El pasado 14 de enero, la administración de Isla de Maipo entró en un complejo escenario administrativo tras confirmarse que la administración de Radio Isla están siendo investigados por la Contraloría General de la República y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). La situación, que surge a raíz de denuncias sobre el uso de recursos municipales en una entidad que no cumple con el marco legal estatal, ha obligado al alcalde Juan Pablo Olave a salir a dar explicaciones desde una trinchera marcadamente política.
El fondo del conflicto
Según lo comunicado por el edil, las denuncias apuntan a que el municipio ha colaborado activamente con un dial cuya figura jurídica no permitiría la recepción de apoyo municipal.
Aunque el alcalde Olave sostiene que la radio es un «patrimonio isleño» que beneficia a la comunidad, en términos de administración pública, la ley es taxativa: la ley de radiodifusión comunitaria excluye a las municipalidades, y otras entidades estatale, de la explotación de la concesión.
Retórica política ante fallos administrativos
Frente a la inminente posibilidad de que la Subtel ordene bajar la señal, Olave ha optado por una defensa basada en la ideologización del conflicto. En sus recientes declaraciones, el alcalde ha evitado entrar en los detalles técnicos de los contratos o permisos, prefiriendo acusar a sus opositores de una «persecución cobarde» y de «mezquindad».
Sin embargo, desde el punto de vista de la probidad pública, la fiscalización de los recursos municipales es un deber de los concejales, las instituciones y de la ciudadanía, independientemente de su color político. Las irregularidades, una vez detectadas, deben ser sancionadas o corregidas, y el origen de la denuncia no exime a la autoridad de su responsabilidad de cumplir con la normativa vigente.
El riesgo de la informalidad
Olave reconoció que están “ad portas de tener que bajar la señal”, una consecuencia directa de no haber regularizado la situación legal del medio a tiempo.
Por ahora, el alcalde busca alternativas como la transmisión vía streaming o la búsqueda de una nueva señal bajo una figura jurídica distinta. No obstante, el flanco abierto en la Contraloría podría traer sanciones para la administración, recordándole a la jefatura comunal que, en el servicio público, la buena intención o la tradición de un proyecto no son salvoconductos para operar fuera de los márgenes de la ley.
