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Rechaza reclamo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y avala decisión del CPLT. Confirma la orden de entregar el contenido de un correo electrónico institucional. Considera que la información solicitada es de carácter público. Rechaza el argumento de que los correos institucionales sean comunicaciones privadas. El Servicio carece de legitimación activa para invocar ciertas causales de reserva. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en contra de la resolución, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó la entrega del contenido de un correo electrónico institucional al descartar que la información solicitada por ley de transparencia esté sujeta a alguna causal de reserva o secreto. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural presentó un reclamo de ilegalidad contra la Decisión de Amparo, adoptada por el CPLT, que acogió totalmente un amparo presentado por un particular y ordenó entregar al solicitante el contenido de un correo electrónico institucional fechado el 27 de junio de 2024, relacionado con contrataciones a honorarios y gestiones ante la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Expone el Servicio que se solicitó información sobre autorizaciones de contrataciones a honorarios, lo que fue denegado fundado en la reserva de comunicaciones privadas, conforme al artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y los artículos 19 N°4 y N°5 de la Constitución, argumentando que la entrega vulneraría derechos fundamentales de los funcionarios. El CPLT, sin embargo, acogió el amparo en su totalidad, con un voto disidente que respaldaba los argumentos del Servicio. Frente a esto, la entidad recurrió alegando que la decisión es ilegal, dado que los correos electrónicos institucionales constituyen comunicaciones privadas protegidas constitucionalmente, tal como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional. Señala que se transmiten por canales cerrados y entre destinatarios acotados, generando una expectativa razonable de privacidad. Asimismo, el Servicio argumentó que la Ley de Transparencia carece de la especificidad y determinación exigida por la Constitución para limitar la inviolabilidad de las comunicaciones, citando jurisprudencia que establece que el acceso a comunicaciones privadas debe aplicarse bajo premisas estrictas, con mínima intervención y de forma concreta. Además, sostiene que los correos electrónicos están protegidos por el privilegio deliberativo, reconocido en decisiones previas del CPLT, que garantiza a las autoridades un espacio reservado para debatir y formarse opinión sobre asuntos de interés público. Agrega que la decisión del Consejo contradice su propia jurisprudencia, que reconoce a los correos electrónicos como extensión de la vida privada, protegidos por el artículo 19 N°5 de la Constitución. También menciona antecedentes de tribunales superiores de justicia que han acogido reclamos similares, y la historia legislativa que rechazó una indicación destinada a hacer públicos los correos de funcionarios, reforzando la interpretación constitucional de protección. Finalmente, sostiene que obligar a entregar la información vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones, implicando una invasión de la intimidad de los funcionarios. El CPLT solicitó el rechazo del reclamo de ilegalidad, desde que la decisión impugnada se ajusta plenamente a derecho y al espíritu constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, sin incurrir en ilegalidades como alegó el Servicio reclamante. Argumentó que, el contenido de un correo electrónico institucional enviado entre funcionarios del SERPAT, relativo a contrataciones a honorarios y gestiones con la DIPRES constituye información pública, conforme al artículo 8° inciso segundo de la Constitución y los artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos directamente relacionados con el ejercicio de funciones públicas. Añadió que los correos electrónicos institucionales elaborados con presupuesto público y destinados al cumplimiento de fines públicos son documentos públicos, según la definición del artículo 3° letra e) del Reglamento de la Ley de Transparencia. Por tanto, su entrega no vulnera los derechos a la vida privada ni la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que se trata de comunicaciones de carácter institucional y no personal. Asimismo, subrayó que el principio de divisibilidad permite equilibrar el acceso a la información con la protección de datos personales, ya que se ordenó tarjar cualquier antecedente de contexto personal o sensible antes de la entrega. El organismo también cuestionó la legitimación activa del Servicio para invocar la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, recordando que el artículo 28 inciso segundo de la misma norma limita dicha facultad. