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En un ataque directo, el fiscal venezolano destacó el carácter derechista de Boric, a quien calificó como «continuidad del pinochetismo». Saab afirmó que el presidente chileno, lejos de representar los valores progresistas que proclama, actúa como un heredero ideológico de la dictadura de Augusto Pinochet En una reciente entrevista con Canal 13, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, descartó categóricamente cualquier participación del gobierno venezolano en el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago. En un tono contundente, Saab desmintió las acusaciones de Gabriel Boric, quien desde Roma señaló posibles vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con el crimen, y arremetió contra el mandatario chileno, tildándolo de «un presidente repudiado» y un «heredero de Pinochet». Saab, en defensa del gobierno venezolano, afirmó que «no solo niego la participación de Diosdado Cabello, sino de cualquier autoridad venezolana en este caso». Cuestionó la investigación de la fiscalía chilena, liderada por Héctor Barros, por considerar que carece de pruebas sólidas y está influenciada por motivaciones políticas. Además, acusó a Boric de utilizar el caso para desviar la atención de su impopularidad en Chile, donde, según Saab, «es odiado por la gente». En un ataque directo, el fiscal venezolano destacó el carácter derechista de Boric, a quien calificó como «continuidad del pinochetismo». Saab afirmó que el presidente chileno, lejos de representar los valores progresistas que proclama, actúa como un heredero ideológico de la dictadura de Augusto Pinochet, alineándose con intereses conservadores y neoliberales que perpetúan políticas opresivas en Chile. «Boric no tiene moral para hablar de Venezuela, es un presidente que responde a los mismos intereses de la derecha pinochetista», sentenció. Estas declaraciones han intensificado la crisis diplomática entre Venezuela y Chile, ya deteriorada por el caso Ojeda, donde la fiscalía chilena sostiene un «móvil político» sin que se hayan establecido condenas definitivas. Las palabras de Saab han generado reacciones encontradas, avivando el debate sobre la relación entre ambos países y el rol de Boric, cuya gestión ha sido cuestionada por sectores de la izquierda latinoamericana por su claro y evidente viraje hacia posiciones derechistas. Fuente Origina

Afirmó que el Ejecutivo “hizo el 1% de lo que comprometió a las víctimas del estallido, nos defraudó totalmente”. Además denunció la falta de avances en la reparación integral prometida por Boric durante su campaña presidencial en 2021. En el marco de la conmemoración de los seis años del estallido social de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai, víctima de violencia estatal durante las protestas, expresó su profunda decepción con el gobierno de Gabriel Boric. En una entrevista publicada este sábado por La Tercera, Campillai afirmó que el Ejecutivo “hizo el 1% de lo que comprometió a las víctimas del estallido, nos defraudó totalmente”. Campillai, quien perdió la visión tras ser atacada con perdigones por Carabineros en noviembre de 2019, denunció la falta de avances en la reparación integral prometida por Boric durante su campaña presidencial en 2021. Según la senadora, el gobierno no ha concretado medidas significativas en justicia, verdad ni reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido. “El catastro de víctimas sigue incompleto tras cuatro años, y hemos perdido compañeros por suicidio debido al abandono y la falta de apoyo psicológico y económico”, señaló. La senadora destacó que, pese a la creación de mesas de trabajo en 2022 con la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, y la entrega de informes por parte de la Mesa Unitaria de Trabajo por la Reparación, el proyecto de Ley de Reparación Integral, impulsado por ella desde el Senado, no ha avanzado. Esta inacción llevó a Campillai a romper públicamente con el gobierno en mayo de 2025, tras meses de frustración por promesas incumplidas. La declaración de Campillai generó amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación. En X, la senadora compartió la entrevista, recibiendo cientos de interacciones. Hasta el momento y como es de esperar, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las declaraciones de Campillai, lo que intensifica el debate sobre el cumplimiento de las promesas de reparación a las víctimas del estallido social. Hace seis años, Chile vivió la mayor crisis