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«Más de 100 personas suscribieron la misiva, señalando que «la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos». A través de una carta titulada «Nuestra opción por Chile», un grupo de más de 100 adherentes, militantes y ex militantes de centro y de izquierda, entregan su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Esto, según señalaron, por «considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido». Asimismo, señalan que «reconocemos que Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas». Y agregan que «votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan». Por ello, aseguran que «Chile necesita un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas. La responsabilidad democrática nos exige pensar en el conjunto del país, más allá de los colores». A su juicio, «ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos». «Por todo ello, votamos por Evelyn Matthei. Nuestro voto es, ante todo, por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro. Un voto para que Chile retome la senda del progreso sostenido y el respeto institucional basado en amplios consensos. Un voto que expresa la voluntad del centro y de la izquierda no de levantar muros, sino de tender puentes», finalizan. La misiva es firmada por destacadas figuras de gobiernos de la Concertación. Éstos son Sebastián Edwards, Oscar Guillermo Garretón, Marco Colodro, Fernando Bustamante, Vivianne Blanlot, Andrés Jouannet, Ximena Rincón, Matías Walker, Mariana Aylwin, María Alicia Ruiz-Tagle, René Cortázar, Isidro Solís, Álvaro Briones,. Ricardo Escobar, Zarko Luksic, Ricardo Brodsky, Matías De la Fuente, Sergio Solís, José Luis del Río, Gonzalo Rojas-May O., José Pablo Arellano, Sol Serrano, Mario Waisbluth, Gonzalo Contreras F., Iris Boeninger, Juan Carlos Altamirano Celis, Patricio Silva Rojas, Jorge Rodríguez Grossi, Pedro García Aspillaga y Manuel Inostroza. A estos se suman Paz Suárez, Bernardita Soto, María José Bunster, Samuel Donoso Boassi, Clemente Pérez, Ernesto Tironi, Darío Calderón, Jaime Ravinet, Hardy Knittel, Sergio Muñoz Riveros, María Victoria Carvajal, Constanza Imperatore, Gabriel Peralta Martínez, Gerson Volenski, Jaime Abedrapo, Isabel Rodríguez, Alejandro Jara Puga, Gabriela Riutort, Rodrigo Valenzuela Cori, Cristián Mallol Comandari, Ramón Montes, Enrique Morales Mery, Odette Morales, Carlos Tudela Aroca, Patricio Corominas, Álvaro Clarke, Oscar Barra, Rodrigo Antilef Giacaman, Fernando Tala y Germán Guerrero. También suscribieron la misiva en apoyo a la exalcaldesa: Luis Felipe Cristi, Marcela Espinoza, Hernán Urrutia, Tonci Tomic, Freddy Antilef Leiva, Claudio Martínez, Hernán Garfias, Cristóbal Palisson, Francisca Vergara, Raúl Villagra, Waldo Chacón Carlos Bellei, Jorge Vives Dibarrat, Adolfo Alvial, Juan Pablo Miquel Izurieta, Gonzalo Cubillos Prieto, Andrés del Río, Rosa Benavides, Santiago Venegas, Gustavo Giglio, Felipe del Río, Jorge de la Carrera, Jorge Frei, Carlos Marholz Oróstegui, Marcos Farías, Enrique Méndez, Miguel Ángel Mendoza, Juan Carlos Latorre Díaz, Ricardo Israel, Jaime Castillo, Rodrigo Rivera A., René Funes M., Laura Lahsen, Tomás Aylwin, Ricardo González Middleton, Flavio Briones R., Juan José Santa Cruz, Luis Lizama, Eugenio Yunis, Rafael Asenjo, Fernando Gipoulou, Moisés Jáuregui y Mirtha Chacana.   Fuente: Emol.com Fuente Origina

La Asociación de funcionarios del SAMU Región de Los Ríos (AFUSAMU) declaró un estado de alerta acusando el incumplimiento de compromisos clave asumidos en 2024 y denunciando la existencia de prácticas antisindicales y persecutorias hacia su personal por parte de la Dirección del Servicio de Salud. Sebastián Salazar, presidente de AFUSAMU Los Ríos, confirmó a RioenLinea, que “El día de hoy, 23 de octubre, declaramos un estado de alerta frente al incumplimiento de los compromisos que se establecieron con la Dirección del Servicio de Salud Los Ríos. Existe una carta Gantt que detalla los acuerdos alcanzados tras la movilización del año 2024 y que a la fecha no presenta avances concretos ni cumplimiento de plazos”, detalló el dirigente gremial. Además, agregó que “a esto se suma la existencia de prácticas antisindicales que han afectado a dirigentes y trabajadores, lo cual resulta inaceptable y contrario a los principios del servicio público”. Desde el gremio califican esta situación, sumada a las prácticas antisindicales, como “inaceptable y contraria a los principios del servicio público”. Puntos críticos A través de un comunicado público, desde el gremio dieron a conocer los puntos críticos que no han avanzado y que comprometen la estabilidad del servicio prehospitalario. Entre ellos se encuentran, la exigencia del traspaso de los funcionarios a una dependencia directa del Servicio de Salud, ya que actualmente, el personal depende administrativamente de los hospitales, lo que afecta la gestión y genera inestabilidad laboral. Además, persisten en la demanda de ser reconocidos formalmente como una unidad crítica dentro de la red asistencial, valorando su rol esencial en la respuesta a emergencias vitales. De igual manera, solicitan la regularización de numerosos funcionarios suplentes, muchos de los cuales llevan más de cinco años en inestabilidad contractual, y exigen la asignación técnica para los conductores TENS. El gremio exige formalmente a la autoridad retomar el diálogo y garantizar una relación laboral basada en el respeto y la transparencia. Fuente:rioenlinea.cl Fuente Origina

