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Jurisprudencia: La aplicación del principio en el ámbito del empleo público implicaría una alteración sustancial del sistema de carrera funcionaria diseñado por el legislador. El pasado 7 de octubre la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N° 28.295-2025 confirmó la sentencia apelada de 8 de julio de 20225 dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó la acción de protección interpuesta en contra de la Municipalidad de Curicó. El recurso fue presentado por un periodista y funcionario a contrata de dicha municipalidad, quien impugnó el Oficio Ord. N° 18 de 27 de enero de 2025, mediante el cual se le comunicó el término de su nombramiento, vigente hasta el 28 de febrero de 2025, sin renovación. El recurrente alegó que la decisión era ilegal y arbitraria, invocando tres fundamentos principales : En primer lugar, denuncia la ilegalidad formal del acto impugnado, argumentando que la decisión debió materializarse mediante decreto alcaldicio conforme al artículo 12 de la Ley N° 18.695 y no mediante un simple oficio, vulnerando así el principio de legalidad administrativa. Además, sostiene que el acto carece completamente de motivación y fundamentación, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3° y 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, así como el principio de transparencia consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política. En segundo lugar, invoca el principio de confianza legítima, exponiendo que mantiene un vínculo laboral continuo con la Municipalidad por 9 años y 11 meses, de los cuales 4 años y 10 meses se desempeñó a honorarios (marzo 2015 a diciembre 2020) y desde enero 2021 como funcionario a contrata, habiendo cumplido funciones en el programa «Seguridad para Todos», la Oficina de Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad Pública. Argumenta que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente los dictámenes 16.512/2018 y E420188N23 del 24 de noviembre de 2023, reconoce que los períodos trabajados a honorarios deben computarse para configurar la confianza legítima cuando se trata de funciones continuas y permanentes por más de cinco años. Finalmente, denuncia discriminación arbitraria al constatar que otros funcionarios con menos antigüedad o en situaciones similares obtuvieron renovación de sus contratas para el año 2025, sin que exista justificación objetiva para el trato diferenciado. La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso, indicando que el artículo 12 del DFL N° 1, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica de Municipalidades, no exige que toda manifestación de voluntad se realice por decreto alcaldicio. Además, sostuvo que la comunicación del término de una contrata constituye un acto meramente declarativo, que no requiere fundamentación específica, pues la relación expira automáticamente por mandato del artículo 10 del DFL N° 29, sobre Estatuto Administrativo. En cuanto a la denominada “confianza legítima” indicó que carece absolutamente de consagración normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata, por tanto, de una construcción derivada de pronunciamientos administrativos de la Contraloría General de la República que, sin perjuicio de su eventual valor hermenéutico, no puede ser invocada en sede judicial como reglas decisorias litis para crear derechos subjetivos que el legislador no ha previsto expresamente. La aplicación del pretendido principio de confianza legítima en el ámbito del empleo público implicaría una alteración sustancial del sistema de carrera funcionaria diseñado por el legislador, el cual diferencia nítidamente entre la estabilidad propia de los empleados de planta y la temporalidad inherente a los funcionarios a contrata. Aceptar que las meras renovaciones sucesivas puedan generar derechos de permanencia equivaldría a desnaturalizar la institución jurídica de la contrata, transformándola de facto en un nombramiento de planta sin cumplir los requisitos legales correspondientes, lo que vulneraría gravemente los principios de mérito, transparencia e igualdad que informan el acceso a la función pública. Finalmente, las sucesivas renovaciones anuales de la contrata