de violaciones a los derechos humanos en más de tres décadas. Ha primado la impunidad, el negacionismo y la mentira. Para no repetir la historia, es necesario que el Estado dé respuestas ante las exigencias de la ciudadanía. pic.twitter.com/QxoqVLiTDE — Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) October 18, 2025 Boric y sus promesas de campaña: Las promesas de Gabriel Boric como candidato presidencial en 2021, especialmente en relación con las víctimas del estallido social de octubre de 2019, se centraron en varios compromisos clave que, según críticas como la de la senadora Fabiola Campillai, no se han cumplido o han avanzado mínimamente. A continuación, se detallan las principales promesas relacionadas con las víctimas del estallido social y su estado de cumplimiento, basándome en la información disponible, incluyendo la declaración de Campillai y reportes de medios y X. Promesas de Gabriel Boric como candidato (2021) Reparación integral para las víctimas del estallido social: Promesa: Boric se comprometió a garantizar reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social, incluyendo apoyo psicológico, económico, médico y judicial. Esto implicaba medidas para abordar las consecuencias de la represión policial, como lesiones graves, pérdida de visión (casos como el de Campillai y Gustavo Gatica) y traumas psicológicos. Estado: Según Fabiola Campillai, solo “el 1%” de lo prometido se ha cumplido. No se ha avanzado en una Ley de Reparación Integral, proyecto que ella impulsa desde el Senado. Las víctimas denuncian abandono, falta de apoyo psicológico continuo y recursos económicos insuficientes. Campillai mencionó en La Tercera casos de suicidios de víctimas debido a la falta de acompañamiento. Catastro completo de víctimas: Promesa: Boric prometió realizar un catastro exhaustivo de las personas afectadas por la violencia estatal durante el estallido para identificar a todas las víctimas y sus necesidades, como base para la reparación. Estado: Campillai señaló que, tras cuatro años de gobierno, el catastro sigue incompleto. Esto ha dificultado la implementación de políticas específicas para las víctimas, dejando a muchas sin reconocimiento oficial ni acceso a ayuda. Justicia y verdad para las víctimas:Promesa: Boric aseguró que su gobierno impulsaría investigaciones y sanciones contra los responsables de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo a agentes de Carabineros y mandos políticos. También prometió avanzar en la “verdad” sobre los hechos ocurridos durante el estallido. Estado: Los avances en justicia son limitados. Según reportes, pocos casos han resultado en condenas significativas, y la mayoría de los responsables de lesiones graves (como los casos de trauma ocular) no han enfrentado consecuencias. Campillai criticó la falta de acción concreta en este ámbito, destacando que las víctimas siguen esperando justicia. Mesas de trabajo y políticas públicas para la reparación:Promesa: Boric propuso crear instancias participativas con las víctimas para diseñar políticas de reparación, incluyendo mesas de trabajo con organizaciones de derechos humanos. Estado: En 2022, se iniciaron mesas de trabajo con la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter, y se entregaron informes al gobierno. Sin embargo, Campillai denunció que estas iniciativas no se han traducido en acciones concretas ni en una ley de reparación. La Mesa Unitaria de Trabajo por la Reparación no ha logrado que sus propuestas se materialicen. Fortalecimiento de los Derechos Humanos:Promesa: Boric prometió una agenda de Derechos Humanos que incluyera reformas a Carabineros para evitar la repetición de violaciones y garantizar la no impunidad. Estado: Si bien ha habido intentos de modernizar Carabineros (como cambios en protocolos), las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos critican la falta de reformas estructurales. La percepción de impunidad persiste, y no se han implementado cambios significativos para garantizar la no repetición. Fuente Origina