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han ratificado su interpretación del principio de publicidad, señalando que este no se limita a los actos administrativos formales, sino que se extiende a toda información elaborada con fondos públicos. Enfatizó que no basta con invocar de manera abstracta las causales de reserva, sino que es necesario demostrar una afectación real y efectiva de los bienes jurídicos protegidos, lo cual no ocurrió en este caso. Finalmente, advirtió que considerar los correos electrónicos institucionales como comunicaciones privadas por su forma y no por su contenido implicaría crear un “canal de opacidad” contrario al mandato constitucional de transparencia establecido en el artículo 8° de la Carta Fundamental. La Corte de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad. Luego de transcribir artículo 28 de la Ley N° 20.285, subraya que los órganos de la Administración del Estado no tienen derecho a reclamar ante la Corte cuando el CPLT haya ordenado la entrega de información que ellos previamente denegaron fundados en la causal del número 1 del artículo 21 de la misma ley. Por ello, no resulta jurídicamente procedente que dicha repartición pública la alegue en sede judicial.  Es el propio artículo 28 inciso segundo que establece expresamente que los órganos de la Administración del Estado no pueden recurrir en estos casos. En relación con la segunda causal de reserva invocada —contenida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia—, la reclamante argumentó que la divulgación del correo electrónico solicitado vulneraría la vida privada del emisor y, por tanto, infringiría los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución, que garantizan el derecho a la vida

Titular de Hacienda reiteró voluntad de llegar a acuerdos: “Vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la que prime en el debate”. En la instancia solo aprobó las partidas de Bienes Nacionales, Congreso Nacional, Servicio Electoral y Poder Judicial. Luego de dos jornadas de discusión y votación, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos finalizó su revisión del proyecto de Erario Fiscal para el próximo año. La instancia conformada por 13 diputados e igual número de senadores aprobó solo cuatro partidas presupuestarias y rechazó 29 presupuestos y el Articulado del proyecto de ley. Finalizada la discusión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que “hemos tenido un resultado que defrauda al país. El país lo que quiere es que lleguemos a acuerdos como como hemos hecho en distintas materias: pensiones, salario mínimo, 40 horas. Y en general esos acuerdos han sido con Chile Vamos, con Demócratas, con partidos relevantes de la oposición y que nosotros siempre hemos resaltado, porque creemos que la política justamente se trata de eso, de mejorar la calidad de vida de las personas». La autoridad agregó que “lamentablemente lo que tuvimos hoy día en la sala no fue eso. No fue una visión clara respecto a qué tenemos que cambiar, en qué podemos llegar a un acuerdo, sino una decisión política, probablemente con una motivación electoral, de rechazarlo todo. No es que se aprobaron algunos en los que estaban de acuerdo, rechazaron las cosas que no estaban en el acuerdo, sino que rechazaron simplemente todo». El ministro explicó que el Ejecutivo está llano a llegar acuerdos siempre que haya voluntad de presentar propuestas, y remarcó que durante todo el debate solo un parlamentario –el diputado Agustín Romero- presentó un planteamiento consistente en un recorte cercano a los US$2.000 millones. “Quiero ser muy claro en esto: hacer un gran recorte hoy día en el presupuesto significaría reducir el gasto social. Es una propuesta legítima, por supuesto, pero debe ser explicada al país. De dónde van a sacar todo lo que quieren recortar, para recortar la PGU, para recortar otros derechos sociales, para recortar el gasto en educación. Eso es justamente lo que nosotros no compartimos”. Asimismo, el secretario de Estado reiteró la voluntad de conversar e indicó: “Le he planteado a los líderes de la oposición, de los partidos más grandes de la oposición, que estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la