? ¿Cuánto pan necesitamos realmente para que el circo siga funcionando? Porque en una democracia madura, el pueblo merece mucho más que migajas y aplausos prestados. Merece pan de verdad, dignidad económica, derechos garantizados, justicia social y un debate público que no dependa de si alguien se llevó la gaviota o fue pasto del monstruo. Fuente Origina

La reacción surge tras el anuncio del régimen de Washington de revocar las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos altos funcionarios gubernamentales, bajo acusaciones de «comprometer la seguridad regional» debido a su participación en el proyecto de cable submarino Chile-China Express. La Embajada de la República Popular China en Chile emitió este fin de semana una de sus declaraciones más duras hasta la fecha, acusando directamente a la administración de Donald Trump de ejercer una política de «matonaje diplomático» y de actuar sistemáticamente en contra de los intereses nacionales de Chile. La reacción surge tras el anuncio del régimen de Washington de revocar las visas al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos altos funcionarios gubernamentales, bajo acusaciones de «comprometer la seguridad regional» debido a su participación en el proyecto de cable submarino Chile-China Express. El retorno de la «Doctrina Monroe» Para la delegación diplomática china, esta medida no es un hecho aislado, sino la confirmación de una política imperialista que se ha visto acentuada bajo el mandato de Trump. Según el comunicado, el régimen de Estados Unidos utiliza la seguridad nacional como una «pantalla de humo» para frenar el desarrollo tecnológico soberano de las naciones latinoamericanas y mantener su monopolio sobre las telecomunicaciones globales. «La mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos es, sin duda, Estados Unidos», afirma categóricamente el comunicado, subrayando que la actual administración en la Casa Blanca ha revivido una visión anacrónica, donde la región es tratada como su «patio trasero». Puntos clave de la denuncia Ataque a la Soberanía: China califica la sanción como un acto «despótico» que desprecia la dignidad de Chile y su derecho a elegir socios estratégicos. Coerción Económica: La embajada sostiene que EE. UU. intenta imponer su voluntad mediante el miedo y la represalia administrativa, afectando a funcionarios que solo buscan mejorar la conectividad digital del país. Hipocresía en Seguridad: El comunicado menciona el histórico caso «PRISM», recordando que es precisamente Washington quien posee un historial comprobado de espionaje masivo a nivel internacional. Un escenario de tensión regional La nota de prensa de la embajada concluye haciendo un llamado a los países de la región a defender su independencia frente a lo que denominan el «imperialismo del siglo XXI». Este incidente ocurre en un momento de máxima tensión, con la administración Trump intensificando su política de «América Primero» mediante aranceles y restricciones migratorias que han tensado los lazos incluso con sus aliados históricos en el Cono Sur. Fuente Origina

Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, fue enfática al señalar que el fallo es una señal clara contra un proyecto que calificó de «obsoleto y corrupto». La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el tercer rechazo del proyecto minero-portuario Dominga, invalidando de oficio lo resuelto previamente por el Primer Tribunal Ambiental. La decisión ratifica la postura establecida en enero de 2025 por el Comité de Ministros, al considerar que los procedimientos incidentales utilizados por la empresa resultaban improcedentes. Desde Greenpeace, organización integrante de la Alianza Humboldt, calificaron la resolución como un triunfo de la justicia sobre los intentos de la empresa Andes Iron por «saltarse la ley». Un freno a la «estrategia ilegal» Roxana Núñez, abogada y encargada de Incidencia en Greenpeace, fue enfática al señalar que el fallo es una señal clara contra un proyecto que calificó de «obsoleto y corrupto». “El fallo de la Corte es claro y lapidario para Dominga. Valoramos que en esta oportunidad la justicia haya prevalecido y reconocido que su rechazo sigue vigente. Este proyecto no puede seguir avanzando por medio de presiones judiciales”, aseguró Núñez. Sin embargo, la jurista advirtió que es probable que la compañía intente nuevas acciones legales, manteniendo la conducta observada durante la última década. Contexto de probidad y defensa ambiental La resolución llega en un momento crítico para la institucionalidad chilena. Núñez vinculó el caso con las recientes investigaciones sobre tráfico de influencias que han afectado la reputación de diversos sectores del país. Exigencia a las autoridades: Greenpeace instó tanto a las autoridades salientes como entrantes a acatar el fallo y no diseñar «soluciones a medida» que perpetúen el daño ambiental. Investigaciones penales: La organización subrayó la necesidad de que avancen las causas por corrupción relacionadas con el proyecto. Poder comunitario: El fallo se interpreta como una victoria para las comunidades locales y la biodiversidad de la zona, por encima de las estrategias financieras de la minera. “Hoy queda demostrado que el trabajo de las comunidades pesa más que los cientos de millones gastados por una empresa en una estrategia legal fallida”, concluyó la abogada. Fuente Origina