del recurrente constituyen actos de administración ordinaria que se agotan en sí mismos al término de cada período, sin proyectar efectos hacia el futuro ni generar obligaciones de renovación ulterior, toda vez que cada designación a contrata constituye un acto administrativo independiente y autónomo que no está condicionado por decisiones administrativas anteriores. En cuanto a la alegación de discriminación, se determinó que la decisión de no renovar la contrata del recurrente respondió a una crisis financiera municipal que obligó a racionalizar el gasto público mediante la reducción del personal. Se aplicó un criterio objetivo y general: renovar solo las contratas de quienes tuvieran al menos cinco años continuos de servicio, estándar que el recurrente no cumplía (solo tenía cuatro años y dos meses). Por ello, su situación era jurídicamente distinta a la de los funcionarios renovados. Además, los períodos trabajados a honorarios no pueden computarse, pues se rigen por un régimen jurídico diferente al de los funcionarios a contrata. Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre el cargo, el tribunal reiteró que los funcionarios públicos no tienen un derecho de propiedad sobre su empleo, sino un derecho estatutario condicionado a las causales legales de cesación. Apela dicha decisión fue confirmada por la Corte Suprema. Corte Suprema rol N° 28.295-2025 Corte de Apelaciones de Talca Fuente Origina

Este aumento posiciona a Chile entre los países de la OCDE con mayores alzas en este rubro, solo superado por naciones como Turquía, Hungría y Colombia. Desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en diciembre de 2019, los precios de los alimentos en Chile han experimentado un incremento acumulado del 39,8 por ciento, según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Este aumento posiciona a Chile entre los países de la OCDE con mayores alzas en este rubro, solo superado por naciones como Turquía, Hungría y Colombia. El alza, que refleja el impacto de disrupciones en las cadenas de suministro globales, la guerra en Ucrania y presiones inflacionarias locales, ha afectado significativamente la canasta básica de los chilenos. Productos esenciales como la papa, los huevos y el pimentón han registrado incrementos superiores al 90 por ciento en algunos casos, según estudios previos de la Universidad de la Frontera de Temuco. Este encarecimiento ha contribuido a una inflación general del 39,2 por ciento en el mismo período, superando el promedio de la OCDE. Fuente Origina

Sin un registro único y actualizado del personal público, que incluya a todos los niveles del gobierno, el Estado enfrenta ineficiencia, opacidad en la gestión y mayor riesgo de corrupción. OPINION: Por Alfonso España Desde hace 2 años ronda en el debate público la percepción de que el actual gobierno habría aumentado en 100 mil … Read more Fuente Origina

“Creemos que está violando absolutamente todas las normas y las instrucciones que ha dado la Contraloría que ha sido muy celosa y categórica en señalar que ningún funcionario público puede en su horario laboral realizar campañas electorales o actividades de campaña”, dijeron. El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el director ejecutivo del SLEP Iquique, por realizar campaña política a favor del candidato José Antonio Kast, en un liceo público de la comuna de Alto Hospicio. Para el presidente nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar, lo sucedido “es claramente ilegal, proselitismo directamente a la candidatura de José Antonio Kast, en un colegio público de la comuna de Alto Hospicio, actividad que, a nuestro entender, está absolutamente prohibida y Contraloría tiene muy claro que los funcionarios públicos no pueden -en su horario laboral- realizar actividades de este tipo”. El líder gremial docente explicó que la acción “va directamente contra el director del Servicio Local de Educación Pública de Iquique, porque creemos que está violando absolutamente todas las normas y las instrucciones que ha dado la Contraloría que ha sido muy celosa y categórica en señalar que ningún funcionario público puede en su horario laboral realizar campañas electorales o actividades de campaña”. El dirigente espera “sanciones, tanto para el funcionario como para Kast, quien, además, estuvo acompañado de sus candidatos a diputados y senadores. Nos parece muy grave, por ello nos parece que debe intervenir directamente Contraloría como otros órganos”. Mario Aguilar explicó que la denuncia les llegó a través del Directorio Regional del Colegio de Profesoras y Profesores de Tarapacá, por redes sociales y por mensajes de apoderados molestos porque sus hijos fueron utilizados para el beneficio de una campaña presidencial. Fuente Origina

