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Este panorama no solo afecta las finanzas, sino también la salud mental, con niveles significativos de angustia reportados, especialmente entre mujeres y jóvenes. Un nuevo informe de Ipsos Chile, presentado hoy en su reporte N°45 de «Claves Ipsos», expone la delicada situación financiera que enfrentan los hogares chilenos. Según la encuesta, realizada a mil personas, el 45 por ciento de los hogares declara que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos hasta fin de mes, con un 31 por ciento de ellos agotando su presupuesto antes del día 20. Esta situación es aún más crítica en hogares con ingresos inferiores a 500 mil pesos, donde el 48 por ciento enfrenta esta dificultad al día 20 del mes. El estudio destaca que el 72 por ciento de los hogares chilenos tiene deudas, un problema que afecta de manera transversal a distintos niveles socioeconómicos, zonas geográficas y rangos de ingresos. Las mujeres (73 por ciento) y los jóvenes de 18 a 29 años (50 por ciento) son los grupos más impactados por el endeudamiento. Además, el 90 por ciento de los hogares ha intentado reducir gastos este año, pero muchos recurren a nuevas deudas para cubrir necesidades básicas, generando un ciclo financiero insostenible. Los incrementos en el costo de vida agravan la situación: el 70 por ciento de los encuestados identifica la luz, el 62 por ciento los gastos en supermercado y el 46 por ciento el agua como los ítems que más han aumentado. Este panorama no solo afecta las finanzas, sino también la salud mental, con niveles significativos de angustia reportados, especialmente entre mujeres y jóvenes. Alejandra Ojeda, directora de Estudios de Ipsos Chile, señaló que “las deudas se han convertido en una constante para los hogares chilenos, y las estrategias actuales, como generar más deuda para cubrir gastos, no son sostenibles. Es urgente promover soluciones que faciliten el ahorro y reduzcan la presión económica sobre los servicios básicos”. El informe subraya la necesidad de políticas públicas que aborden la inflación persistente y fomenten la estabilidad financiera de los hogares. Los resultados completos del estudio están disponibles en el sitio web de Ipsos Chile. Fuente Origina

La investigación pudo acreditar que Espinosa cometió delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, logrando desviar 146 millones de pesos. Su esposa, María Magdalena Neira, fue hallada culpable del delito de lavado de activos. Este martes, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela. La investigación pudo acreditar que el exlíder de la policía civil cometió delitos de malversación de fondos públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, logrando desviar 146 millones de pesos. En tanto, su esposa, María Magdalena Neira, fue hallada culpable del delito de lavado de activos. Posteriormente, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Espinosa, algo a lo que accedió el tribunal, quien determinó que fuera trasladado hasta el Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La lectura de la sentencia se realizará el próximo 1 de diciembre. Fuente Origina

“Queremos alertar a los apoderados que, si esta esta situación no se mejora, no envíen sus hijos al colegio el día lunes, porque no hay garantía que los colegios estén en condiciones con tan pocas horas para entregarlos higienizados, sanitizados, ordenados como corresponde y como los estudiantes merecen”, dijeron. El Ministerio de Educación, de acuerdo con el Servicio Electoral y el Ministerio del Interior por las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo 16 de noviembre, publicó un oficio que señala que los establecimientos escolares designados como locales de votación serán entregados a las fuerzas encargadas del orden público el viernes 14 de noviembre, a partir de las 17 horas y devueltos el domingo en la noche. Para el Colegio de Profesoras y Profesores la decisión de las autoridades denota su total desconocimiento del funcionamiento de los recintos educacionales, ya que la experiencia demuestra que ello no sucede, ya que muchos establecimientos -a lo largo del país- no quedan en las condiciones óptimas para realizar las clases. El presidente nacional del gremio docente, Mario Aguilar, recordó que “este problema ya ocurrió en la elección anterior, lo denunciamos, no funcionó adecuadamente y no creemos que vaya a funcionar ahora, porque es poco real que en tan poco tiempo se haga aseo, se efectúe la sanitación y el ordenamiento de las salas de clases para que estén en condiciones adecuadas para los estudiantes”. Aguilar agregó que “lo que ocurrió en la elección pasada es que en muchas escuelas y liceos