El 22% del monto se utilizará para la prevención comunitaria y construcción de cortafuegos. En el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, se llevó a cabo la presentación del Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales en la Región del Biobío, instancia en la que la Corporación Chilena de la Madera – Corma, dio a conocer su estrategia de prevención para esta temporada, con una inversión de $123 mil millones y 5 mil brigadistas para combate. El evento contó con la participación de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca; la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; la gerenta Corma Biobío y Ñuble, Margarita Celis; el delegado Presidencial Regional, Eduardo Pacheco; el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman; representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden; junto a brigadistas, Bomberos, vecinos y comunidades locales vinculadas a la Red de Prevención Comunitaria. Margarita Celis, indicó que “como sector forestal estamos destinando $123 mil millones, de los cuales un 22% se enfocará en prevención comunitaria y manejo de combustible. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con avanzar hacia una cultura preventiva, en la que trabajemos de manera colaborativa con el Estado, los municipios y las comunidades”. Como parte de la estrategia, las empresas forestales dispondrán este año, más de 5 mil brigadistas que operarán las 24 horas. A ello se suman 64 aeronaves, junto a 245 cámaras y torres de detección de incendios, que se complementarán con 32 satélites que amplían la capacidad de monitoreo. Además, se incorporan centrales de control y equipos especializados, tanto manuales como mecanizados, como bulldozers y skidders, que reforzarán la capacidad de respuesta ante emergencias en el territorio comprendido entre Maule y Los Lagos. Durante la presentación, la gerenta regional de Corma, enfatizó que “si queremos un país sin tragedias, se requiere más que la cantidad de aeronaves, camiones y brigadistas, se necesita una visión común, con foco en la prevención y un trabajo colaborativo”. La representante gremial explicó que “la prevención es la base de todo nuestro trabajo y se organiza en cuatro líneas de acción: alertas y despliegue preventivo; prevención comunal y comunitaria; gestión del combustible y desechos; e investigación y persecución penal” añadió. Celis también valoró el fortalecimiento de la prevención comunal, “con la creación de la Asociación Preventiva de Incendios de Municipalidades de Penco, Tomé, Florida y Yumbel, y el trabajo de los Comités de Prevención Comunitaria, impulsados por la Red de Prevención Comunitaria de Corma y las Comunidades Preparadas de CONAF, que han logrado reducir hasta en un 70% los incendios donde operan”. Finalmente, acentuó la necesidad de contar con un marco normativo que consolide este esfuerzo. “Podemos seguir siendo un país que corre detrás del fuego o convertirnos en uno que se anticipa y protege antes de lamentar. Chile necesita con urgencia una Ley de Incendios que modernice la institucionalidad y establezca responsabilidades claras”.   Fuente Origina

Tras el impacto de su investigación sobre fraudes en licencias médicas, la contralora alista un informe sobre proyectos de obras públicas inconclusos. También ordenó investigar el uso irregular de viviendas fiscales. En un hecho inédito, también ordenó fiscalización en terreno en los puertos y aduanas a lo largo del país para determinar las debilidades en el control fronterizo. Bajo la lupa. A un año de ser ratificada en el cargo de contralora general, periodo donde ha marcado la agenda con sus indagatorias como la denuncia por mal uso de licencias médicas, Dorothy Pérez se encuentra trabajando en nuevos focos de fiscalización. Entre los diversos temas que Contraloría destapará próximamente se encuentran: Aduanas y puertos. Dorothy Pérez encomendó a los directivos y funcionarios de Contraloría del país desplegarse en terreno por los puestos fronterizos y fiscalizar el trabajo de aduanas y puertos. En los últimos días han visitado Arica e Iquique y también realizado actividades en Antofagasta. A fines de septiembre una delegación encabezada por la propia Dorothy Pérez realizó