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Críticos, como parlamentarias del oficialismo y organizaciones feministas, incluida la Coordinadora 8M, han calificado su nombramiento como “una burla para las mujeres”, “un peligro” y “fundamentalismo religioso” que podría llevar a retrocesos en políticas públicas de género. La designación de Judith Marín como futura ministra de la Mujer y la Equidad de Género en el gobierno de José Antonio Kast ha desatado una ola de críticas por su marcado fanatismo religioso y su historial de activismo evangélico radical, que pone en riesgo los avances en derechos de las mujeres en Chile. El 18 de julio de 2017, durante la histórica sesión en el Senado que aprobó la despenalización del aborto en tres causales, un grupo de manifestantes evangélicos interrumpió el debate desde las tribunas gritando consignas como “¡Vuélvanse al Señor!” y “¡Vuélvete a Cristo!”, cantando y perturbando la deliberación democrática. Carabineros tuvo que desalojarlos del recinto. Entre los alborotadores se encontraba Judith Marín, entonces integrante del movimiento Las Águilas de Jesús, un grupo evangélico estudiantil conocido por su activismo conservador y proselitista en universidades públicas. Hoy, a sus 30 años, Marín es secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), aliado clave de Kast, y ha sido designada nada menos que para liderar el Ministerio de la Mujer, una cartera creada precisamente para promover la equidad de género, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia machista. Su trayectoria revela un fanatismo que choca frontalmente con las funciones del ministerio: Férrea opositora al aborto, defiende la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” y ha cuestionado públicamente la legitimidad de la ley de tres causales. «Vuélvanse al señor!» La patética protesta de Judith Marín, futura ministra de la mujer, contra los derechos reproductivos de la mujer pic.twitter.com/Dn97fjVkvo — Ayatan (@Ayatanland) January 21, 2026 Su militancia en Las Águilas de Jesús la vincula a posturas extremas que priorizan la fe evangélica por sobre derechos seculares, incluyendo rechazo a la diversidad sexual y enfoques conservadores en familia y género. Críticos, como parlamentarias del oficialismo y organizaciones feministas, incluida la Coordinadora 8M, han calificado su nombramiento como “una burla para las mujeres”, “un peligro” y “fundamentalismo religioso” que podría llevar a retrocesos en políticas públicas de género. Su llegada al Ministerio genera alarma. ¿Priorizará la agenda evangélica conservadora por sobre las necesidades de todas las mujeres chilenas, incluidas las que no comparten su fe? Organizaciones de derechos de las mujeres llaman a la vigilancia y a movilizaciones, como la marcha del 8M, para defender los derechos conquistados y evitar que el fanatismo religioso dicte políticas de Estado en materia de género. Pero un dato que no es menor. Los chilenos eligieron esta alternativa de gobierno. Fuente Origina

El Congreso Nacional, integrado por los propios diputados y senadores, es el órgano que debe aprobar cualquier cambio, lo que representa un claro conflicto de interés y explica la lentitud en las reformas. En Chile, la normativa constitucional permite que un parlamentario (diputado o senador) mantenga su cargo y siga percibiendo su sueldo mensual aproximado de 7 a 8 millones de pesos brutos, más viáticos y asignaciones, incluso si ha sido desaforado y se encuentra en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario por graves imputaciones. Esta situación genera indignación ciudadana recurrente, especialmente en casos mediáticos como los del diputado Mauricio Ojeda (investigado por fraude al Fisco en el Caso Convenios, arista Manicure), quien acumuló pagos por casi 200 millones de pesos del Estado mientras estuvo en prisión preventiva durante gran parte de 2025, o el diputado Francisco Pulgar, en prisión preventiva por delitos sexuales graves. ¿Por qué ocurre esto? La Constitución Política de la República (artículos 61 y 62) establece el fuero parlamentario como una protección procesal que permite el desafuero para ser investigado o juzgado, pero no contempla la suspensión automática del cargo ni de la dieta en casos de medidas cautelares como la prisión preventiva. Mientras no exista una condena firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, el parlamentario sigue figurando como titular del puesto y el Estado continúa pagando su dieta como renta exclusiva por el ejercicio del cargo. No hay norma expresa que ordene su corte, lo que deriva en pagos automáticos a través de la Tesorería General. Esta omisión normativa ha permitido que, en el período legislativo 2022 – 2026, varios diputados desaforados en prisión preventiva o arresto