En un contexto de creciente movilización social, el clamor por #JusticiaParaJuliaChuñil se intensifica, exigiendo respuestas inmediatas y acciones concretas para esclarecer este crimen que ha conmocionado a Chile. Hoy, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió por primera vez de manera oficial al caso de Julia Chuñil, la dirigenta mapuche y defensora ambiental desaparecida desde el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, Región de Los Ríos. En un punto de prensa, Vallejo expresó la “preocupación” del Ejecutivo, exigió celeridad al Ministerio Público en la investigación y envió solidaridad a la familia, afirmando que “dónde está Julia Chuñil es una pregunta que el Gobierno también se hace en este momento”. Sin embargo, esta declaración llega casi un año después de la desaparición y días después de la filtración de un audio explosivo que ha conmocionado al país, evidenciando una tardía respuesta del Gobierno frente a un caso de extrema gravedad. Julia Chuñil, presidenta de la Comunidad Indígena de Putreguel y reconocida por su lucha contra la deforestación, desapareció junto a su perro Cholito, tras salir a buscar animales en un predio en disputa. La reciente filtración de un audio, donde el empresario Juan Carlos Morstadt supuestamente confiesa haber “quemado” el cuerpo de la activista, desató indignación nacional y movilizaciones en Valdivia, Pichilemu y otras ciudades. Organizaciones indígenas, feministas, ambientales y de Derechos Humanos han exigido justicia, mientras la familia de Chuñil, representada por la abogada Karina Riquelme, ha calificado la revelación como una “verdad brutal” tras meses de búsqueda sin respuestas. La demora del Gobierno de Boric en pronunciarse oficialmente ha generado críticas por la falta de prioridad hacia un caso que involucra violaciones a los Derechos Humanos y la protección de defensores ambientales mapuches. Aunque Gabriel Boric mencionó el caso en diciembre de 2024, durante el Día de los Derechos Humanos, ordenando reforzar la investigación, la ausencia de avances concretos y la tardía reacción tras la filtración del audio han intensificado las acusaciones de negligencia. “Es inaceptable que una dirigenta mapuche desaparezca y el Gobierno demore tanto en asumir un rol activo y visible en la búsqueda de justicia”, señaló un representante de la Coordinadora por los Derechos Humanos en Los Ríos. La investigación, liderada por la Fiscalía de Los Ríos con apoyo de la PDI, ha sido cuestionada por su lentitud, y la filtración del audio ha generado una causa paralela por fuga de información. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha exigido al Estado redoblar esfuerzos, y el Congreso citó al fiscal regional Jorge Valencia para un informe detallado. La familia de Julia ha convocado a una marcha nacional el 8 de noviembre, demandando verdad y justicia. La tardanza del Gobierno en abordar públicamente este caso refleja, para muchos, una falta de compromiso con los derechos de las comunidades indígenas y los defensores del medio ambiente. En un contexto de creciente movilización social, el clamor por #JusticiaParaJuliaChuñil se intensifica, exigiendo respuestas inmediatas y acciones concretas para esclarecer este crimen que ha conmocionado a Chile. Qué se dice en redes sociales sobre este tema: ⭕ Difudimos, pronta a comenzar la asamblea abierta por Julia Chuñil en Temuco, a realizarse sobre el anfiteatro sobre la Galeria de Arte de la Plaza Janequeo (ex plaza de armas de Temuco) Información enviada a la radio. pic.twitter.com/1Fo3ykQLiD — N҉I҉K҉O҉L҉A҉Y҉ (@NikolayOCDC) October 7, 2025 Queremos enviar nuestra más profunda solidaridad y empatía a la familia de Julia Chuñil. Como Gobierno, desde el primer momento, hemos dispuesto el apoyo necesario a la investigación liderada por el Ministerio Público, porque no es posible que en nuestro país, una persona… pic.twitter.com/0t6A2r20OW — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) October 6, 2025 Fuente Origina