una inédita visita de inspección a las instalaciones fronterizas de Colchane para revisar las condiciones operativas y de infraestructura, así como los sistemas tecnológicos de control migratorio y de narcotráfico. Pérez ha puesto especial interés en los sistemas de scanner y body scanner por mal funcionamiento o ausencia de estos equipos. Contraloría de Valparaíso supervisará el Puerto de Quintero, el Paso Los Libertadores y el Puerto de San Antonio. En la Región Metropolitana se fiscalizarán las labores de aduanas en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. En total se encomendaron tareas en 10 regiones que podrían concluir en un informe consolidado para determinar qué debilidades institucionales y administrativas existen en el control fronterizo. Proyectos de Obras Públicas. Este año Dorothy Pérez estrenó un nuevo formato de fiscalización que se suma a los dictamenes y auditorias tradicionales. Se trata de los Informes Consolidados de Información Circularizada (CIC) donde solicita reportes a organismos públicos para hacer cruces de datos en breve tiempo, sobre temas que pueden ser pasados por alto por las instituciones. Fue así que surgió el CIC del 20 de mayo que detectó que 25 mil funcionarios salieron del país haciendo uso de licencia médica. Actualmente Contraloría se encuentra preparando un CIC sobre términos anticipados de proyectos de obras públicas, es decir obras pagadas que no fueron ejecutadas o quedaron inconclusas por término del contrato. La investigación determinará los casos, la fundamentación y los montos comprometidos en esta situación y si se cumplieron los términos de los contratos con entre privados y el Estado. Tarifas Eléctricas. Tras conocerse el error en el cálculo de las tarifas de electricidad -debido a que en a fórmula se contabilizaba dos veces el IPC- escándalo que le costó el cargo al exministro de Energía Diego Pardow, Contraloría informó que a través de su departamento de investigaciones especiales iniciará de inmediato una auditoría de procesos en la Comisión Nacional de Energía y demás instituciones intervinientes. Aunque no está en las atribuciones de Contraloría pronunciarse sobre las fórmulas tarifarias, el equipo fiscalizador buscará establecer si se cumplieron adecuadamente los procesos administrativos legales tanto en las labores de la CNE al elaborar el informe técnico de fijación de precios nudo como de otros organismos. Por ejemplo la actuación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Energía, que habría advertido en junio el error en el cálculo de las tarifas. Subsidios estatales. Dorothy Pérez ha señalado que uno de los focos de Contraloría para el año 2026 será supervisar que los subsidios y beneficios estatales estén llegando efectivamente a los estratos económicos más necesitados y no a quienes no cumplen los requisitos.   Esto a raíz de la apertura de un procedimiento disciplinario que ordenó Contraloría por el retraso de varios meses en la entrega de útiles escolares realizado por Junaeb. “Hay un tema que a nosotros nos interesa mucho y estamos trabajando en eso y probablemente va a ser el foco del próximo año. Queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables. Hay una cantidad muy importante de beneficios que se entregan a personas que tienen condiciones económicas de muy alto nivel. Beneficios que son para personas que están en situaciones desmedradas”, señaló Pérez a fines de septiembre en un seminario del CEP. Viviendas fiscales. Otra indagatoria que está realizando Contraloría y que podría generar impacto público es sobre el uso irregular de viviendas fiscales. Si bien está establecido que algunos funcionarios según sus tareas tengan derecho a una vivienda estatal, en las indagatorias que realiza el ente contralor de están destapando casos de personas que llevan habitando por hasta 30 años en una vivienda fiscal de forma irregular o no justificada. Existen bienes inmuebles del Estado que se entregan (arriendan o asignan) a funcionarios públicos por motivos laborales o por mantención y vigilancia del recinto, sin embargo bajo ciertos requisitos. Se han detectado casos en que funcionarios ocupan viviendas fiscales sin que sea necesario residir ahí, o pagando canon de arriendo muy bajo. Asimismo la entrega de viviendas fiscales a funcionarios de altos sueldos, sin que esté debidamente justificado. Colegios Subvencionados. Contraloría también deberá pronunciarse por la presentación que han realizado las agrupaciones de Colegios Subvencionados en contra del dictamen N°74 de la Superintendencia de Educación, de julio de este año, que prohíbe a los establecimientos no renovar la matrículas de los alumnos por deudas arancelarias. Varios colegios han reclamado que la resolución pone en riesgo su viabilidad financiera ya que la advertencia de no renovar matrícula es la herramienta que tienen para que los apoderados paguen las deudas. Fuente: www.ex-ante.cl/ Fuente Origina