de Chile los propios profesores, asistentes y estudiantes debieron realizar esas labores, lo que no corresponde. Los colegios deben estar en condiciones. Siempre fue así, que los días lunes se dejaba precisamente para esas tareas y las clases se retomaban el día martes”. Para el dirigente, la medida no es adecuada, “toda vez que no se garantiza que los colegios estén en condiciones y en especial, considerando que son lugares donde han circulado miles de personas, que han utilizado los baños por largas horas del día, que no estén sanitizados ni higienizados para recibir adecuadamente a los estudiantes”. El líder gremial docente advirtió que “queremos alertar a los apoderados que, si esta esta situación no se mejora, no envíen sus hijos al colegio el día lunes, porque no hay garantía que los colegios estén en condiciones con tan pocas horas para entregarlos higienizados, sanitizados, ordenados como corresponde y como los estudiantes merecen”. Fuente Origina

«Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (al PC) la figura que proceda en ese momento», aclaró la candidata que cada día va con un discurso más a la derecha. La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, afirmó en Radio Cooperativa que «es bien probable» que renuncie o suspenda su militancia en el Partido Comunista en caso de ser electa Presidenta de Chile. «Es bien probable, porque la verdad es que veo que, durante la campaña, se ha generado tanta controversia con aquello. Varios medios de comunicación insisten permanentemente en presentarme como la candidata del PC, lo cual no niego, pues milito ahí, pero hoy día represento a una coalición mucho más amplia», sostuvo en El Diario de Cooperativa. «Entonces, como no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como presidenta si así me eligen los chilenos y chilenas, creo que es mejor dar señales claras, porque mi intención es gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido», expresó Jara, quien cada día se acerca más y más a la derecha. «Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile si soy elegida presidenta. Lo más probable es que suspenda o renuncie (al PC) la figura que proceda en ese momento», aclaró. De todos modos, «no es un tema que tenga hoy día zanjado. Lo único que quiero señalar es que si yo soy presidenta de Chile, voy a presidir a los chilenos que piensan como yo y a los que no también. Entiendo que se requieren gestos políticos, porque observo una intencionalidad permanente de hacer ver que este sería un gobierno de un partido único», manifestó la exministra de Boric. Fuente Origina

Desde El Ciudadano sostienen que esta acción legal representa un intento de intimidación y un uso indebido del sistema penal para silenciar a la prensa independiente. ElPeriodico.cl solidariza con los colegas de ElCiudadano El medio de comunicación independiente El Ciudadano ha informado a la opinión pública sobre una querella interpuesta por el gobernador de la Región del Biobío, Sergio Giacaman, contra su director actual, Javier Pineda, y su exdirectora, Josefa Barraza. La acción legal, descrita como una querella por injurias graves con publicidad, ha generado preocupación respecto a la libertad de prensa y el derecho a la información en Chile. Javier Pineda, abogado y actual director de El Ciudadano, asumió el cargo tras la renuncia de Josefa Barraza en diciembre de 2024. Barraza, quien fue la primera mujer en ocupar la dirección del medio, dejó su puesto citando razones personales, pero continúa vinculada al medio a través del Comité Editorial. Su gestión se destacó por la creación del Equipo de Investigación y el podcast feminista ‘Las Monas’, contribuyendo significativamente al periodismo de calidad, crítico e independiente. La querella presentada por el gobernador Giacaman se basa en una publicación realizada por El Ciudadano en el año 2024, la cual, según el demandante, contiene información difamatoria. Sin embargo, el medio ha señalado que el enlace al cual remite la querella no está disponible, cuestionando la base de las acusaciones. Ponemos en conocimiento de la opinión pública la querella que fue interpuesta por el Gobernador de la Región del Biobío en contra de Él Director de El Ciudadano, Javier Pineda, y su ex Directora, Josefa Barraza. pic.twitter.com/g4XD5PetMC — El Ciudadano (@El_Ciudadano) November 3, 2025 Desde El Ciudadano sostienen que esta acción legal representa un intento de intimidación y un uso indebido del sistema penal para silenciar a la prensa independiente. En un comunicado, Javier Pineda expresó que «nuestra tarea es fortalecer a El Ciudadano para seguir fomentando el pensamiento crítico y seguir informando a la ciudadanía sobre aquellos temas