El instituto anuncia evaluación de las acciones del Estado que presentará en 2026 en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuando se cumplen seis años de la crisis social de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recuerda que esta es la crisis de derechos humanos más grave vivida por el país desde la restauración de la democracia, afirmación que estableció de manera unánime el Consejo del INDH a través del Informe Anual de ese año. Para examinar cuál ha sido hasta ahora la respuesta del Estado en el ámbito de la justicia, el instituto realizó una revisión de las acciones judiciales que interpuso por las graves violaciones a los Derechos Humanos, que tuvieron lugar entre el 17 de octubre de 2019 hasta el 18 de marzo de 2020. Además, anunció que realizará una indagatoria minuciosa de las respuestas del Estado en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. En relación a las querellas interpuestas por el INDH, se trata de 3 mil 247, de las cuales 145 ya se encuentran finalizadas, pero sólo 68 de ellas concluyeron con sentencias condenatorias para los agresores. A través de diversas entrevistas a medios de comunicación, el director del INDH, Yerko Ljubetic ha indicado que estos resultados son preocupantes. Del total de estas querellas, 2 mil 311 fueron por apremios ilegítimos, 566 por torturas, 249 por violencia innecesaria y 121 por otro tipo de vulneración. Este universo de querellas da cuenta de las denuncias de 3 mil 842 víctimas: 2 mil 861 hombres (75 por ciento) y 978 mujeres (25 por ciento). Mientras que la edad promedio es de 26 años. Víctimas registradas por el INDH Además, del universo total de víctimas registradas por el INDH, mil 492 corresponden a personas de uno o más grupos de especial protección. Entre éstas destacan 605 niños, niñas o adolescentes (16 por ciento), 34 personas mayores, 28 que tienen alguna discapacidad, 25 personas LGBTIQ+ y 20 personas migrantes. Es importante señalar que una persona puede ser parte de más de un grupo de especial protección. Si la cifra de víctimas se analiza por las consecuencias de los ataques, siete personas fallecieron, en tanto que 3 mil 648 (el 95 por ciento) sufrieron algún tipo de lesión física. 228 de ellas (6 por ciento) fueron afectadas por alguna lesión ocular. Además, el 20 por ciento de las mujeres denunciantes indicaron que fueron víctimas de violencia sexual, mientras que en el caso de los hombres, esta cifra corresponde al 10 por ciento. Reparación y garantías de no repetición En cuanto a las medidas de reparación, es importante recordar a las más de 464 personas con algún tipo de lesión ocular registradas por el Ministerio Público y a las miles que presentaron lesiones graves de otro tipo. Del mismo modo, considerar a las personas que sufrieron violencia institucional en el contexto de la crisis social y que durante los años siguientes se han suicidado. Al respecto, el INDH ha sostenido que la reparación integral a las víctimas debe considerar medidas dirigidas a la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la satisfacción. Referido a lo anterior, el director Yerko Ljubetic ha indicado que “los esfuerzos emprendidos en materia de reparación han sido insatisfactorios”. En esa línea, el instituto ha determinado indagar rigurosamente las medidas que ha adoptado o no el Estado respecto de las graves violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la crisis social, atendiendo especialmente a las recomendaciones formuladas por el INDH en sus informes, de manera de dar a conocer durante 2026 una evaluación sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades estatales relativas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En relación con las garantías de no repetición, el instituto ha sostenido que es incuestionable que la violencia de la que fueron víctimas las personas, no puede volver a ocurrir en el país y para eso se necesitan fuerzas del orden capacitadas, con pleno respeto a los Derechos Humanos. Informe del Ministerio Público Además, el director del INDH indicó que “las cifras que ha dado a conocer el Ministerio Público en su balance de lo ocurrido en el contexto de la crisis social, confirman la preocupación planteada desde el INDH a partir del resultado de nuestras propias querellas”, dijo Ljubetic. Según recordó el director, “del total de casos investigados por el Ministerio Público relativos a violencia institucional, que fueron más de 11 mil 500, sólo en 385 se terminó con una sentencia, y de ellas sólo 219 fueron condenatorias. El resultado desde el punto de vista de establecer la verdad y la justicia es francamente insatisfactorio”, concluyó. Es importante indicar también que, según el balance del Ministerio Público, más del 90  por ciento de las causas por delitos por violencia institucional se encuentran concluidas. Las causas vigentes representan sólo 8,8 por ciento del total, el resto ha sido objeto de Decisión de No Perseverar (3.215) o archivo (6.821). Fuente Origina