que prime en el debate. Y en eso siempre van a tener del Gobierno y de este ministro toda la disposición a llegar a ese acuerdo, porque, insisto, tenemos ante todo un deber frente al país, un deber de responsabilidad social, de responsabilidad fiscal, y en eso nosotros vamos a trabajar como equipo». Detalle de las votaciones y próximos pasos En sus dos jornadas de trabajo, la Comisión aprobó solo cuatro partidas de un total de 33 contando el Tesoro Público: Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial, aunque rechazó el gasto en personal y bienes y servicios de consumo de este último. En contraste rechazó los recursos para la Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio del Interior; de Relaciones Exteriores; de Economía, Fomento y Turismo; de Hacienda; de Educación; de Justicia y Derechos Humanos; de Defensa Nacional; de Obras Públicas; de Agricultura; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Minería; de Vivienda y Urbanismo; de Transporte y Telecomunicaciones; Secretaría General de Gobierno; de Desarrollo Social y Familia; Secretaría General de la Presidencia; Ministerio Público; de Energía; de Medio Ambiente; de Deportes; de la Mujer y Equidad de Género; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Gobiernos Regionales; de Seguridad Pública y el Tesoro Público. Además, se rechazó eArticulado del proyecto de ley de Presupuestos 2026. La discusión se retomará el lunes 17 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta el miércoles de dicha semana. Posteriormente, se analizará y votará el proyecto de ley en la Sala del Senado, entre el viernes 21 y el martes 25 del mes en curso. Un eventual tercer trámite y comisión mixta se llevaría a cabo el 27 y 28 de noviembre. Cabe recordar que el plazo límite para despachar el Presupuesto 2026 el sábado 29 del mismo mes. Fuente Origina

En resolución unánime, el tribunal tras la deliberación de rigor, dio por acreditado que el día de los hechos, la condenada conducía sin licencia de conducir, en contra el tránsito, sin estar atenta a las condiciones del tráfico, ni respetar el derecho preferente de paso de las víctimas. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia dictó veredicto condenatorio en contra de Viviana Elizabeth Gutiérrez Gutiérrez, en calidad de autora de los delitos consumados de homicidio y lesiones graves. Ilícitos cometidos en el sector de isla Teja, en junio del año pasado. En resolución unánime (causa rol 192-2025), el tribunal –constituido por los magistrados Pamela Hernández Machuca (presidenta), Ronnie Matamala Troncoso y María Soledad Santana Cardemil (redactora)– tras la deliberación de rigor, dio por acreditado que el día de los hechos, Gutiérrez Gutiérrez conducía sin licencia de conducir, en contra el tránsito, sin estar atenta a las condiciones del tráfico, ni respetar el derecho preferente de paso de las víctimas. “Los delitos fueron cometidos con dolo eventual, puesto que la acusada antes mencionada ejecutó una conducta de conducción de vehículo motorizado generadora de alto riesgo, al conducir el día de los hechos, 19 de junio de 2024, la camioneta marca Chevrolet modelo Silverado año 2022, placa patente (…), sin haber obtenido licencia de conducir, requisito legalmente exigido para tal efecto, además de realizarlo sin ir atenta a las condiciones del tránsito, no respetando el derecho preferente de paso de los peatones,  y efectuando una maniobra de giro hacia la derecha con infracción también a la ley del tránsito, posicionándose en pista contraria de circulación, todas conductas infractoras de reglamento, específicamente de la ley del tránsito, que realizó consciente y voluntariamente, y que creó un conjunto de riesgos reales, ciertos, y significativos para la vida e integridad de las víctimas”, consigna el acta de deliberación. El tribunal arribó a la convicción, más allá de toda duda razonable, que pasadas las 14:30 horas del 19 de junio de 2024, “(…) la acusada VIVIANA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ no encontrándose habilitada legalmente, por no contar con licencia de conducir, condujo la camioneta marca Chevrolet,  en dirección a calle Los Boldos del sector isla Teja, Valdivia, y al llegar a la intersección con calle Los Maitenes, del mismo sector, se ubicó en la pista contraria de circulación, se detuvo para efectuar un viraje a la derecha, y sin estar atenta a las condiciones del tránsito, no respeta el derecho preferente de paso de los peatones, impactando y atropellando con el móvil a las víctimas GABRIEL ALEJANDRO CELEDÓN PATIÑO y MAGALY DEL CARMEN ÁLVAREZ CARVAJAL, que en esos precisos instantes cruzaban la calzada.  Producto de este hecho, el niño, de 07 años de edad, falleció en el lugar producto de un TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO SEVERO, mientras que su abuela resultó con lesiones graves”. La audiencia de comunicación de la sentencia –que será redactada por la magistrada Santana Cardemil– quedó programada para las 13:30 horas del viernes 7 de noviembre próximo. Fuente:rioenlinea.cl Fuente Origina