domiciliario por investigaciones en el Caso Convenios y otras aristas de corrupción sigan recibiendo su dieta y manteniendo parte de su equipo parlamentario activo, pese a no ejercer funciones legislativas ni asistir al Congreso. Comparación con un trabajador común Para cualquier empleado del sector privado o público, regido por el Código del Trabajo, la prisión preventiva implica suspensión del contrato por fuerza mayor o acto de autoridad judicial, cese inmediato del pago de su sueldo, no cotizaciones previsionales durante ese período, posible término del vínculo laboral si la condena es incompatible con el cargo. En contraste, el sistema actual protege el cargo parlamentario bajo la presunción de inocencia hasta sentencia ejecutoriada, pero extiende esa protección al aspecto económico sin mecanismos de accountability equivalentes. Intentos de reforma y estado actual Diversos proyectos de reforma constitucional buscan modificar el Artículo 61 para establecer que, en caso de desafuero y suspensión de funciones por prisión preventiva u otras medidas, se suspenda el pago de la dieta. Destacan iniciativas como el proyecto presentado por el diputado Andrés Giordano (Frente Amplio) en enero de 2025, bajo el lema “Desafuero Dieta Cero”, que ha generado debate público y apoyo transversal en algunos sectores, aunque avanza lentamente en comisiones. Propuestas de la senadora Fabiola Campillai (independiente) y boletines refundidos (como el N° 17.383-07), discutidos en la Comisión de Constitución de la Cámara durante 2025, con audiencias a expertos y autoridades. A la fecha, estos proyectos han tenido exposiciones, informes y discusiones en comisiones, pero no han sido aprobados en sala ni despachados. Requieren quórum alto (3/5 o 2/3 de los parlamentarios en ejercicio) y enfrentan resistencias por considerarse parte esencial del fuero como protección contra persecuciones políticas y porque simplemente no les conviene. El Congreso Nacional, integrado por los propios diputados y senadores, es el órgano que debe aprobar cualquier cambio, lo que representa un claro conflicto de interés y explica la lentitud en las reformas. Fuente Origina

Según informó la Corporación Nacional Forestal CONAF la totalidad de incendios forestales activos que se tienen registro a nivel nacional al día de hoy 22 de Enero del 2017 es de apróximadamente de 122 siniestros y 67 han sido controlados por los brigadistas. Las llamas abarcan una superficie que afecta 126.142,31 hectáreas y solo en la Región de O’ Higgins van 98.864, 47.894 en Maule, 38.217 en la Región Metropolitana y 23.304 en Valparaíso. Hasta ahora hay 16 alertas rojas, 11 amarillas y 6 regiones con alertas preventivas. Estas fotografías corresponden al sector de Pumanque en la región de O’higgins. El último informe de la CONAF arrojó que eran 43 incendios forestales en combate. Chile 2017 Considerando que la superficie afectada a nivel nacional por incendios forestales es tres veces superior que lo registrado en la temporada anterior, la organización ambientalista hace un llamado urgente a avanzar en normativas que permitan prevenir nuevos siniestros y entreguen más herramientas para su combate. Ante la emergencia por incendios forestales que afecta especialmente a las regiones del Ñuble y Biobío, Greenpeace hizo un llamado urgente a aprobar la Ley de Prevención de Incendios, detenida en su segundo trámite constitucional en el Senado hace casi dos años, entendiendo que, aunque es una normativa perfectible, representa un avance fundamental para evitar nuevos desastres. “Es francamente incomprensible que, en medio de esta catástrofe nacional, el Senado aún no avance en esta normativa con la celeridad que se requiere”, expresó Silvana Espinosa, experta en clima y ecosistemas de Greenpeace, aludiendo a que recién en la tarde de este martes 20 de enero, la Comisión de Hacienda extendió una citación para discutir el proyecto de ley durante el miércoles. El proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias de indica, fue ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023, luego fue aprobado por la Cámara de Diputados el 6 de marzo de 2024 y, desde entonces, se encuentra atascado en el Senado, en la actualidad en discusión en la Comisión de Hacienda desde el 17 de marzo de 2025, pese a contar con suma urgencia para agilizar su tramitación. “Durante la presente temporada de incendios (2025 – 2026), la superficie afectada por estos incendios alcanza las 58 mil 934 hectáreas, equivalentes a un 207 por ciento de aumento respecto de la temporada anterior, lo que significa que este año se ha quemado tres veces más superficie”, explicó la vocera de Greenpeace. Considerando lo anterior es que, junto a la necesidad de contar con una ley prevención de incendios, desde la organización