Municipio de Isla de Maipo abre diálogo con Consorcio Santa Marta en medio de cuestionamientos ambientales

El municipio de Isla de Maipo anunció el 18 de julio de 2025, a través de sus redes sociales, un primer acercamiento con el Consorcio Santa Marta para establecer alianzas técnicas en torno a los sistemas de Agua Potable Rural (APR) de la comuna. Según la publicación oficial, la reunión se llevó a cabo con el Departamento de Aguas (SECPLA) para explorar posibles asistencias técnicas, monitoreo de pozos, mantención de redes y capacitaciones para operadores de plantas de tratamiento.

La empresa, que acumula más de dos décadas en la gestión de residuos, busca proyectar una imagen de cooperación con el municipio. Sin embargo, su historial reciente sigue generando controversia. Solo en junio de este año, el Consorcio Santa Marta se presentó ante el Segundo Tribunal Ambiental para intentar anular una multa superior a los $2 mil millones, impuesta por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tras 11 cargos por incumplimientos ambientales que datan de 2016, cuando un derrumbe e incendio en el relleno sanitario afectó a la región metropolitana.

A estos antecedentes se suma el proceso de evaluación del proyecto “Declaración de Impacto Ambiental y Solución Definitiva del Afluente Tratado Consorcio Santa Marta”, expuesto a la comunidad el 23 de enero de 2025 en la Casa Aliste de Isla de Maipo. Este proyecto plantea la descarga de residuos tratados al Estero El Gato, curso de agua vital para la agricultura local, el consumo de animales y la biodiversidad del territorio, además de ser afluente del río Maipo.

La decisión del municipio de abrir espacios de colaboración con el consorcio ha generado inquietud en algunos sectores ciudadanos, que cuestionan si la alianza podría implicar una “normalización” de las prácticas de una empresa que aún enfrenta procesos sancionatorios. La Superintendencia del Medio Ambiente ya había iniciado en 2020 un segundo proceso contra Santa Marta, sumándose al expediente abierto tras el desastre de 2016.

Este escenario plantea la pregunta sobre el rol que deben asumir los gobiernos locales frente a empresas con antecedentes ambientales complejos, especialmente cuando están en juego recursos tan sensibles como el agua potable rural y la salud de los ecosistemas de la zona.