La Comisión Mixta de Presupuestos inicia este lunes la revisión del Presupuesto 2026, con votaciones previstas entre el 28 y el 30 de octubre, antes de su despacho final al Congreso. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos comenzará este lunes la revisión del Presupuesto 2026 y se pronunciará sobre las propuestas para cada una de las partidas los días 28, 29 y 30 de octubre. El funcionamiento de este órgano legislativo, compuesto por 13 senadoras y senadores, y 13 diputadas y diputados, es parte del proceso de tramitación de la Ley de Presupuestos, definido en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica del Congreso Nacional y en los Reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados. Esta ley define los gastos e inversiones que el país contempla para el año siguiente de su aprobación, respecto a las materias de los distintos ministerios, además de Presidencia, Congreso, Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público y Tesoro Público. La Comisión Especial Mixta elaborará un informe que se presentará a la Sala tanto de la Cámara como del Senado. En el caso de que existan discrepancias entre ambas cámaras, se constituirá una comisión mixta para superar las divergencias. De acuerdo a la Constitución el plazo para el despacho de la iniciativa vence 60 días después de su ingreso al Congreso. La ley entra en vigencia el 1 de enero de 2026. Durante el trabajo de las cinco subcomisiones mixtas de Presupuesto, se identificaron diversas problemáticas relevantes en el marco de la discusión de las distintas partidas, especialmente en materia de salud, seguridad, gobiernos regionales, municipios, vivienda y educación, entre otros. Asimismo, está pendiente la revisión de las proyecciones de gasto versus el déficit fiscal que se proyecta y las medidas para evitar el endeudamiento y el aumento del pago en intereses. Fuente Origina

El «turismo electoral» enfoca al Biobío y La Araucanía con Bárbara y Tomás Kast (Evópoli), hermanos del senador Felipe Kast y sobrinos del candidato presidencial José Antonio Kast, que postulan por distritos del sur pero votan en la Región Metropolitana, al igual que Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, quien es candidato a senador también por La Araucanía, generando críticas por falta de arraigo e incluso, cuestionamientos internos en la propia derecha. Se hace repetido el discurso para justificarse “Uno no elige donde nacer, pero sí donde servir». Una intensa polémica sacude el escenario político nacional, centrada en la práctica del denominado “turismo electoral”, donde candidatos postulan a cargos de representación en regiones distintas a sus domicilios y centros de vida. Si bien se trata de un fenómeno transversal que ha involucrado incluso a figuras de la exconcertación y el Frente Amplio, como José Miguel Insulza (Valparaíso) o Beatriz Sánchez (Maule), el sur de Chile, específicamente las regiones de La Araucanía y Biobío, se ha convertido en el epicentro de un intenso debate. Allí, candidaturas de derecha, en particular del pacto que une a republicanos, libertarios y socialcristianos, han desplegado una fuerte «artillería de afuerinos», generando críticas por la aparente falta de arraigo territorial, tal como lo documentan diversos reportajes de prensa y televisivos. La artillería Kast y el cuestionado aterrizaje en el sur En la Región del Biobío, la candidatura a diputada por el Distrito 21 de Bárbara Kast Sommerhoff (Evópoli) ha generado un vendaval de críticas, particularmente luego de sus explicaciones. La hermana del senador Felipe Kast y sobrina del candidato presidencial José Antonio Kast, mantiene su domicilio electoral en la Región Metropolitana, donde fue concejala por Paine. Según la Constitución, para postular a diputado se exige «residencia en la Región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no inferior a dos años». Frente a las acusaciones, la candidata justificó su postulación argumentando, que no compitió en su distrito