destacan la relevancia de tener también una planificación territorial que incorpore la gestión del riesgo de desastres en las decisiones públicas, políticas efectivas de prevención y educación ambiental, acompañadas de los recursos suficientes, y generar políticas públicas que fomenten e incentiven el ordenamiento de territorios con diversidad biológica basada en especies nativas, a la vez que protejan los ecosistemas hídricos. “No podemos esperar a que el fuego vuelva a arrasar con todo para que nuestras autoridades reaccionen. Es por eso que hacemos un llamado a convertir la preocupación en acciones concretas. Hoy es urgente que los integrantes de la Comisión de Hacienda aprueben la Ley de Prevención de Incendios, para que luego se vote con celeridad en Sala”, concluyó la vocera de Greenpeace. Nota relacionada: Senadora Ximena Rincón bajo fuego: 10 meses de estancamiento en la Comisión de Hacienda frenan la Ley de Prevención de Incendios en plena tragedia Fuente Origina

En medio de esta catástrofe, que ha generado dolor, destrucción y desesperación en miles de familias, emerge con fuerza la responsabilidad política por la dilación en la aprobación de herramientas clave de prevención. La tragedia de los incendios forestales que azotan las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía ha dejado un saldo devastador: al menos 20 personas fallecidas, más de 7 mil damnificados, cientos de viviendas destruidas y decenas de miles de hectáreas consumidas por las llamas. En medio de esta catástrofe, que ha generado dolor, destrucción y desesperación en miles de familias, emerge con fuerza la responsabilidad política por la dilación en la aprobación de herramientas clave de prevención. El proyecto de ley de prevención de incendios forestales y rurales (Boletín N° 16335-14), ingresado por el Ejecutivo en octubre de 2023 y aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de 2024, lleva estancado desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora de derecha, Ximena Rincón, quien será la ministra de Energía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. La Senadora Ximena Rincón no puso el proyecto de Ley de incendios en tabla para votarlo. ¡No hizo su pega! #chile #incendios #leydeincendios pic.twitter.com/MOWLDCMNrN — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) January 20, 2026 A pesar que el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones la suma urgencia para su tramitación, incluyendo llamados directos de Gabriel Boric y la ministra vocera Camila Vallejo, el proyecto no ha avanzado de manera significativa hacia su despacho a la Sala ni ha sido priorizado consistentemente en la tabla de sesiones. Esta paralización de más de 10 meses en la comisión que dirige la senadora Rincón ha sido duramente cuestionada por autoridades, exministros como Esteban Valenzuela, diputados de diversas bancadas y organizaciones ambientalistas. El proyecto busca fortalecer la prevención estructural mediante obligaciones claras para propietarios, regulación del uso del suelo en zonas de interfaz urbano-rural, endurecimiento de sanciones, planes obligatorios de mitigación y mejor coordinación entre servicios públicos y privados, medidas que podrían haber reducido la vulnerabilidad ante megaincendios recurrentes. Sin embargo, pese a la gravedad de la emergencia actual y a las presiones para acelerar su aprobación, la Comisión de Hacienda, bajo la presidencia de Ximena Rincón, ha mantenido el proyecto en un segundo plano. La Ley de Incendios durmiendo 10 meses en el escritorio de Ximena Rincón, sin prioridad. @ximerincon #Incendioforestalchile #IncendioForestal #incendio @ximenarin #ChileBajoAtaqueTerrorista pic.twitter.com/ZvRAVFbhf6 — Boric Estamos Contigo (@estamosconboric) January 20, 2026 La senadora de derecha ha defendido su gestión argumentando que se han realizado sesiones técnicas, al menos cinco formales, que el texto presenta deficiencias, como insuficiente financiamiento, traslado de costos a pequeños propietarios y debilidades en persecución penal o restauración, y que su aprobación no habría evitado la actual tragedia. No obstante, estas explicaciones han sido recibidas con indignación por sectores que ven en la dilación una falta de priorización política en un momento crítico para el país. La responsabilidad de la senadora Ximena Rincón, como presidenta de la Comisión de Hacienda, es central en este estancamiento. Le corresponde poner en tabla los proyectos con urgencia declarada, convocar sesiones efectivas y avanzar en su despacho. La inacción prolongada ante una iniciativa clave de prevención, mientras miles de chilenos sufren las consecuencias de incendios devastadores, genera interrogantes sobre el compromiso real con la seguridad de las comunidades en riesgo. Fuente Origina