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes acusó públicamente a la candidata del oficialismo, de contar en su comando de campaña con la «mano derecha» de uno de los propietarios de los terrenos ocupados en la megatoma de San Antonio. En un nuevo episodio de tensiones internas en el oficialismo, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), acusó públicamente a la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), de contar en su comando de campaña con la «mano derecha» de uno de los propietarios de los terrenos ocupados en la megatoma de San Antonio, Región de Valparaíso. La revelación, emitida durante una entrevista en el programa Estado Nacional de TVN y Canal 24 Horas, ha desatado un cruce de declaraciones que pone en jaque la unidad del gobierno ante la crisis habitacional y las elecciones presidenciales de 2025. Muy grave lo revelado por el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. El ministro señaló que en el comando de la candidata oficialista Jeannette Jara participa el mano derecha del dueño de los terrenos de la Megatoma de San Antonio. Montes declaró: “Es una persona que… pic.twitter.com/44VAqXZSKe — Juan Fran Torres (@JuanfranTorres) October 6, 2025 Detalles de la acusación En el marco de un diálogo sobre las dificultades para resolver la megatoma del Cerro Centinela, donde unas 4 mil familias ocupan ilegalmente 260 hectáreas desde 2019, Montes soltó la bomba: “No lo debería decir, pero lo voy a decir: el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Me lo contó el propio señor dueño del terreno”. El ministro, de 88 años y figura histórica del socialismo chileno, aclaró que no busca «individualizar ni establecer implicaciones políticas», pero enfatizó que se trata de una «persona que trabaja en una empresa privada» y que tiene «su visión» sobre el conflicto. Además, reveló que al menos dos funcionarios del Ministerio de Vivienda colaboran con la campaña de Jara fuera de horario laboral, una práctica que, según él, «es más o menos desde siempre en Chile». Los terrenos pertenecen a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., propiedad de empresarios como Esteban Solari Bertoglia (59 años, con participaciones en diversas compañías) y Luis Medel Corral (81 años). Tras 17 rondas de negociaciones fallidas con el Minvu y el municipio, los dueños activaron el desalojo el 5 de septiembre de 2025, argumentando «inoperancia gubernamental». El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, advirtió de una «crisis humanitaria» si se ejecuta la medida, que afectaría a unas 10 mil a 15 mil personas, incluyendo niños y adultos mayores. Jara suma a su comando a empresario que busca desalojar a cientos de familias en San Antonio https://t.co/rOs2qwf5ZF vía @360_360noticias cc: @jeannette_jara @PCdeChile ❤️‍🩹 — Víctor Hugo Robles (@elchedelosgays) October 6, 2025 Respuesta de la candidata Jeannette Jara, exministra del Trabajo y abanderada de una coalición que incluye al PCCh y la DC, no tardó en reaccionar. En declaraciones a la prensa este lunes, emplazó directamente a Montes: “Desconozco a qué se refiere (…) Respecto de asesores, la gente en la toma de San Antonio –que a todo esto no me quedó claro si se refería a los dueños del terreno o a la gente de la toma–, creo que él tendrá que dar las explicaciones y hacerse cargo de sus palabras”. La candidata, que ha posicionado su campaña en la defensa de los derechos laborales y sociales, reiteró sus críticas a la gestión de la vivienda: «Es lamentable la situación de la reconstrucción de Viña del Mar y su demora», refiriéndose a los incendios de febrero de 2024 que aún no se resuelven. Su comando, a través de la senadora Alejandra Sepúlveda (PC), respaldó la postura: «No hemos logrado entender el objetivo del ministro Montes de auscultar quienes están colaborando en el comando presidencial». Repercusiones políticas y sociales El incidente ha generado un quiebre visible en La Moneda, donde fuentes