Este fallo reaviva las críticas hacia un sistema judicial que, una vez más, parece incapaz de tocar a la elite, mientras los sectores más vulnerables enfrentan castigos severos. Hoy, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó un veredicto que cierra sin condenas el emblemático caso SQM, tras 10 años de investigación y tres años de juicio oral. Los ocho imputados, entre ellos el exsenador Pablo Longueira, el exgerente de SQM Patricio Contesse y el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, fueron absueltos de cargos de cohecho, soborno y delitos tributarios. Este fallo reaviva las críticas hacia un sistema judicial que, una vez más, parece incapaz de tocar a la elite, mientras los sectores más vulnerables enfrentan castigos severos. El caso SQM, surgido en 2015 como parte de un escándalo de financiamiento irregular de campañas políticas, reveló un esquema de facturas falsas que inyectó más de US$14,7 millones a políticos y partidos entre 2008 y 2014. A pesar de las pruebas iniciales y los acuerdos previos de SQM por multas millonarias, el tribunal argumentó que la demora excesiva de la Fiscalía y la sobrecarga de evidencia irrelevante impidieron un juicio justo, absolviendo a todos los involucrados. Esta decisión, tomada por mayoría de 2-1, ha sido calificada como una «derrota histórica» por el exfiscal Carlos Gajardo, quien denunció una «impunidad política» arraigada en el sistema. La ciudadanía observa con indignación cómo, en un país marcado por profundas desigualdades, la justicia vuelve a mostrar su rostro selectivo. Mientras figuras de poder como Longueira y Contesse salen «libres de polvo y paja», miles de personas de escasos recursos enfrentan cárceles abarrotadas por delitos menores o en condiciones de vulnerabilidad. Este fallo no solo pone en jaque la credibilidad de las instituciones judiciales, sino que refuerza la percepción de un doble estándar: la ley protege a los poderosos y castiga a los pobres. Organizaciones sociales y querellantes, como la Fundación Ciudadano Inteligente, han lamentado que la atomización de las causas haya diluido la posibilidad de justicia. La crítica se suma a una larga lista de casos donde la elite evade responsabilidades, mientras la población reclama un sistema judicial que realmente represente la equidad. Este veredicto deja por enésima vez un sabor amargo en Chile y reabre el debate sobre la necesidad urgente de reformas que garanticen imparcialidad y acceso a la justicia para todos, sin distinción de clase o poder. Fuente Origina

A través de su cuenta en la red social X, Boric expresó: «Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas». Gabriel Boric no tardó en felicitar al derechista Rodrigo Paz luego que se impusiera en la segunda vuelta de la elección de Bolivia, lo que lo convirtió en mandatario electo. El político del Partido Demócrata Cristiano y pro-norteamericano consiguió el 54,57 por ciento de los votos en el balotaje y superó al conservador Jorge Quiroga, que obtuvo el 45,43 por ciento. Por su parte, el derechista Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre, obtuvo el 45,5 por ciento de los votos, perdiendo su cuarta contienda en la que aspiraba a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Rodrigo Paz deberá ser juramentado para asumir la jefatura de Estado el próximo 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ubicada en La Paz (capital administrativa). A través de su cuenta en la red social X, Boric expresó: «Felicito al Presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, por su triunfo en las elecciones y a todo el pueblo boliviano por su participación democrática en las urnas». «Desde Chile, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la cooperación y el trabajo conjunto entre países hermanos por el beneficio de nuestros pueblos», añadió. Su triunfo abre las puertas de la Presidencia a la derecha política, que regresa al poder tras dos décadas del proceso de cambio liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS), con las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce Catacora (2020-2025). Ante este nuevo escenario, movimientos sociales e indígenas del país se preparan para iniciar una nueva etapa de resistencia en defensa de los logros sociales alcanzados y de la soberanía nacional. Esta fue la primera vez que se utiliza el mecanismo de balotaje, establecido en la Constitución de 2009 del Estado Plurinacional de Bolivia, luego que en la primera vuelta del pasado 17 de agosto ninguno de los candidatos obtuviera el porcentaje suficiente para ganar. Fuente Origina