original «porque no quería competir con un amigo» y porque la zona «se parece a la ruralidad donde ella vive». Sala de Prensa documentó el hecho: “La candidata, quien es hermana de Felipe Kast y sobrina de José Antonio Kast, explicó que se postuló por el Biobío para no competir con un amigo en su distrito original y porque la zona se parece a la ruralidad donde ella vive, mientras que Evópoli defendió su postulación, asegurando que cumple con todos los requisitos legales y que su inscripción fue aprobada por el Servel”. La defensa de su partido no se hizo esperar. Matías Ruiz, presidente de Evópoli en el Biobío, aseguró a Diario Concepción que “Bárbara es una excelente candidata… y el tema del turismo electoral me parecen un debate superfluo”. Ruiz fue enfático en afirmar: «Ella tiene residencia hace dos años acá en la Región». Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el reportaje de «24 Horas» de TVN, que la incluyó entre los 155 candidatos que no registran domicilio electoral en el distrito por el que postulan y, por ende, no pueden votar por sí mismos. Las críticas han sido transversales; Carlos Nova, presidente del Frente Amplio en Biobío, manifestó que “rechazamos el turismo electoral… creemos que los partidos tienen que hacer un esfuerzo por llevar candidaturas que sean del territorio” «Uno no elige dónde nace, pero sí elige dónde servir» Los hechos de candidaturas que no votarán por si mismo por tener otro domicilio electoral, fue parte de un reportaje de 24 HORAS de TVN, dando cuenta diversos casos, incluido el del hermano de Bárbara, Tomás Kast, candidato por la Araucanía, quien señaló al medio:  «Uno no elige dónde nace, pero sí elige dónde servir». “¿Qué pensaría si un candidato a diputado por su distrito, vive o vota en otro lugar? Ese es el caso de 155 postulantes, que no registran domicilio electoral en el distrito por el que postulan y por ende, no podrán votar por ellos mismos. Algunos incluso viven en otra región. La pregunta es, ¿cumplen con los requisitos o estamos frente a nuevos casos del denominado «turismo electoral”?”. La Araucanía: Carter y el eco de un discurso cuestionado La situación se replica con mayor intensidad en La Araucanía. Allí, la candidatura al Senado del exalcalde de La Florida, Rodolfo Carter, respaldado por el Partido Republicano al no tener cupo ni apoyo de Chile Vamos, ha sido señalada como otro emblemático caso de «turismo electoral«, quien incluso, previamente, testeo la posibilidad de ir como candidato por Valparaíso. Según ElPeriodico.CL, su postulación fue presentada como un “desafío” para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico, pero ha levantado suspicacias sobre su real vinculación con la zona. Esta práctica no es nueva en la región: el medio recuerda el caso del senador Felipe Kast, quien «proveniente de Santiago, se postuló como senador por La Araucanía en 2017». La candidatura de Carter fue cuestionada incluso desde el llamado “fuego amigo”. En agosto, el diputado José Miguel Becker (RN), también candidato a senador, afirmó en redes sociales que ««en La Araucanía tenemos personas con experiencia, que son de la región, no necesitamos candidatos a préstamo, eso dejémoselo al fútbol». Y añadió: «Reconozco a quienes han hecho una carrera política importante en diferentes lugares del país, pero también sabemos la necesidad de que las personas que representen a La Araucanía, tengan una historia y un vínculo con ella, más allá de una elección o candidatura. No se trata de atacar a quienes vengan a hacer ‘turismo electoral’, más bien es una responsabilidad para quienes nacimos y vivimos en la región, de demostrar que estamos preparados para un gran desafío». En la misma línea, el diputado Henry Leal (UDI), otro aspirante a la cámara alta, criticó sin nombrarlos a quienes postulan sin vínculos: «Para algunos, La Araucanía es solo una parada en su ruta política. Para mí, es mi hogar. Yo no estoy de paso». No obstante, como se destaca en el contexto general, ninguno de estos referentes de la derecha local cuestionó que en su propio pacto