Informe advierte sobre persistentes desafíos estructurales en materia de seguridad de periodistas, pluralismo informativo y adaptación normativa al entorno digital. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Chile 2024, en el que reconoce avances en la protección de este derecho fundamental, pero advierte sobre persistentes desafíos estructurales en materia de seguridad de periodistas, pluralismo informativo y adaptación normativa al entorno digital. El informe —aprobado el 14 de agosto de 2025— fue elaborado tras la visita oficial realizada por el relator especial Pedro Vaca Villarreal entre los días 18 y 21 de marzo de 2024, en el marco del Mecanismo Conjunto de Seguimiento (Mesech) al Estado de Chile. Durante su misión, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, representantes de medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y académicos. Según la RELE, Chile mantiene una trayectoria institucional destacada en la defensa de la libertad de expresión y la cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No obstante, el informe subraya que persisten brechas significativas que obstaculizan el pleno ejercicio de este derecho, particularmente en tres ejes prioritarios: Seguridad de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación: El informe registra más de 400 agresiones contra comunicadores entre 2019 y 2023, muchas ocurridas en contextos de protesta social. La RELE destaca el caso del asesinato de la periodista Francisca Sandoval en 2022 y exhorta al Estado a fortalecer los mecanismos de prevención, protección y reparación integral. También se advierte la falta de estadísticas oficiales y políticas públicas específicas en la materia. Pluralismo y diversidad informativa: La relatoría identifica altos niveles de concentración mediática y dificultades de financiamiento para los medios independientes y comunitarios. Estas condiciones limitan la diversidad de voces y afectan el acceso equitativo a la información. El informe resalta la importancia de crear mecanismos de apoyo concretos a los medios locales y comunitarios, así como de garantizar la participación de grupos históricamente marginados en el espacio público. Libertad de expresión en entornos digitales: El documento advierte sobre los riesgos asociados a la desinformación, la brecha digital y las prácticas de moderación de contenidos en internet. La RELE insta a Chile a adecuar su marco normativo al entorno digital, protegiendo la libertad de expresión sin incurrir en restricciones indebidas. La Relatoría valora la tramitación del Proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de las Comunicaciones, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, y lo considera “un paso relevante hacia la consolidación de estándares interamericanos en materia de seguridad y libertad de prensa”. Asimismo, el informe aborda la dimensión de género en las agresiones a mujeres periodistas, alertando sobre el incremento del acoso y la violencia en línea, e insta a implementar medidas de protección diferenciadas con enfoque de género. El relator especial Pedro Vaca Villarreal destacó que “la consolidación democrática de Chile depende de garantizar el ejercicio libre, seguro y plural de la libertad de expresión en todos los espacios: en las calles, en los medios y en internet”. Fuente Origina

El cuestionado parlamentario de derecha está acusado de fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros. Finalmente, este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago revisó y aprobó la solicitud de desafuero en contra del diputado de derecha, Joaquín Lavín León (exUDI), investigado por diversos delitos por el Ministerio Público. El cuestionado parlamentario está acusado de fraude al Fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, entre otros. La investigación en su contra tiene tres aristas: la emisión de boletas ideológicamente falsas para gastos de campaña, dinero que se habría apropiado; la creación de un software con fondos públicos que quedó a nombre de un asesor; y un rol de «alcalde en las sombras» en Maipú mientras su esposa y actualmente imputada por diversos delitos, Cathy Barriga, estaba a cargo del municipio. La fiscal Constanza Encina especificó tras la audiencia que «son seis delitos en total (los que se atribuyen a Lavín): fraude al Fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, ilícitos tributarios y tráfico de influencias». «En este caso, se trata de un perjuicio fiscal cercano a los 112 millones de pesos, que puede ser -y será- ampliado en conformidad a la nueva querella del SII, que aumenta el monto de la malversación a raíz de la declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2024», agregó. Barriga también está imputada por diversos delitos, cumpliendo actualmente con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Mientras que las partes querellantes y la Fiscalía dijeron estar conformes con la decisión, la defensa de Lavín León anunció que apelará, por lo que el desafuero se resolverá en la Corte Suprema. Fuente Origina