Diputado Jaime Mulet anunció que presentará una consulta ante la Contraloría General de la República para determinar si corresponde que el presidente reciba este beneficio, cuestionando quién evalúa objetivamente el cumplimiento de metas del jefe de Estado. Gabriel Boric recibió durante 2025 un bono por cumplimiento de metas institucionales correspondiente al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), un mecanismo legal que aplica a todos los servidores públicos, incluidos presidentes anteriores. Este incentivo, pagado de forma trimestral (en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025), elevó su sueldo bruto mensual de aproximadamente 7 millones a 10 millones de pesos en esos periodos, equivalente a un 18 por ciento adicional sobre sus remuneraciones permanentes. Desde Presidencia explicaron que el beneficio se otorgó porque la institución cumplió el 99,44 por ciento de las metas fijadas para 2024, evaluadas por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Las metas incluyeron aspectos como ejecución de enfoque de género, gestión sustentable y avances en el Programa Estado Verde. El PMG premia con hasta 7,6 por ciento adicional si se supera el 90 por ciento de cumplimiento (y 3,8% entre 75% y 90%), y en este caso se aplicó el máximo en cada trimestre. Como era de esperar, el exministro de Boric, Giorgio Jackson, defendió el pago, señalando que es un beneficio establecido por ley para todo el sector público y que expresidentes también lo recibieron, descartando cualquier irregularidad o abuso. Sin embargo, surgieron fuertes críticas desde la oposición y otros sectores. Diputados de la UDI (Henry Leal y Flor Weisse) lo calificaron de «vergonzoso e impresentable», argumentando que no hay resultados concretos que justifiquen el bono en medio de las dificultades económicas de muchos chilenos, especialmente los damnificados por incendios forestales. Exigieron una señal de coherencia y que se devuelvan los recursos. Por su parte, el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que presentará una consulta ante la Contraloría General de la República para determinar si corresponde que el presidente reciba este beneficio, cuestionando quién evalúa objetivamente el cumplimiento de metas del jefe de Estado. Agregó que espera que el próximo presidente (mencionando a José Antonio Kast) no lo reciba o lo devuelva si lo hace. ¿Se merece Boric ese bono? Desde un punto de vista estrictamente legal y normativo, sí lo merece, ya que se trata de un incentivo automático y objetivo aplicado a la institución Presidencia por alto cumplimiento institucional certificado por Dipres, y no un aumento discrecional ni exclusivo de él. Precedentes muestran que otros mandatarios lo percibieron. No obstante, desde una perspectiva política y ética, considerando el contexto de crisis económica, demandas sociales y percepción pública, muchos consideran que no es adecuado ni justificable para la máxima autoridad, y que lo coherente sería renunciar a él o devolverlo como gesto simbólico, cosa que Boric nunca hará. La controversia pone en debate si este tipo de bonos debería aplicarse o evaluarse de forma distinta a autoridades electas de alto nivel. Fuente Origina