silenciados por las élites de nuestro país. No nos callaremos ante las persecuciones penales y las amenazas constantes que recibimos desde la derecha». El Ciudadano ha realizado un llamado a Chile Vamos, coalición a la que pertenece el gobernador Giacaman, y a la candidata presidencial Evelyn Matthei, para que no persigan a la prensa independiente. El medio enfatiza la necesidad de terminar con el uso del derecho penal para sancionar el ejercicio de la libertad de expresión, invitando a organizaciones sociales, de Derechos Humanos y medios alternativos a unirse en defensa de la libertad de prensa, lo que hacemos desde ElPeriodico.cl de La Araucanía. Esta situación se enmarca en un contexto de tensiones entre el poder político y los medios de comunicación independientes en Chile, destacando la importancia de proteger el periodismo crítico y el derecho a informar sin temor a represalias legales. Fuente Origina

Los detractores, que obviamente son de derecha, criticaron que se pretenda humanizar a un animal como si fuera un pariente cercano e indicaron que los trabajadores ya cuentan con permisos que podrían utilizar para estos fines. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, en su primer trámite constitucional, el proyecto que permite disponer de un día de permiso laboral para trabajadores por la muerte de sus mascotas o animales de compañía. Esta propuesta normativa fue aprobada por 109 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones. El texto, remitido al Senado, establece en el Código del Trabajo un día de permiso laboral remunerado para un o una trabajadora con motivo del fallecimiento de sus mascotas o animales de compañía. No obstante, el texto plantea que el trabajador tendrá la obligación de devolver la jornada dentro de los 90 días siguientes al permiso. Además, el permiso será solo para quien figure como dueño del animal en el Registro Nacional de Mascotas. Así, para solicitar este permiso, la persona deberá dar aviso a su empleador, previa exhibición de la documentación que acredite el fallecimiento del animal y podrá utilizarlo dentro de los cinco días siguientes al hecho. Según indicaron desde la Cámara Baja, las y los legisladores que apoyaron la norma destacaron que el proyecto fija garantías y reglas claras, como exigir que el animal esté inscrito en el Registro de Mascotas (que incluye solo a perros y gatos). Asimismo, recalcaron que la propuesta legal no busca afectar la productividad, sino humanizar los entornos laborales. Los detractores, que obviamente son de derecha, criticaron que se pretenda humanizar a un animal como si fuera un pariente cercano e indicaron que los trabajadores ya cuentan con permisos que podrían utilizar para estos fines. En contra expusieron los diputados de Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen y Cristián Araya. Fuente Origina

Rechaza reclamo del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y avala decisión del CPLT. Confirma la orden de entregar el contenido de un correo electrónico institucional. Considera que la información solicitada es de carácter público. Rechaza el argumento de que los correos institucionales sean comunicaciones privadas. El Servicio carece de legitimación activa para invocar ciertas causales de reserva. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en contra de la resolución, adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó la entrega del contenido de un correo electrónico institucional al descartar que la información solicitada por ley de transparencia esté sujeta a alguna causal de reserva o secreto. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural presentó un reclamo de ilegalidad contra la Decisión de Amparo, adoptada por el CPLT, que acogió totalmente un amparo presentado por un particular y ordenó entregar al solicitante el contenido de un correo electrónico institucional fechado el 27 de junio de 2024, relacionado con contrataciones a honorarios y gestiones ante la Dirección de Presupuesto (DIPRES). Expone el Servicio que se solicitó información sobre autorizaciones de contrataciones a honorarios, lo que fue denegado fundado en la reserva de comunicaciones privadas, conforme al artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia y los artículos 19 N°4 y N°5 de la Constitución, argumentando que la entrega vulneraría derechos fundamentales de los funcionarios. El CPLT, sin embargo, acogió el amparo en su totalidad, con un voto disidente que respaldaba los argumentos del Servicio. Frente a esto, la entidad recurrió alegando que la decisión es ilegal, dado que los correos electrónicos institucionales constituyen comunicaciones privadas protegidas constitucionalmente, tal como lo ha