El cuestionado, poco eficiente y “apernado” ministro de Energía, Diego Pardow, como es de esperar, ha minimizado el problema, calificándolo como un «cambio metodológico» dentro de un proceso rutinario. Un grave “error metodológico” en el cálculo de las tarifas eléctricas, detectado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), ha destapado una nueva muestra de la ineficiencia y falta de supervisión de las autoridades en un sector crítico para la ciudadanía. Este fallo, que resultó en una sobrevaloración de más de 100 millones de dólares en las boletas de luz de los clientes regulados durante 2024 y 2025, ha generado indignación y cuestionamientos sobre la gestión del Ministerio de Energía y la CNE. Este robo, pero que en Chile se le llama “error” cuando se trata de grandes empresas, consistente en una doble aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los ajustes de las «diferencias de facturación» entre distribuidoras y generadoras, provocó un cobro excesivo que impactó directamente a millones de hogares chilenos, con alzas de hasta un 7 por ciento en regiones del norte y centro del país. Este desatino, cuya raíz se remonta a resoluciones de 2021, evidencia una alarmante falta de rigurosidad en los procesos técnicos de un organismo que debería garantizar la protección de los consumidores. La CNE, en un intento tardío por enmendar su error, publicó este 14 de octubre un Informe Técnico Preliminar (Resolución Exenta N° 633), proponiendo un ajuste que reduciría las tarifas en un promedio del 2 por ciento a partir de enero de 2026, con compensaciones mayores en algunas zonas, lo que es un chiste. Sin embargo, la solución llega tarde para los usuarios que ya han soportado alzas desmedidas en sus cuentas de luz, en un contexto de descongelamiento tarifario que ya había tensionado los presupuestos familiares. La ausencia de una devolución retroactiva inmediata agrava la percepción de ineficiencia y desinterés por parte de las autoridades. El cuestionado, poco eficiente y “apernado” ministro de Energía, Diego Pardow, como es de esperar, ha minimizado el problema, calificándolo como un «cambio metodológico» dentro de un proceso rutinario, una explicación que no convence a la ciudadanía ni a la oposición, que exige su renuncia y evalúa acusaciones constitucionales por negligencia. Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones públicas para gestionar servicios esenciales, dejando en evidencia la falta de controles efectivos y la lentitud para corregir errores que afectan directamente a los chilenos. La ciudadanía merece respuestas claras y soluciones inmediatas. Este nuevo traspié refuerza la urgente necesidad de fortalecer la supervisión y profesionalización de las entidades responsables del sector energético, para evitar que la ineficiencia de las autoridades siga recayendo sobre los bolsillos de los consumidores. Fuente Origina

Cualquiera pensaría que semejante récord lo haría acreedor de un reality show automovilístico o, al menos, de una detención. Pero no. En Chile, la justicia tiene una curiosa elasticidad: cuando el conductor se apellida Chadwick, la elasticidad se convierte en yoga avanzado. En el Chile del mérito, donde las leyes supuestamente “son iguales para todos”, un ciudadano de apellido ilustre vuelve a recordarnos que no todos caminan por la misma vereda. Andrés Chadwick Costa —sí, el hijo del exministro del Interior y primo del expresidente Piñera— fue sorprendido circulando en Las Condes con los papeles del auto vencidos, sin licencia vigente y, como guinda de la torta, con un historial de 330 multas en 16 años. Cualquiera pensaría que semejante récord lo haría acreedor de un reality show automovilístico o, al menos, de una detención. Pero no. En Chile, la justicia tiene una curiosa elasticidad: cuando el conductor se apellida Chadwick, la elasticidad se convierte en yoga avanzado. El vehículo, con documentación vencida y una deuda de infracciones digna de una flota de taxis piratas, fue finalmente retirado. Sin