La Sociedad Interamericana de Prensa expresa inquietud por proyectos de ley como la «Ley Mordaza 2.0» y la ley del lobby. Un informe subraya la preocupación por la posible criminalización del periodismo de investigación y las restricciones judiciales a la publicación de información sobre procesos judiciales. Además de las iniciativas legislativas, la SIP destaca un persistente clima de hostilidad hacia los comunicadores y la lentitud en el avance de una ley de protección para periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló este domingo, en el informe definitivo publicado tras su 81 Asamblea General, que las mayores preocupaciones del sector para garantizar la libertad de prensa y expresión en Chile son «la discusión en torno a una ‘Ley Mordaza 2.0’ y la lentitud en el avance de una ley de protección para periodistas y trabajadores de las comunicaciones. El informe recuerda la discusión pública que se abrió en junio sobre el proyecto llamado ‘Ley Mordaza 2.0’, que busca sancionar con cárcel las filtraciones de procesos penales y su posterior difusión en los medios, abre la puerta a «criminalizar al periodismo de investigación», en especial cuando se trata de la divulgación de asuntos de interés público en los que los periodistas no han participado de la filtración original. «La iniciativa generó una fuerte reacción de distintos sectores, al considerárselo como un grave retroceso en materia de transparencia», apuntó el texto. La SIP también destaca la tendencia de algunos tribunales a «imponer restricciones» a la publicación de información sobre procesos judiciales, especialmente en materia penal. «La principal inquietud se centra en la aplicación discrecional del principio de presunción de inocencia para limitar la cobertura de casos de corrupción y lavado de activos, argumentando la necesidad de no entorpecer las investigaciones del Ministerio Público», apunta el organismo. Otro proyecto que también podría «entorpecer» la labor periodística, según la SIP, es el de la ley del lobby, que sigue su trámite en el Congreso y propone unificar las categorías de “lobbista” y “gestor de intereses particulares” en la figura de “representante calificado de intereses”, lo que podría llevar a que cualquier declaración pública sea considerada como lobby. Clima de hostilidad y falta de protección La organización destaca, además, el bloqueo en el Congreso del proyecto de ley que busca brindar protección específica a los periodistas y trabajadores de las comunicaciones y un «persistente clima de hostilidad» hacia los comunicadores.» La SIP, con sede en Miami y compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión. Fuente:Cooperativa.cl     Fuente Origina

En un ataque directo, el fiscal venezolano destacó el carácter derechista de Boric, a quien calificó como «continuidad del pinochetismo». Saab afirmó que el presidente chileno, lejos de representar los valores progresistas que proclama, actúa como un heredero ideológico de la dictadura de Augusto Pinochet En una reciente entrevista con Canal 13, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, descartó categóricamente cualquier participación del gobierno venezolano en el secuestro y asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Santiago. En un tono contundente, Saab desmintió las acusaciones de Gabriel Boric, quien desde Roma señaló posibles vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con el crimen, y arremetió contra el mandatario chileno, tildándolo de «un presidente repudiado» y un «heredero de Pinochet». Saab, en defensa del gobierno venezolano, afirmó que «no solo niego la participación de Diosdado Cabello, sino de cualquier autoridad venezolana en este caso». Cuestionó la investigación de la fiscalía chilena, liderada por Héctor Barros, por considerar que carece de pruebas sólidas y está influenciada por motivaciones políticas. Además, acusó a Boric de utilizar el caso para desviar la atención de su impopularidad en Chile, donde, según Saab, «es odiado por la gente». En un ataque directo, el fiscal venezolano destacó el carácter derechista de Boric, a quien calificó como «continuidad del pinochetismo». Saab afirmó que el presidente chileno, lejos de representar los valores progresistas que proclama, actúa como un heredero ideológico de la dictadura de Augusto Pinochet, alineándose con intereses conservadores y neoliberales que perpetúan políticas opresivas en Chile. «Boric no tiene moral para hablar de Venezuela, es un presidente que responde a los mismos intereses de la derecha pinochetista», sentenció. Estas declaraciones han intensificado la crisis diplomática entre Venezuela y Chile, ya deteriorada por el caso Ojeda, donde la fiscalía chilena sostiene un «móvil político» sin que se hayan establecido condenas definitivas. Las palabras de Saab han generado reacciones encontradas, avivando el debate sobre la relación entre ambos países y el rol de Boric, cuya gestión ha sido cuestionada por sectores de la izquierda latinoamericana por su claro y evidente viraje hacia posiciones derechistas. Fuente Origina