reiterado el Tribunal Constitucional. Señala que se transmiten por canales cerrados y entre destinatarios acotados, generando una expectativa razonable de privacidad. Asimismo, el Servicio argumentó que la Ley de Transparencia carece de la especificidad y determinación exigida por la Constitución para limitar la inviolabilidad de las comunicaciones, citando jurisprudencia que establece que el acceso a comunicaciones privadas debe aplicarse bajo premisas estrictas, con mínima intervención y de forma concreta. Además, sostiene que los correos electrónicos están protegidos por el privilegio deliberativo, reconocido en decisiones previas del CPLT, que garantiza a las autoridades un espacio reservado para debatir y formarse opinión sobre asuntos de interés público. Agrega que la decisión del Consejo contradice su propia jurisprudencia, que reconoce a los correos electrónicos como extensión de la vida privada, protegidos por el artículo 19 N°5 de la Constitución. También menciona antecedentes de tribunales superiores de justicia que han acogido reclamos similares, y la historia legislativa que rechazó una indicación destinada a hacer públicos los correos de funcionarios, reforzando la interpretación constitucional de protección. Finalmente, sostiene que obligar a entregar la información vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones, implicando una invasión de la intimidad de los funcionarios. El CPLT solicitó el rechazo del reclamo de ilegalidad, desde que la decisión impugnada se ajusta plenamente a derecho y al espíritu constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, sin incurrir en ilegalidades como alegó el Servicio reclamante. Argumentó que, el contenido de un correo electrónico institucional enviado entre funcionarios del SERPAT, relativo a contrataciones a honorarios y gestiones con la DIPRES constituye información pública, conforme al artículo 8° inciso segundo de la Constitución y los artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentos directamente relacionados con el ejercicio de funciones públicas. Añadió que los correos electrónicos institucionales elaborados con presupuesto público y destinados al cumplimiento de fines públicos son documentos públicos, según la definición del artículo 3° letra e) del Reglamento de la Ley de Transparencia. Por tanto, su entrega no vulnera los derechos a la vida privada ni la inviolabilidad de las comunicaciones, ya que se trata de comunicaciones de carácter institucional y no personal. Asimismo, subrayó que el principio de divisibilidad permite equilibrar el acceso a la información con la protección de datos personales, ya que se ordenó tarjar cualquier antecedente de contexto personal o sensible antes de la entrega. El organismo también cuestionó la legitimación activa del Servicio para invocar la causal de reserva del artículo 21 N°1 letra b) de la Ley de Transparencia, recordando que el artículo 28 inciso segundo de la misma norma limita dicha facultad. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones que han ratificado su interpretación del principio de publicidad, señalando que este no se limita a los actos administrativos formales, sino que se extiende a toda información elaborada con fondos públicos. Enfatizó que no basta con invocar de manera abstracta las causales de reserva, sino que es necesario demostrar una afectación real y efectiva de los bienes jurídicos protegidos, lo cual no ocurrió en este caso. Finalmente, advirtió que considerar los correos electrónicos institucionales como comunicaciones privadas por su forma y no por su contenido implicaría crear un “canal de opacidad” contrario al mandato constitucional de transparencia establecido en el artículo 8° de la Carta Fundamental. La Corte de Santiago desestimó el reclamo de ilegalidad. Luego de transcribir artículo 28 de la Ley N° 20.285, subraya que los órganos de la Administración del Estado no tienen derecho a reclamar ante la Corte cuando el CPLT haya ordenado la entrega de información que ellos previamente denegaron fundados en la causal del número 1 del artículo 21 de la misma ley. Por ello, no resulta jurídicamente procedente que dicha repartición pública la alegue en sede judicial.  Es el propio artículo 28 inciso segundo que establece expresamente que los órganos de la Administración del Estado no pueden recurrir en estos casos. En relación con la segunda causal de reserva invocada —contenida en el N° 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia—, la reclamante argumentó que la divulgación del correo electrónico solicitado vulneraría la vida privada del emisor y, por tanto, infringiría los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Constitución, que garantizan el derecho a la vida