embargo, el episodio se trató con la suavidad de quien pisa huevos. Ninguna patrulla, ningún parte escandaloso, ningún “a la comisaría”. Todo muy correcto, muy civilizado… muy VIP. Porque claro, en este país tan generoso, ser de la elite abre puertas y evita otras: las del calabozo, por ejemplo. Si el protagonista de esta historia hubiese sido un chileno común, uno de esos que apenas logra pagar el permiso de circulación, el desenlace habría sido muy distinto. Auto incautado, licencia suspendida, y una foto en los noticiarios con el clásico titular de “conductor irresponsable sorprendido en operativo policial”. Pero no. En Chile, los apellidos también circulan, aunque los papeles estén vencidos. Mientras tanto, Chadwick Costa sigue vinculado a la Municipalidad de Providencia, bajo la gestión del alcalde Bellolio. La ironía es inevitable: el hijo del exministro del Interior —el mismo que tantas veces habló de “orden y seguridad”— hoy encarna lo contrario.Y recuerde. Nuevamente, este ciudadano «de bien» y perteneciente a la elite, se irá para su casa o departamento ubicado en un barrio bonito de Santiago, libre de plovo y paja. De hecho, él lo sabe, por eso hacen lo que hacen. Y lo más triste es que todos lo sabemos y Chile sigue igual, por los siglos de los siglos. Chile, siempre tan comprensivo con los suyos… con los de ellos. Fuente Origina

Señalaron que “esta es una profesión muy hermosa, muy gratificante en muchos sentidos, pero en los últimos años se ha vuelto extremadamente compleja, con condiciones de trabajo muy deterioradas, agobio laboral, sobrecarga de trabajo, excesiva cantidad de tareas administrativas adicionales las que sobrepasan la jornada de trabajo”. Un análisis del Centro de Estudios Horizontal, arrojó que 22 mil 949 docentes menores de 40 años están fuera del sistema educativo. Dicha cifra equivale al 14 por ciento de la dotación actual de 169 mil 115 docentes de aula que existen en el sistema de educación básica y media científico-humanista; y que el 76 por ciento salió sin superar los cinco años de experiencia. El presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, recordó que como Gremio, desde hace tiempo han denunciado esta situación. “Hemos venido alertando del problema, porque se proyecta un déficit docente debido a la deserción. Lo vemos como evidencia que hoy la profesión docente es difícil, compleja e incluso en algunos casos y lugares, de alto riesgo”. El líder gremial docente explicó “esta es una profesión muy hermosa, muy gratificante en muchos sentidos, pero en los últimos años se ha vuelto extremadamente compleja, con condiciones de trabajo muy deterioradas, agobio laboral, sobrecarga de trabajo, excesiva cantidad de tareas administrativas adicionales las que sobrepasan la jornada de trabajo”. Otro punto es el ambiente en las comunidades educativas. Mario Aguilar Arévalo señaló que “las condiciones de convivencia están deterioradas, violencia y agresiones contra los docentes, una ley que duerme en el Congreso hace más de un año, que resulta inexplicable considerando la urgencia que requiere mejorar la convivencia en los colegios”. Por último, el dirigente sostuvo que “hay un conjunto de elementos que hoy hacen que la profesión docente no sea atrayente entre los jóvenes, quienes no postulan o desisten después de un breve tiempo ejerciendo la profesión, porque las condiciones de trabajo hoy día son extremadamente difíciles”. Fuente Origina

Jurisprudencia: La aplicación del principio en el ámbito del empleo público implicaría una alteración sustancial del sistema de carrera funcionaria diseñado por el legislador. El pasado 7 de octubre la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N° 28.295-2025 confirmó la sentencia apelada de 8 de julio de 20225 dictada por la Corte de Apelaciones de Talca que rechazó la acción de protección interpuesta en contra de la Municipalidad de Curicó. El recurso fue presentado por un periodista y funcionario a contrata de dicha municipalidad, quien impugnó el Oficio Ord. N° 18 de 27 de enero de 2025, mediante el cual se le comunicó el término de su nombramiento, vigente hasta el 28 de febrero de 2025, sin renovación. El recurrente alegó que la decisión era ilegal y arbitraria, invocando tres fundamentos principales : En primer lugar, denuncia la ilegalidad formal del acto impugnado, argumentando que la decisión debió materializarse mediante decreto alcaldicio conforme al artículo 12 de la Ley N° 18.695 y no mediante un simple oficio, vulnerando así el principio de legalidad