Y voilà: Longueira sale impoluto, listo para celebrar la victoria de la astucia del correo gratuito. ¡Un aplauso al tribunal por tan impecable lógica! El 22 de octubre de 2025, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago nos regaló una perla jurídica al absolver a Pablo Longueira en el caso SQM. Una de las razones que entregó el tribunal para dejar a Longueira libre del cargo de cohecho fue que no usó su correo de senador para sus charlas con Patricio Contesse, exgerente de SQM, sino un correo Hotmail. Además, se dijo que no actuó como funcionario público, porque no se identificó como senador en esos mensajes. Para el tribunal, eso significa que no estaba «actuando como parlamentario», sino como un simple líder político. Y voilà: Longueira sale impoluto, listo para celebrar la victoria de la astucia del correo gratuito. ¡Un aplauso al tribunal por tan impecable lógica! El Tribunal para absolver el cohecho estima que Longueira no actuó como funcionario público porque no se identificó como senador y porque no usó el correo institucional sino el de Hotmail. No me cree? Léalo usted mismo.Aberrante👇🏽 pic.twitter.com/75aVJbb53e — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) October 23, 2025 Longueira fue absuelto en el caso SQMporque “no envió los mensajes desde su correo de parlamentario, sino desde un hotmail personal”. Es decir, ¿solo hay que armarse un correo personal para deslindar cualquier responsabilidad institucional? Hay dos justicias. — Jorge Baradit Morales (@baradit) October 23, 2025 Supe q la justicia chilena no te persigue si tienes HOTMAIL…Cierro todas las kagas de Gmail, pa no tener problemas con la fiscalía y el poder judicial 🤣🤣🤣Caso SQM longueira corruptos Gajardo pic.twitter.com/wwp3nA81OX — VICTRON orgulloso 38%🤘🏼 (@k_victron) October 23, 2025 Fuente Origina

El líder docente denunció que “incluso amenazan a los directores de los servicios locales de educación pública, que si no implementan los despidos masivos de profesores, los van a despedir a ellos. Eso es amenazante, eso es actuar como en dictadura”. Molestia ha generado en el Colegio de Profesoras y Profesores la disminución en el Presupuesto de la Nación, que se discute en el Congreso, para los Servicios Locales de Educación Pública, lo que se traduciría en el despido de cientos de docentes a nivel nacional. El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, señaló que “el presupuesto contempla una significativa disminución de los recursos disponibles para los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP. Esto nos parece gravísimo, porque precisamente lo que se necesita es exactamente lo contrario, se necesita más presupuesto para la educación pública, no menos”. El líder gremial docente acusó que “esta medida va con la orientación que está dando la Dirección de Presupuesto, la Dipres, que, de aquí a marzo, los SLEP deben ajustar la dotación, por lo tanto, en términos prácticos, sin eufemismos, eso significa despido de docentes”. Aguilar enfatizó que “no se necesita despedir más docentes en el sistema público, por el contrario, se necesita dar estabilidad para que la Educación Pública pueda seguir teniendo desarrollo, porque todo el mundo entiende que los profesores y profesoras, asistentes y funcionarios, son claves para el desarrollo de la educación en cualquier establecimiento. Estoy diciendo una obviedad, pero parece que hay gente que no entiende estas obviedades, solo son capaces de ver cifras y números”. El líder docente denunció que “nosotros nos oponemos terminantemente a estas directrices que está dando la Dirección de Presupuesto, donde incluso amenazan a los directores de los servicios locales de educación pública, de los SLEP, que, si no implementan los despidos masivos de profesores, los van a despedir a ellos. Eso es amenazante, eso es actuar como en dictadura”. El líder docente expresó que “no corresponde que un Gobierno que se dice cercano a los trabajadores, esté amenazando y exigiendo a los SLEP, pasando por sobre sus propias atribuciones, que tienen que despedir profesores, porque eso de ninguna manera es lo que se necesita. ¿Qué están haciendo? Disminuir la calidad de la educación, con cursos con 45 estudiantes, cursos fusionados, quieren cerrar escuelas. Ese no es el camino para mejorar la educación en Chile”. Por último, el dirigente instó al Congreso Nacional a rechazar el Presupuesto de la Nación. “Nosotros, como Colegio de Profesoras y Profesores, nos oponemos terminantemente y exigimos a los parlamentarios de todos los sectores políticos que de ninguna manera aprueben este presupuesto en esas condiciones”. Fuente Origina

