El Segundo Tribunal Ambiental escuchó los alegatos en reclamación de Consorcio Santa Marta, a través de la que busca anular la multa de más de $2 mil millones ordenada por la SMA al relleno sanitario, ubicado en Talagante.
El municipio de Isla de Maipo anunció el 18 de julio de 2025, a través de sus redes sociales, un primer acercamiento con el Consorcio Santa Marta para establecer alianzas técnicas en torno a los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la comuna. Según la publicación oficial, la reunión se llevó a cabo con el Departamento de Aguas (SECPLA) para explorar posibles asistencias técnicas, monitoreo de pozos, mantención de redes y capacitaciones para operadores de plantas de tratamiento.
La empresa, que acumula más de dos décadas en la gestión de residuos, busca proyectar una imagen de cooperación con el municipio. Sin embargo, su historial reciente sigue generando controversia. Solo en junio de este año, el Consorcio Santa Marta se presentó a una audiencia ante el Segundo Tribunal Ambiental para intentar anular una multa superior a los $2 mil millones, impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tras 11 cargos por incumplimientos ambientales que datan de 2016, cuando un derrumbe e incendio en el relleno sanitario afectó a la región metropolitana.
A estos antecedentes se suma el proceso de evaluación del proyecto “Declaración de Impacto Ambiental y Solución Definitiva del Afluente Tratado Consorcio Santa Marta”, expuesto a la comunidad el 23 de enero de 2025 en la Casa Aliste de Isla de Maipo. Este proyecto plantea la descarga de residuos tratados al Estero El Gato, curso de agua vital para la agricultura local, el consumo de animales y la biodiversidad del territorio, además de ser afluente del río Maipo.
La decisión del municipio de abrir espacios de colaboración con el consorcio ha generado inquietud en algunos sectores ciudadanos, que cuestionan si la alianza podría implicar una “normalización” de las prácticas de una empresa que aún enfrenta procesos sancionatorios. La Superintendencia del Medio Ambiente ya había iniciado en 2020 un segundo proceso contra Santa Marta, sumándose al expediente abierto tras el desastre de 2016.
Este escenario plantea la pregunta sobre el rol que deben asumir los gobiernos locales frente a empresas con antecedentes ambientales complejos, especialmente cuando están en juego recursos tan sensibles como el agua potable rural y la salud de los ecosistemas de la zona.
Sobre la audiencia del día 5 de junio 2025 en el tribunal ambiental
La tabla de configuraciones de multas impuestas al Consorcio Santa Marta detalla los 11 cargos formulados por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2016, tras el derrumbe e incendio en el relleno sanitario ubicado en Talagante. Estas infracciones suman una multa superior a los $2 mil millones y están asociadas a incumplimientos graves de las medidas ambientales comprometidas por la empresa.
Entre las faltas más relevantes se encuentran:
- Deficiencias en medidas de mitigación (como la no instalación de barreras para el material en suspensión), lo que significó multas como la del cargo A (32 UTA).
- Incumplimiento en planes de seguimiento de emisiones de gases contaminantes, que generó sanciones como la del cargo C (26 UTA).
- Reforestación incompleta o parcial en distintos sectores comprometidos en planes de manejo aprobados por CONAF (cargos D, E y F), con multas que suman más de 120 UTA en conjunto.
- Problemas estructurales y operativos, como el uso de celdas superiores a los 4 metros de altura (cargo H), con una de las sanciones más altas, de 598 UTA.
- Ingreso no autorizado de grandes volúmenes de residuos y lodos (cargos I y J), que representan las mayores multas, alcanzando 659 y 807 UTA respectivamente.
- Falta de monitoreos ambientales, como el no reporte de informes de seguimiento y la omisión de monitoreos de calidad del aire (cargos K y L), con multas de 186 y 378 UTA.
En conjunto, esta tabla muestra cómo la empresa incumplió una serie de compromisos medioambientales esenciales, desde la protección de la calidad del aire hasta la gestión adecuada de los residuos y la restauración del entorno. Estos antecedentes son parte de la disputa judicial que actualmente sostiene el consorcio ante el Segundo Tribunal Ambiental, en un intento por anular las sanciones.
Fuentes
Ficha del Proyecto: Solución Definitiva del Efluente Tratado
(18 diciembre 2020) SMA inició nuevo proceso sancionatorio contra Consorcio Santa Marta S.A.
Al momento de publicar esta nota, la municipalidad eliminó de las redes la publicación original.