En el documento, la parlamentaria solicitaba explicaciones sobre la demora en la inscripción de un inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de dicha zona, gestionado por Verónica Oporto González, su madre. Una investigación realizada por el equipo de Contrapoder Chile dejó al descubierto el uso de facultades parlamentarias por parte de la diputada y senadora electa por Valparaíso, Camila Flores, en beneficio directo de un familiar cercano, o sea, su madre. Según los registros oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados, la legisladora de extrema derecha emitió oficios de fiscalización para acelerar la regularización de una propiedad perteneciente a su madre, Verónica Oporto González. El pasado 28 de agosto de 2025, la diputada Flores ingresó un oficio de fiscalización dirigido a Jorge Pacheco, seremi de Bienes Nacionales de la Región de Los Ríos. En el documento, la parlamentaria solicitaba explicaciones sobre la demora en la inscripción de un inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de dicha zona, gestionado por Oporto González. En el texto del oficio, Flores argumentaba que la demora generaba «incertidumbre» en la solicitante, impidiéndole «usar, gozar y disponer de la propiedad». No obstante, tras verificar el certificado de nacimiento de la legisladora, se confirmó que Verónica Oporto González es nada menos que la madre de la diputada, lo que evidencia un conflicto de interés al utilizar herramientas públicas para gestiones particulares de su núcleo familiar. Irregularidades detectadas La investigación destaca dos puntos críticos que cuestionan el actuar de la parlamentaria: Uso de cargo para beneficio familiar: La utilización de los «oficios de fiscalización», una herramienta constitucional para controlar los actos del Gobierno, para presionar por trámites personales de un pariente. Extralimitación territorial: Camila Flores es representante de la Región de Valparaíso, sin embargo, el oficio fue dirigido a instituciones de la Región de Los Ríos, zona donde ella no posee jurisdicción ni representación electoral directa. Respuesta inmediata La gestión de la diputada surtió efecto en tiempo récord. En menos de 24 horas tras la emisión del oficio, el seremi Jorge Pacheco respondió detallando que el expediente se encontraba en etapa final, explicando las razones técnicas de la demora, las cuales involucran la Ley 20.234 y la superficie del terreno (menor a 5.000 metros cuadrados en zona rural). Fuente Origina

Medios internacionales como RT vuelven a poner el foco sobre lo que denominan el «Epstein suramericano». Mientras que en Chile el Caso Spiniak parece haber sido confinado al archivo del olvido por los medios tradicionales y la elite, medios internacionales como RT vuelven a poner el foco sobre lo que denominan el «Epstein suramericano». El reportaje de este medio que está censurado en Chile destaca cómo esta trama de pederastia, que involucró a la élite política y empresarial a principios de los 2000, guarda similitudes estructurales con redes de abuso internacionales vinculadas al poder. Resulta sintomático que sea la prensa extranjera la que refresque la memoria sobre un caso que en Chile se cerró con un manto de duda. Mientras los medios tradicionales locales han optado por el veto informativo o el enfoque exclusivo en la «falsa víctima» (Gemita Bueno) para desviar la atención, el análisis internacional subraya los puntos que la justicia chilena dejó inconclusos. El reporte de RT es explícito al mencionar a los altos dirigentes políticos que fueron salpicados por el escándalo. Jovino Novoa (UDI) fue presidente del Senado y figura clave de la dictadura, señalado en su momento por la «testigo clave» Gemita Bueno. Carlos Bombal (UDI), exsenador que, junto a Novoa, estuvo en el epicentro de las acusaciones. Nelson Ávila (Partido Radical), exsenador que también fue vinculado a las presuntas «fiestas» del magnate. Andrés Zaldívar (DC), histórico dirigente de la Democracia Cristiana cuyo nombre apareció en la trama. Carlos Cantero (RN), parlamentario de Renovación Nacional mencionado en la investigación. ACÁ EL REPORTAJE DEL CANAL RT. Por otro lado estaba Pía Guzmán (RN), la diputada que detonó el escándalo al asegurar la existencia de parlamentarios involucrados, lo que terminó destruyendo su carrera política mientras los demás fueron sobreseídos. Un cierre conveniente para la élite A diferencia del Caso Epstein, donde las investigaciones continúan repercutiendo en las altas esferas de EE.UU., el caso chileno se cerró descartando la existencia de una red de pedofilia (asociación ilícita), permitiendo que los nexos con el poder quedaran sin castigo. Mientras el relato local se enfocó en el «falso testimonio» de la testigo para exculpar a los políticos, el análisis internacional subraya que el daño institucional y la vulnerabilidad de las víctimas menores de edad, captadas en situaciones de precariedad, fueron sacrificados para proteger la estabilidad de la coalición política de la época. Fuente Origina