Titular de Hacienda reiteró voluntad de llegar a acuerdos: “Vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la que prime en el debate”. En la instancia solo aprobó las partidas de Bienes Nacionales, Congreso Nacional, Servicio Electoral y Poder Judicial. Luego de dos jornadas de discusión y votación, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos finalizó su revisión del proyecto de Erario Fiscal para el próximo año. La instancia conformada por 13 diputados e igual número de senadores aprobó solo cuatro partidas presupuestarias y rechazó 29 presupuestos y el Articulado del proyecto de ley. Finalizada la discusión, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, aseguró que “hemos tenido un resultado que defrauda al país. El país lo que quiere es que lleguemos a acuerdos como como hemos hecho en distintas materias: pensiones, salario mínimo, 40 horas. Y en general esos acuerdos han sido con Chile Vamos, con Demócratas, con partidos relevantes de la oposición y que nosotros siempre hemos resaltado, porque creemos que la política justamente se trata de eso, de mejorar la calidad de vida de las personas». La autoridad agregó que “lamentablemente lo que tuvimos hoy día en la sala no fue eso. No fue una visión clara respecto a qué tenemos que cambiar, en qué podemos llegar a un acuerdo, sino una decisión política, probablemente con una motivación electoral, de rechazarlo todo. No es que se aprobaron algunos en los que estaban de acuerdo, rechazaron las cosas que no estaban en el acuerdo, sino que rechazaron simplemente todo». El ministro explicó que el Ejecutivo está llano a llegar acuerdos siempre que haya voluntad de presentar propuestas, y remarcó que durante todo el debate solo un parlamentario –el diputado Agustín Romero- presentó un planteamiento consistente en un recorte cercano a los US$2.000 millones. “Quiero ser muy claro en esto: hacer un gran recorte hoy día en el presupuesto significaría reducir el gasto social. Es una propuesta legítima, por supuesto, pero debe ser explicada al país. De dónde van a sacar todo lo que quieren recortar, para recortar la PGU, para recortar otros derechos sociales, para recortar el gasto en educación. Eso es justamente lo que nosotros no compartimos”. Asimismo, el secretario de Estado reiteró la voluntad de conversar e indicó: “Le he planteado a los líderes de la oposición, de los partidos más grandes de la oposición, que estamos totalmente disponibles a llegar a un acuerdo. Y aunque puede ser aventurado lo que voy a decir, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en la medida que la visión mayoritaria de la oposición que nos ha permitido lograr grandes avances durante este Gobierno, por mérito de ellos y mérito de nosotros, sea la que prime en el debate. Y en eso siempre van a tener del Gobierno y de este ministro toda la disposición a llegar a ese acuerdo, porque, insisto, tenemos ante todo un deber frente al país, un deber de responsabilidad social, de responsabilidad fiscal, y en eso nosotros vamos a trabajar como equipo». Detalle de las votaciones y próximos pasos En sus dos jornadas de trabajo, la Comisión aprobó solo cuatro partidas de un total de 33 contando el Tesoro Público: Congreso Nacional, Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Electoral y Poder Judicial, aunque rechazó el gasto en personal y bienes y servicios de consumo de este último. En contraste rechazó los recursos para la Presidencia de la República; Contraloría General de la República; Ministerio del Interior; de Relaciones Exteriores; de Economía, Fomento y Turismo; de Hacienda; de Educación; de Justicia y Derechos Humanos; de Defensa Nacional; de Obras Públicas; de Agricultura; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Minería; de Vivienda y Urbanismo; de Transporte y Telecomunicaciones; Secretaría General de Gobierno; de Desarrollo Social y Familia; Secretaría General de la Presidencia; Ministerio Público; de Energía; de Medio Ambiente; de Deportes; de la Mujer y Equidad de Género; de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Gobiernos Regionales; de Seguridad Pública y el Tesoro Público. Además, se rechazó eArticulado del proyecto de ley de Presupuestos 2026. La discusión se retomará el lunes 17 de noviembre en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, hasta el miércoles de dicha semana. Posteriormente, se analizará y votará el proyecto de ley en la Sala del Senado, entre el viernes 21 y el martes 25 del mes en curso. Un eventual tercer trámite y comisión mixta se llevaría a cabo el 27 y 28 de noviembre. Cabe recordar que el plazo límite para despachar el Presupuesto 2026 el sábado 29 del mismo mes. Fuente Origina