«Más de 100 personas suscribieron la misiva, señalando que «la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos». A través de una carta titulada «Nuestra opción por Chile», un grupo de más de 100 adherentes, militantes y ex militantes de centro y de izquierda, entregan su apoyo a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei. Esto, según señalaron, por «considerarla la mejor opción para liderar un Chile que recupere la confianza en sí mismo, en su democracia y en un futuro compartido». Asimismo, señalan que «reconocemos que Matthei proviene de un sector distinto al nuestro, con trayectorias y posturas que hemos cuestionado. Sin embargo, creemos que el país enfrenta una encrucijada que exige responsabilidad, apertura y trascender las trincheras ideológicas». Y agregan que «votar por ella no significa renunciar a nuestros principios; no es un cheque en blanco. Seguiremos siendo críticos y comprometidos con nuestras causas, pero es tiempo de tender puentes y salir del dogma para apostar por un liderazgo capaz de generar los amplios acuerdos que las tareas urgentes de Chile demandan». Por ello, aseguran que «Chile necesita un gobierno que una, no que divida; que reconstruya confianzas y ofrezca una conducción sobria y con sentido de Estado. La izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos ni de lecturas ideologizadas. La responsabilidad democrática nos exige pensar en el conjunto del país, más allá de los colores». A su juicio, «ser de izquierda no es sinónimo de cerrarse al diálogo, sino de buscar, con los medios que las circunstancias exigen, un país más justo, seguro y digno. Hoy, ese camino pasa por la estabilidad del sistema democrático y un nuevo ciclo de acuerdos». «Por todo ello, votamos por Evelyn Matthei. Nuestro voto es, ante todo, por la moderación, el buen gobierno y el reencuentro. Un voto para que Chile retome la senda del progreso sostenido y el respeto institucional basado en amplios consensos. Un voto que expresa la voluntad del centro y de la izquierda no de levantar muros, sino de tender puentes», finalizan. La misiva es firmada por destacadas figuras de gobiernos de la Concertación. Éstos son Sebastián Edwards, Oscar Guillermo Garretón, Marco Colodro, Fernando Bustamante, Vivianne Blanlot, Andrés Jouannet, Ximena Rincón, Matías Walker, Mariana Aylwin, María Alicia Ruiz-Tagle, René Cortázar, Isidro Solís, Álvaro Briones,. Ricardo Escobar, Zarko Luksic, Ricardo Brodsky, Matías De la Fuente, Sergio Solís, José Luis del Río, Gonzalo Rojas-May O., José Pablo Arellano, Sol Serrano, Mario Waisbluth, Gonzalo Contreras F., Iris Boeninger, Juan Carlos Altamirano Celis, Patricio Silva Rojas, Jorge Rodríguez Grossi, Pedro García Aspillaga y Manuel Inostroza. A estos se suman Paz Suárez, Bernardita Soto, María José Bunster, Samuel Donoso Boassi, Clemente Pérez, Ernesto Tironi, Darío Calderón, Jaime Ravinet, Hardy Knittel, Sergio Muñoz Riveros, María Victoria Carvajal, Constanza Imperatore, Gabriel Peralta Martínez, Gerson Volenski, Jaime Abedrapo, Isabel Rodríguez, Alejandro Jara Puga, Gabriela Riutort, Rodrigo Valenzuela Cori, Cristián Mallol Comandari, Ramón Montes, Enrique Morales Mery, Odette Morales, Carlos Tudela Aroca, Patricio Corominas, Álvaro Clarke, Oscar Barra, Rodrigo Antilef Giacaman, Fernando Tala y Germán Guerrero. También suscribieron la misiva en apoyo a la exalcaldesa: Luis Felipe Cristi, Marcela Espinoza, Hernán Urrutia, Tonci Tomic, Freddy Antilef Leiva, Claudio Martínez, Hernán Garfias, Cristóbal Palisson, Francisca Vergara, Raúl Villagra, Waldo Chacón Carlos Bellei, Jorge Vives Dibarrat, Adolfo Alvial, Juan Pablo Miquel Izurieta, Gonzalo Cubillos Prieto, Andrés del Río, Rosa Benavides, Santiago Venegas, Gustavo Giglio, Felipe del Río, Jorge de la Carrera, Jorge Frei, Carlos Marholz Oróstegui, Marcos Farías, Enrique Méndez, Miguel Ángel Mendoza, Juan Carlos Latorre Díaz, Ricardo Israel, Jaime Castillo, Rodrigo Rivera A., René Funes M., Laura Lahsen, Tomás Aylwin, Ricardo González Middleton, Flavio Briones R., Juan José Santa Cruz, Luis Lizama, Eugenio Yunis, Rafael Asenjo, Fernando Gipoulou, Moisés Jáuregui y Mirtha Chacana.   Fuente: Emol.com Fuente Origina

La Asociación de funcionarios del SAMU Región de Los Ríos (AFUSAMU) declaró un estado de alerta acusando el incumplimiento de compromisos clave asumidos en 2024 y denunciando la existencia de prácticas antisindicales y persecutorias hacia su personal por parte de la Dirección del Servicio de Salud. Sebastián Salazar, presidente de AFUSAMU Los Ríos, confirmó a RioenLinea, que “El día de hoy, 23 de octubre, declaramos un estado de alerta frente al incumplimiento de los compromisos que se establecieron con la Dirección del Servicio de Salud Los Ríos. Existe una carta Gantt que detalla los acuerdos alcanzados tras la movilización del año 2024 y que a la fecha no presenta avances concretos ni cumplimiento de plazos”, detalló el