cercanas al gobierno calificaron los dichos de Montes como «desacreditados» y «contraproducentes». El senador socialista Tomás de Rementería llamó a no escalar el conflicto: «El ministro Montes apoya a Jeannette Jara, y el tema no tiene que ver con eso». Este episodio se suma a las disputas por la crisis habitacional nacional, con mil 432 campamentos y 52 órdenes de desalojo pendientes. Expertos en vivienda advierten que el caso ilustra las fracturas éticas del progresismo chileno, donde el discurso social choca con alianzas pragmáticas. Mish! 1) Así que la mano derecha del dueño de la Megatoma en San Antonio, es parte integrante del Comando de @jeannette_jara 2) ¿Y qué vamos a hacer si lo desalojan antes de las elecciones? 3) ¿La venganza del Jedi (@carlosmontestwt)?😨 pic.twitter.com/LP75Jl6pUx — Patricio Pino Matus (@PapinoMatus) October 6, 2025 La megatoma La ocupación en San Antonio, iniciada en 2019, creció pese a fallos judiciales de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que ordenaron su desalojo en junio de 2022, con prórrogas hasta febrero de 2025. Las familias demandan subsidios y compra estatal de los terrenos, invocando el artículo 19 N° 22 de la Constitución (derecho a vivienda digna). Los propietarios, por su parte, ofrecen un esquema de 0,4 UF por familia, calificado como «inalcanzable» por el gobierno. Montes, en un comunicado posterior, bajó el tono: «No tengo ni he buscado controversias (…), fomentando así el diálogo constructivo en materia de vivienda». Sin embargo, el daño parece hecho, en un oficialismo que busca unidad de cara a las primarias de noviembre. Fuente Origina

En redes sociales, gran parte de la conversación no surge de ciudadanos, sino de mecanismos automatizados que inflan artificialmente los mensajes. En redes sociales, no todo es lo que parece. Detrás de los miles de retuits y la aparente masividad que muestran algunos candidatos presidenciales, gran parte de la conversación no surge de ciudadanos, sino de mecanismos automatizados que inflan artificialmente los mensajes. Así lo revela el tercer informe Zoom Electoral: La campaña presidencial en redes sociales, elaborado por el Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, que analizó las cuentas en X que tienen comportamiento de bots vinculado a los hashtags de las campañas presidenciales. Los datos sobre los hashtags fueron estudiados entre el 22 y 28 de septiembre, durante ese periodo de tiempo se detectó que el 94,8 por ciento de la conversación de #KastPresidente fue artificial, #JaraPresidenta (91,9 por ciento) y #EvelynPresidenta (89,2 por ciento) concentran los niveles más altos de tráfico no orgánico. En contraste, #ParisiPresidente (70,7 por ciento) y #KaiserPresidente (79,4 por ciento) exhiben una mayor fracción de conversación genuina, aunque igualmente minoritaria. “Esta diferencia revela que la masividad en redes sociales no siempre refleja un respaldo ciudadano auténtico, sino que responde en gran medida a estrategias de propaganda digital”, destaca el informe. Para Óscar Jaramillo, investigador del Observatorio Desinformación y coautor del estudio, el problema es que este tráfico artificial puede instalar temas en la agenda que no necesariamente representan las preocupaciones de la ciudadanía. “El principal problema del tráfico artificial es que infla y pone en circulación temas que no necesariamente son los que está hablando la ciudadanía. Esto genera una percepción de relevancia que puede no corresponder con las preocupaciones reales de los electores”. Mientras que para Guillermo Bustamante, académico de la Facultad de Comunicación Uandes y coautor del estudio, señala que el espacio de conversación orgánica, aunque es más pequeño, tiene un valor estratégico para las campañas. “Es la conversación genuina de los ciudadanos en torno a los hashtags presidenciales. Ahí se reflejan las preocupaciones reales de los electores, y por eso es donde los candidatos deberían poner mayor atención”. El estudio concluye que, pese a las diferencias porcentuales, todos los candidatos muestran un patrón común: predominio del tráfico artificial por sobre el orgánico, lo que confirma que la popularidad digital no siempre equivale a apoyo ciudadano real. Fuente Origina