administrativa. Además, sostiene que el acto carece completamente de motivación y fundamentación, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 3° y 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, así como el principio de transparencia consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política. En segundo lugar, invoca el principio de confianza legítima, exponiendo que mantiene un vínculo laboral continuo con la Municipalidad por 9 años y 11 meses, de los cuales 4 años y 10 meses se desempeñó a honorarios (marzo 2015 a diciembre 2020) y desde enero 2021 como funcionario a contrata, habiendo cumplido funciones en el programa «Seguridad para Todos», la Oficina de Seguridad Pública y la Dirección de Seguridad Pública. Argumenta que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, particularmente los dictámenes 16.512/2018 y E420188N23 del 24 de noviembre de 2023, reconoce que los períodos trabajados a honorarios deben computarse para configurar la confianza legítima cuando se trata de funciones continuas y permanentes por más de cinco años. Finalmente, denuncia discriminación arbitraria al constatar que otros funcionarios con menos antigüedad o en situaciones similares obtuvieron renovación de sus contratas para el año 2025, sin que exista justificación objetiva para el trato diferenciado. La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso, indicando que el artículo 12 del DFL N° 1, que fija el texto refundido de la Ley Orgánica de Municipalidades, no exige que toda manifestación de voluntad se realice por decreto alcaldicio. Además, sostuvo que la comunicación del término de una contrata constituye un acto meramente declarativo, que no requiere fundamentación específica, pues la relación expira automáticamente por mandato del artículo 10 del DFL N° 29, sobre Estatuto Administrativo. En cuanto a la denominada “confianza legítima” indicó que carece absolutamente de consagración normativa en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata, por tanto, de una construcción derivada de pronunciamientos administrativos de la Contraloría General de la República que, sin perjuicio de su eventual valor hermenéutico, no puede ser invocada en sede judicial como reglas decisorias litis para crear derechos subjetivos que el legislador no ha previsto expresamente. La aplicación del pretendido principio de confianza legítima en el ámbito del empleo público implicaría una alteración sustancial del sistema de carrera funcionaria diseñado por el legislador, el cual diferencia nítidamente entre la estabilidad propia de los empleados de planta y la temporalidad inherente a los funcionarios a contrata. Aceptar que las meras renovaciones sucesivas puedan generar derechos de permanencia equivaldría a desnaturalizar la institución jurídica de la contrata, transformándola de facto en un nombramiento de planta sin cumplir los requisitos legales correspondientes, lo que vulneraría gravemente los principios de mérito, transparencia e igualdad que informan el acceso a la función pública. Finalmente, las sucesivas renovaciones anuales de la contrata del recurrente constituyen actos de administración ordinaria que se agotan en sí mismos al término de cada período, sin proyectar efectos hacia el futuro ni generar obligaciones de renovación ulterior, toda vez que cada designación a contrata constituye un acto administrativo independiente y autónomo que no está condicionado por decisiones administrativas anteriores. En cuanto a la alegación de discriminación, se determinó que la decisión de no renovar la contrata del recurrente respondió a una crisis financiera municipal que obligó a racionalizar el gasto público mediante la reducción del personal. Se aplicó un criterio objetivo y general: renovar solo las contratas de quienes tuvieran al menos cinco años continuos de servicio, estándar que el recurrente no cumplía (solo tenía cuatro años y dos meses). Por ello, su situación era jurídicamente distinta a la de los funcionarios renovados. Además, los períodos trabajados a honorarios no pueden computarse, pues se rigen por un régimen jurídico diferente al de los funcionarios a contrata. Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre el cargo, el tribunal reiteró que los funcionarios públicos no tienen un derecho de propiedad sobre su empleo, sino un derecho estatutario condicionado a las causales legales de cesación. Apela dicha decisión fue confirmada por la Corte Suprema. Corte Suprema rol N° 28.295-2025 Corte de Apelaciones de Talca Fuente Origina