Según los datos expuestos, al menos 111 chilenos forman parte activa de las fuerzas militares de Israel, integrando un contingente de más de 50 mil soldados con doble nacionalidad. Una reciente revelación basada en documentos oficiales del ejército israelí, difundida por el medio Yedioth Ahronoth, ha puesto en el centro del debate la participación de ciudadanos chilenos en el conflicto en Palestina. Según los datos expuestos, al menos 111 chilenos forman parte activa de las fuerzas militares de Israel, integrando un contingente de más de 50 mil soldados con doble nacionalidad. El informe destaca que, mientras naciones como Estados Unidos, Francia y Rusia aportan los contingentes más numerosos, en América Latina destacan países como Brasil, Argentina y México, seguidos de cerca por Chile. Ante este escenario, se ha realizado un llamado urgente tanto al gobierno saliente como a la administración que asumirá el próximo 10 de marzo en el Palacio de La Moneda para que rompan el silencio y realicen investigaciones exhaustivas sobre estos connacionales. Cuestionamientos a la comunidad judío-sionista La denuncia enfatiza que muchos de estos ciudadanos chilenos participan en el ejército israelí sin haber realizado nunca el servicio militar en Chile, lo que ha llevado a calificarlos como «mercenarios» que deben responder ante la justicia internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo palestino. Asimismo, se critica la postura de la comunidad judío-sionista local, acusándola de guardar silencio y defender a ultranza las acciones del régimen israelí por encima de sus responsabilidades ciudadanas en Chile. Llamado al Ministerio de Defensa y Cancillería La demanda ciudadana es clara, el Ministerio de Defensa y la Cancillería chilena deben emitir declaraciones oficiales y transparentar la situación de estos 111 soldados en activo, así como de los centenares que han pasado anteriormente por dichas filas. El objetivo es poner fin a lo que se describe como un estado de impunidad frente a una «realidad vergonzosa» para el país. Fuente Origina

“Su conocimiento en crimen organizado y prevención es una garantía para el éxito de la nueva subsecretaría», subrayó Kast. Tras una extensa jornada de trabajo de siete horas en el Ministerio de Seguridad Pública, el futuro subsecretario de la cartera, Andrés Jouannet, realizó su primera aparición pública para abordar las controversias que lo vinculan al denominado «Caso Tragamonedas». El diputado por La Araucanía y líder de Amarillos por Chile recibió el respaldo explícito del presidente electo, José Antonio Kast, quien ratificó su idoneidad para el cargo, pese a las polémicas en las que ha estado envuelto. La jornada bilateral, que contó con la participación del equipo del actual ministro Luis Cordero y la futura jefa de gabinete, Trinidad Steinert, estuvo marcada por la defensa corporativa del próximo gobierno hacia Jouannet. Ante los cuestionamientos por su participación en sociedades relacionadas con imputados de la citada causa, Kast aseguró que toda la información fue analizada con antelación al anuncio del gabinete. Respaldo presidencial y trayectoria Kast calificó como una «detención mediática» el resurgimiento de antecedentes antiguos, enfatizando que no existen dudas sobre la integridad del parlamentario. «Jouannet forma parte de un equipo y le agradezco que haya aceptado la responsabilidad. Su conocimiento en crimen organizado y prevención es una garantía para el éxito de la nueva subsecretaría», subrayó Kast. Por su parte, Jouannet enfatizó que sus antecedentes fueron reportados hace más de un año y evitó entrar en detalles sobre conversaciones privadas con el mandatario. «El presidente ya habló», sentenció, dando por zanjada la polémica. Un cierre con cita histórica Frente a las críticas provenientes de sectores oficialistas, Jouannet apeló a su trayectoria como intendente de La Araucanía, delegado provincial y diputado. Para blindar su reputación ante la opinión pública, el futuro subsecretario recurrió a una máxima de Winston Churchill: “A la gente hay que verla por sus acciones”. Con este despliegue, el equipo del próximo gobierno busca cerrar el flanco de críticas y enfocarse en la instalación del mando el próximo 11 de marzo, priorizando la agenda técnica de seguridad y combate al crimen organizado. Fuente Origina