dirigente gremial. Además, agregó que “a esto se suma la existencia de prácticas antisindicales que han afectado a dirigentes y trabajadores, lo cual resulta inaceptable y contrario a los principios del servicio público”. Desde el gremio califican esta situación, sumada a las prácticas antisindicales, como “inaceptable y contraria a los principios del servicio público”. Puntos críticos A través de un comunicado público, desde el gremio dieron a conocer los puntos críticos que no han avanzado y que comprometen la estabilidad del servicio prehospitalario. Entre ellos se encuentran, la exigencia del traspaso de los funcionarios a una dependencia directa del Servicio de Salud, ya que actualmente, el personal depende administrativamente de los hospitales, lo que afecta la gestión y genera inestabilidad laboral. Además, persisten en la demanda de ser reconocidos formalmente como una unidad crítica dentro de la red asistencial, valorando su rol esencial en la respuesta a emergencias vitales. De igual manera, solicitan la regularización de numerosos funcionarios suplentes, muchos de los cuales llevan más de cinco años en inestabilidad contractual, y exigen la asignación técnica para los conductores TENS. El gremio exige formalmente a la autoridad retomar el diálogo y garantizar una relación laboral basada en el respeto y la transparencia. Fuente:rioenlinea.cl Fuente Origina

El 22% del monto se utilizará para la prevención comunitaria y construcción de cortafuegos. En el Aeropuerto Carriel Sur de Concepción, se llevó a cabo la presentación del Plan de Acción 2025-2026 de Prevención, Mitigación y Control de Incendios Forestales en la Región del Biobío, instancia en la que la Corporación Chilena de la Madera – Corma, dio a conocer su estrategia de prevención para esta temporada, con una inversión de $123 mil millones y 5 mil brigadistas para combate. El evento contó con la participación de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca; la directora nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián; la gerenta Corma Biobío y Ñuble, Margarita Celis; el delegado Presidencial Regional, Eduardo Pacheco; el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman; representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden; junto a brigadistas, Bomberos, vecinos y comunidades locales vinculadas a la Red de Prevención Comunitaria. Margarita Celis, indicó que “como sector forestal estamos destinando $123 mil millones, de los cuales un 22% se enfocará en prevención comunitaria y manejo de combustible. Este esfuerzo refleja nuestro compromiso con avanzar hacia una cultura preventiva, en la que trabajemos de manera colaborativa con el Estado, los municipios y las comunidades”. Como parte de la estrategia, las empresas forestales dispondrán este año, más de 5 mil brigadistas que operarán las 24 horas. A ello se suman 64 aeronaves, junto a 245 cámaras y torres de detección de incendios, que se complementarán con 32 satélites que amplían la capacidad de monitoreo. Además, se incorporan centrales de control y equipos especializados, tanto manuales como mecanizados, como bulldozers y skidders, que reforzarán la capacidad de respuesta ante emergencias en el territorio comprendido entre Maule y Los Lagos. Durante la presentación, la gerenta regional de Corma, enfatizó que “si queremos un país sin tragedias, se requiere más que la cantidad de aeronaves, camiones y brigadistas, se necesita una visión común, con foco en la prevención y un trabajo colaborativo”. La representante gremial explicó que “la prevención es la base de todo nuestro trabajo y se organiza en cuatro líneas de acción: alertas y despliegue preventivo; prevención comunal y comunitaria; gestión del combustible y desechos; e investigación y persecución penal” añadió. Celis también valoró el fortalecimiento de la prevención comunal, “con la creación de la Asociación Preventiva de Incendios de Municipalidades de Penco, Tomé, Florida y Yumbel, y el trabajo de los Comités de Prevención Comunitaria, impulsados por la Red de Prevención Comunitaria de Corma y las Comunidades Preparadas de CONAF, que han logrado reducir hasta en un 70% los incendios donde operan”. Finalmente, acentuó la necesidad de contar con un marco normativo que consolide este esfuerzo. “Podemos seguir siendo un país que corre detrás del fuego o convertirnos en uno que se anticipa y protege antes de lamentar. Chile necesita con urgencia una Ley de Incendios que modernice la institucionalidad y establezca responsabilidades claras”.   Fuente Origina